El apriete judicial y los riesgos de la recesión permanente

Por: Fernando Alonso
08 de agosto de 2018

Las fábricas están trabajando a un promedio de 61% de su capacidad de producción. Hace dos años que se mueve en ese margen. En lo mejor de 2017, cuando en plena campaña electoral la administración de Mauricio Macri fomentó el consumo interno con incrementos de jubilaciones y asignaciones y fundamentalmente con créditos Argenta, llegaron a utilizar poco más de 69%. Fue cuando el Gobierno festejaba la caída de la pobreza a 25,7 por ciento. Existe una directa relación entre ingresos de las familias, consumo interno, nivel de actividad económica, caída de la pobreza. Todo el círculo virtuoso que mantuvo funcionando a Argentina desde inicios del siglo.

Pero "pasaron cosas" y en poco más de tres meses de arrancado el año el país desbarrancó. Corrida cambiaria, megadevaluación del peso, disparada inflacionaria, crisis de empleo, caída de consumo y la búsqueda de un acuerdo urgente con el Fondo Monetario Internacional, el prestamista de última instancia que cobra caro su asistencia.

Con la corrida contra el peso que no encuentra final pese a una tasa que roza el 50% anual, el Gobierno encontró en las fotocopias de un cuaderno que se atribuye un chofer que prestó servicios para un subsecretario de la gestión anterior la posibilidad de recuperar aire político, con tanto entusiasmo que diversas fuentes de la Casa Rosada dejaron conocer que este fin de semana volverán los "timbreos", la salida de los principales dirigentes a la calle para mostrarse con los vecinos.

Pero el costo del aire político se está pagando muy alto en términos económicos. Este miércoles mientras el Senado definía la suerte del proyecto de ley de aborto legal, seguro y gratuito, el riesgo país -un índice que mide la cotización de los bonos soberanos y que se mueve en forma inversa- se disparó hasta 619 puntos. Los inversores, especialmente los fondos internacionales que administran carteras por todo el mundo, decidieron desprenderse de los bonos emitidos por Argentina. El motivo, sospecha de que la actividad económica no logrará recuperarse en el corto plazo y la suerte política no acompaña a la gestión de Macri.

El "lava jato", la investigación de casos de corrupción en Brasil, empezó en forma parecida a la historia de los "cuadernos de Centeno". Un juez, en el caso brasileño Sergio Moro, en el argentino la dupla del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, mete preso a empresarios bajo la sospecha de que pagaron coimas a funcionarios. Los dejan en prisión sin los beneficios legales de la libertad mientras se tramita la causa que solo se otorga a los que se "arrepienten" y reconocen delitos y acusan a sus superiores. Varios empresarios brasileños terminaron en prisión mientras la economía del país iniciaba un proceso de recesión del cual no logra recuperarse y las empresas del país perdían valor y pasaban devaluadas a manos extranjeras.

El juez Moro fue más allá en la investigación y creó una causa contra el ex presidente Lula da Silva a quien llevó a prisión por su "íntima convicción" de que iba a recibir un departamento como pago por beneficios. Nunca se logró demostrar ni hechos de corrupción ni vínculos con mafias ni a Lula ni a su sucesora, la derrocada Dilma Rouseff. Aún así, uno está preso y la otra fue víctima de un golpe institucional.

Hay una diferencia con el caso argentino. No fue necesario un golpe. Macri llegó por el voto y logró revalidar en elecciones de medio término.

Pero también hay una similitud, la judicialización de la política generó en Brasil una recesión de tres años. En Argentina la recesión arrancó por impericias propias del gobierno, pero el desfile de empresarios por los tribunales y la creencia de que solo salen en libertad los que tengan relación directa, familiar o de negocios, con el Presidente, amenaza con postergar en el tiempo cualquier indicio de recuperación.

Eso es lo que se ve cada vez con mayor certeza desde el exterior. Y eso es lo que reflejo el pico de riesgo país que se alcanzó este miércoles.