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Nueva polémica en la licitación del sistema público de bicicletas de la Ciudad

Por: Brian Majlin
29 de junio de 2014

La empresa que ganó el concurso para extender la red del servicio está vinculada a dos ex funcionarios del área de Transporte del gobierno de Mauricio Macri que dejaron sus cargos en medio de denuncias por beneficiar a sus propias compañías desde la Ciudad.

Especialistas y legisladores de la oposición confirmaron a minutouno.com la presencia de una empresa con curiosos antecedentes: además de no contar con la experiencia que exigen los pliegos, uno de los dueños de la firma ganadora es socio en otras empresas de dos ex funcionarios de la subsecretaría de Transporte de la Ciudad que debieron alejarse de la función pública en medio de denuncias por irregularidades.

La Licitación Pública Nacional e Internacional 2671, que se convocara en octubre de 2013 y tenía fecha de apertura en noviembre pasado, contempla la adquisición –provisión por parte de un privado- de un sistema de gestión (software) de estaciones automáticas, además de la instalación de 200 estaciones y la incorporación de más de 1500 bicicletas, entre otros elementos.

La ganadora del proceso licitatoria es una asociación entre dos empresas –Unión Transitoria de Empresas (UTE)- compuesta por Serttel (la empresa brasileña licenciataria que ostenta el servicio de bicicletas en las principales ciudades de Brasil y estuvo detrás del intento de privatización del sistema porteño hace un año) y Movilidad Inteligente, una empresa argentina creada hace poco más de un año y medio (octubre de 2012) para trabajar en el rubro "asistencia técnica en movilidad, tránsito y planificación urbana" y cuyos antecedentes en la actividad son nulos. Recibirán, a priori y sin contemplar la redeterminación eventual de precios si lograran demostrar una variación de costos por encima del 7% de valor presentado en noviembre, 60.089.589 de pesos. Se da por descontado que a partir de los datos de inflación reconocidos por el INDEC para esta primera parte del año se da por descontado que podrán reclamar la indexación de dicha cifra.

MACRI La red de ciclovías ya alcanza los 100 kilómetros

Esta curiosa sociedad, cuyo domicilio varió tres veces en solo un año e incluso se alojó inicialmente en la sede de la Mutual de Obreros y Empleados Municipales (Bolívar 444), está comandada por el ingeniero Augusto Salomón Peña Niño, socio fundador de Movilidad Inteligente, quien a su vez es socio y directivo en dos empresas conocidas del gobierno porteño y de la secretaría de Transporte específicamente: American Traffic e Ingeniería en Relevamientos Viales (IRV).

En ambas compañías, Peña Niño tiene por socios a Guillermo Yampolsky y Horacio Blot, dos ex funcionarios porteños en el área de Tránsito –fueron, además de consultores técnicos, directores del área consecutivamente entre 2000 y 2008- que promovieron consultorías y fomentaron activamente los proyectos de Movilidad Sustentable, es decir Metrobus y EcoBicis. American Traffic e IRV ganaron más de una decena de licitaciones para consultoría e implementación en estas áreas, tras el paso de sus dueños por la función pública. Ahora uno de sus dueños vuelve a quedarse con una nueva licitación en la Ciudad.

Luego de los puntos oscuros que tuviera el primer intento de licitación, el macrismo pareciera dispuesto a avanzar pero sin privatizar la gestión. Resta por saber aún qué ocurrirá finalmente con los ingresos que generará la publicidad que se pueda instalar en cada una de las bicicletas que recorrerán la Ciudad y quién capitaliza ese negocio: la empresa concesionaria o el Estado porteño. En la primera y fallida licitación este punto no estaba aclarado. En esta nueva licitación ese aspecto del negocio también queda sin regular. No es un detalle menor, se trata de la gran fuente de ganancias de Serttel en Brasil, donde el servicio es pago en todas las ciudades.

Según el pliego por el cual la UTE de Peña Niño y los brasileros accedió a la licitación se establece que la concesión será por el plazo de 2 años –con prórroga de uno más- para la instalación y automatización de las 200 estaciones en total, sumando las 30 existentes en la actualidad, aunque no se explica la razón por la cual se otorga un plazo tan extendido en el tiempo.

Además pedía que las empresas hubieren, en caso de corresponder, cumplido contratos previos con el GCBA y que los profesionales técnicos o directivos de la UTE no tuvieran "relación de dependencia o vinculación directa e indirecta con el GCBA". No sería el caso ya que existe una clara vinculación entre el ganador de la licitación y dos asesores externos del área de Transporte que llegaron incluso a ocupar cargos públicos en la gestión de Macri.

El pliego, sin embargo parece hecho a medida de la brasilera ya que estipula como "experiencia" necesaria para la acreditación de la licitación la demostración de un éxito previo en algún sistema en los últimos 6 meses con "50 estaciones, 700 anclajes y 400 bicicletas, al menos". Casualmente, el sistema de Río de Janeiro –el más amplio hasta ahora- tiene 60 estaciones y 600 bicicletas.

Asimismo el pliego entra en otros detalles que parecen haber quedado de la privatización fallida: la ganadora podrá avanzar en subcontrataciones –aunque no especifica para qué podría hacerlo- y ninguno de los empleados dependería del GCBA. Es decir, quedarían a merced de una relación de subcontratación.

El sistema

En 120 días, la proveedora deberá entregar al menos 40 estaciones automáticas con 1.700 bicicletas; en 180 días, 60 estaciones automáticas más con 1.200 rodados adicionales; y, en 270 días, 100 estaciones más y 1.200 bicicletas adicionales. En total serán 4.100 bicicletas y 200 estaciones.
Deberán ser automáticas y manejarse la devolución y entrega de bicicletas mediante celular o tarjeta inteligente. En este caso, a diferencia de otras ciudades de Brasil, se estima la posibilidad de uso durante las 24 horas, por lo que habría guardias de mantenimiento y las bicicletas deberán tener luces.

El lobby de la movilidad sustentable

La presencia de empresas locales que abren puertas a las extranjeras y se benefician con licitaciones a partir de su vínculo con el gobierno, no acaba allí. Además de facilitar negocios –en este caso puntual con una conformación de empresa mixta-, existen organismos internacionales –con sede en el país- dedicados a promover los proyectos como Metrobus y EcoBicis.

Es el caso de ITDP, que además de haber sellado algunos contratos para consultoría con la Ciudad, se destaca principalmente como "lobbysta" de la Movilidad Sustentable, en sociedad tácita con IRV, la empresa en que son socios Peña Niño, Yampolsky y Blot, según denuncian fuentes especializadas en el rubro a minutouno.com.

"IRV y sus desmembraciones o subsidiarias, legales o de hecho, cumple el rol de empresario local, puerta de ingreso de empresas extranjeras. Recordemos que tanto IRV como ITDP realizaron los estudios de consultoría para el Metrobus de Buenos Aires", añade la fuente consultada.

El resultado de este lobby internacionalista, aporta el ex legislador Facundo Di Filippo, es el resultante encarecimiento de los sistemas promovidos al tener que garantizar renta a empresas extranjeras.

Aunque se hubiera frenado la primera licitación y con ella el intento de privatización del sistema, explica Di Filippo, "el negocio de la internacionalización y privatización de los servicios continua a menor escala, con la provisión de servicios y materiales, pero con una magnitud de dinero importante".

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Para Rafael Gentili, ex legislador que se hiciera eco de la denuncia de este medio sobre el intento del gobierno porteño de privatizar un servicio que nació como público y gratuito, "ahora contratan a un 'proveedor', que en los hechos va a ser el que opere el servicio, aunque no sea técnicamente una concesión". Además, pone especial énfasis en "la dependencia tecnológica con el proveedor del software, quedando atados a un único proveedor".

Los especialistas consultados puntualizaron además que "la internacionalización de los servicios públicos no se justifica bajo ningún punto, encarece los servicios, deja expuestas a las administraciones ante eventuales crisis, le resta margen de acción política y económica: no se justifica ni técnica (recursos humanos y planificación) ni tecnológicamente, y tiene una clara política de concentración empresarial".

"Podrían desarrollar un software propio, incluso con empresas que están en el plan de incubadora tecnológica que tienen, pero se perderían un negocio. Son formas diferentes de pensar la gestión de lo público. Al principio, el usuario/cuidadano no nota la diferencia. A la larga la padece", concluyó Gentili.


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