¿Qué fue y cómo funcionó la Junta Nacional de Granos?

Política

A partir de la retención de las cosechas en silobolsas y la escasez de divisas del agro, suena con fuerza la recreación de este organismo contralor de la comercialización.

A pocas horas de que el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, reciba a los productores cerealeros para discutir sobre la liquidación de divisas de las cosechas retenidas, cobró fuerza la idea de restablecer una Junta Nacional de Granos, que regule la comercialización de cosechas y otorgue al Estado mayor incidencia sobre la exportación–y las divisas correspondientes. 

Si bien Capitanich reconoció este lunes que buscan medidas para regular ese mercado, advirtió que el Estado no tiene los recursos de infraestructura (puertos, silos, barcos) que poseía dicha Junta.

Dicho organismo, que funcionó en el país desde 1933 hasta 1991 –bajo diferentes nombres y formas de funcionamiento-, fue disuelto a partir de la política de desregulación de mercados de la etapa neoliberal, comandada por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo.

La Junta había cobrado gran relevancia durante el primer mandato de Juan Domingo Perón, cuando cambió su nombre por el de Instituto Argentino de Promoción del Intercambio y fue uno de los períodos en que cumplió su mentado rol de sostenedor de los precios para el productor ante la baja del valor internacional. Siempre fue un organismo que brindó divisas al Estado para invertirlos en otras áreas

Durante otras etapas, los altos valores del mercado internacional hicieron innecesario esa mediación y la Junta fue solo un administrador -garante- de los negocios privados y las divisas resultantes de la exportación.

La medida, que sonara con fuerza durante la disputa por la Resolución 125 a mediados de 2009, podría ser la llave de entrada del Estado sobre la comercialización que hoy está concentrada en un puñado de empresas que pueden beneficiarse con la especulación del valor de los commodities así como de la moneda.

Varios sectores de pequeños y medianos productores, muchos de ellos vinculados a la Federación Agraria,  mostraron su conformidad –desde hace años- para la creación de un organismo de tales características que fije precios mínimos, garantice el pago a los productores que quedan a merced de los grandes exportadores concentrados y, además, disponga de la producción para que sea "liquidada" en tiempo y forma que la entidad disponga.

Otros sectores se oponen a la medida esgrimiendo que es un "retorno al pasado" y que expresan "un estatismo" que no ha beneficiado al sector y con ideas fallidas. Es la opinión de la Sociedad Rural Argentina, por ejemplo. También aseguran que la Junta no tendría razón de ser porque los valores que se pagan en el mercado son lo suficientemente altos.

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