La familia de Arruga asegura tener pruebas contra la Policía Bonaerense

Sociedad

En una conferencia de prensa en el CELS presentaron pruebas que demostrarían que el joven no sufrió un accidente sino que fue perseguido, hostigado y, finalmente, obligado a cruzar la General Paz por la fuerza policial.

Con una contundente conferencia, los familiares y abogados de Arruga dejaron una premisa clara: "Fue la Bonaerense". Así lo explicaron, a su turno, tanto Vanesa Orieta, hermana del joven, como Pablo Pimentel, abogado de la familia.
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"De algo estamos seguros: la Justicia tiene que investigar a la Bonaerense y a las primeras fiscales y el primer juez", cerró Orieta luego de detallar las pruebas que los llevan a inculpar -consistentemente- a la Policía.

La hermana del joven secuestrado en 2009 y cuya muerte fue ocultada por 5 años, aseguró que "Luciano esa noche fue secuestrado por la policía" y señaló que hay "datos contundentes". Entre las pruebas, mencionó la desaparición de su ropa y zapatillas, las detenciones y torturas previas, así como las amenazas y escuchas a sus familiares y amigos.

Además, aseguró que hay testigos que vieron a un pibe corriendo en la General Paz asustado y escapando y otros que señalan haber visto un patrullero de la Bonaerense al costado de esa avenida. Todo en horarios que coincidirían.

" Muchos móviles no reportaron su recorrido en la noche del 31 de enero de 2009 y los libros de guardia del destacamento estaban alterados", agregó Orieta.

Arruga tení­a 16 años cuando el 31 de enero de 2009 fue visto por última vez y su familia denunció su desaparición, la cual siempre vinculó al accionar de policí­as bonaerenses.
Es que Arruga habí­a estado detenido en el destacamento de la localidad de Lomas del Mirador el 22 de septiembre de 2008, donde su hermana escuchó que fue torturado porque se negaba a robar para la policí­a.

En principio, la causa por "averiguación de paradero" fue tramitada por las fiscales de La Matanza, pero, como no hubo avances, en febrero de 2013 pasó al fuero federal.

La familia dijo que debe investigarse a la Policía Bonaerense y a esos jueces y fiscales responsables de la investigación inicial, así como a políticos e instituciones responsables.
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