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Fuerte rechazo al proyecto del macrismo para que empresas privadas financien campañas políticas

24 de julio de 2018

Desde la oposición advierten que la habilitación a las empresas a financiar partidos políticos generará compromisos en los candidatos que resulten electos. Crece el escándalo por los aportantes "truchos" de Cambiemos.

El gobierno de Mauricio Macri busca por estas horas una salida al escándalo que se generó al conocerse que Cambiemos utilizó centenares de aportantes "truchos", la mayoría de ellos beneficiarios de planes sociales a los que también afilió compulsivamente al PRO, para financiar su campaña política en provincia de Buenos Aires para las elecciones Legislativas celebradas el año pasado.

Sin embargo el remedio que el mandatario encontró al escándalo, avanzar con una reforma a la Ley de Financiamiento de la política, se reveló peor que la enfermedad. Desde distintos sectores de la oposición ya salieron al cruce del proyecto de ley presentado en la madrugada del viernes pasado con la esperanza de que pasara lo más desapercibida posible.

Desde distintos sectores de la oposición advierten que el financiamiento de las campañas por parte de empresas generará compromisos en los candidatos

Uno de los puntos más conflictivos es el que habilita a las empresas privadas a financiar a los partidos políticos. Financiamiento que, aseguran los detractores de la iniciativa de Cambiemos, podría conllevar posibles "tácitas obligaciones" posteriores a los candidatos que recibieron fondos de esas compañías y luego resultaron electos para distintos cargos en la función pública.

"El proyecto es muy malo, para resolver el problema que tiene Cambiemos en la Justicia, que es gravísimo. Es lavado de dinero, tema en el que son expertos. Son unos inmorales y lo que tienen que hacer es demostrar cómo financiaron la campaña" aseguró la diputada Graciela Camaño.

Y siguió: "Las empresas privadas no deben aportar porque eso genera compromisos, en el texto ni siquiera hay límites para las que dependen del Estado".

Graciela Camaño sobre los aportantes truchos a la campaña de Cambiemos: "Es lavado de dinero, tema en el que son expertos"

El escándalo en suelo bonaerense que reveló eldestapeweb.com crece día a día. Cambiemos utilizó los nombres de cientos de beneficiarios de planes sociales (500 beneficiarios de la AUH y 350 monotributistas sociales) y hasta de muchos de sus referentes políticos para financiar la campaña a sus espaldas. Hicieron aportes en efectivo a sus nombres, a muchos de ellos los afiliaron compulsivamente al PRO, y no pueden justificar de dónde provino ese dinero. Desde la oposición denunciaron que se trata de lavado de dinero y que esos fondos pueden provenir del narcotráfico.

Por el financiamiento espurio en Cambiemos ya se iniciaron tres causas penales por presunta falsedad ideológica y lavado de dinero: una investigación del fiscal electoral Jorge Di Lello, otra a partir de una denuncia de la diputada Teresa García en el juzgado N° 3 de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak y una tercera impulsada por Gustavo Vera en el juzgado de Sebastián Casanello.

El proyecto de ley reduce a la mitad el tiempo que canales y radios están obligados a ceder gratuitamente a los partidos políticos para las campañas

Al problema de los aportes de empresas privadas el massismo propuso que esos fondos vayan a un fondo común y que luego el dinero se reparta entre todos los partidos.

Claves del polémico proyecto que impulsa el macrismo:

* Se elimina la posibilidad de hacer donaciones en efectivo. Los aportes sólo podrán realizarse mediante transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito.

* El proyecto habilita el aporte de personas jurídicas (empresas), estableciendo un tope del 2 por ciento sobre el total de los gastos permitidos para un partido.

* Se reduce a la mitad (del 10% al 5%) el tiempo que canales de televisión y emisoras radiales están obligadas a ceder gratuitamente a los partidos políticos para las campañas.

* Se extiende el plazo de prohibición actualmente vigente para la realización de actos de gobierno que puedan promover la captación del voto, de 15 a 30 días.

* Se propone que aquellas empresas que provean publicidad en vía pública se inscriban en un registro específico que administrará y controlará la Cámara Nacional Electoral.

* Se establece la obligatoriedad para que organismos públicos (como UIF, PROCELAC, AFIP, ANSES, IGJ, Of. Anticorrupción, entre otros) compartan la información con la Justicia Electoral, a los fines de combatir los aportes de dinero proveniente de actividades ilícitas, o simplemente para controlar mejor los aportes y gastos.

* Las agrupaciones políticas que se presentan a elecciones deben designar dos responsables económico financieros. El proyecto incorpora la obligación de que uno sea un contador público matriculado, mientras que el otro debe ser autoridad partidaria.

* Se promueven sanciones para el clientelismo político y el uso de recursos públicos con fines partidarios

* Los aportes extraordinarios previstos por la ley de financiamiento para cubrir gastos no electorales sólo serán accesibles para los partidos que no estén cumpliendo sanciones vinculadas al régimen de financiamiento.

* Se habilita la posibilidad de adhesión de las provincias al régimen de financiamiento nacional

* Se aumenta la composición del cuerpo de auditores contadores de la Cámara Electoral, creando 17 cargos nuevos, con el fin de mejorar sustantivamente el control del financiamiento.

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