La Rural: Menem y Cavallo serán enjuiciados por la venta ilegal del predio

03 de febrero de 2015

El cierre de la instrucción del caso y la elevación a juicio fue firmado por el juez Torres de acuerdo con el pedido del fiscal Carlos Stornelli antes de la feria judicial de verano. Resta sortearse el Tribunal Oral que realizará el debate oral

El juez federal Sergio Torres envió a juicio oral la causa por la venta ilegal del predio ocupado por La Rural y próximamente se definirá qué tribunal oral llevará a cabo el debate en el que serán enjuiciados el ex presidente Carlos Menem y su entonces ministro de Economía Domingo Cavallo.

El cierre de la instrucción del caso y la elevación a juicio fue firmado por el juez Torres de acuerdo con el pedido del fiscal Carlos Stornelli antes de la feria judicial de verano y ahora deberá sortearse el Tribunal Oral que realizará el debate oral

La acusación también alcanza a otros ex funcionarios del Ministerio de Economía, a seis de los Bancos Ciudad e Hipotecario y a dirigentes de la Sociedad Rural. Están acusados por peculado por sustraer un predio de dominio público para su venta ilegítima a un privado.

El fiscal Stornelli, cuando pidió la elevación a juicio, consideró que los acusados por el delito de peculado, participaron de la sustracción del Predio Ferial de Palermo al Estado nacional y luego lo transfirieron a la Sociedad Rural Argentina (SRA) a menos de un 25 por ciento de su valor real en dólares, lo cual significó un perjuicio al Estado de al menos cien millones de dólares.

Stornelli encuadró la conducta de los imputados en el artículo 261 del Código Penal de la Nación, que pena con hasta 10 años de prisión la conducta del funcionario público que "sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo".

El predio vendido, además, era del dominio público, lo cual implica que se encontraba "absorbido por los caracteres de inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad e inejecutabilidad que le impedía al Estado Nacional, aún por intermedio de su máxima autoridad, venderlo", se advierte en la acusación.

La elevación a juicio también alcanza a otros ex funcionarios del Ministerio de Economía, el director de la Comisión de Venta Inmuebles Estatales y titular de la Administración General de Inmuebles Fiscales, Gastón Ramón Figueroa Alcorta , y el titular de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales, Matías Lucas Ordoñez .

También pidió el juicio para los ex funcionarios del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el entonces jefe del Rubro Inmuebles del Subarea Pignoraticio, Ricardo Isidoro Schapiro ; el tasador del Rubro Inmuebles, Juan Manuel Insúa y el entonces Jefe Técnico del Rubro Inmueble, Raúl Orestes Angelini.

En la lista también se encuentran funcionarios del Banco Hipotecario: el jefe de la División Tasaciones del Departamento de Evaluaciones Técnicas, Carlos Alberto Ratto ; el arquitecto Daniel Ivan Ivakhoff, y el agrimensor Jorge Frost , ambos de la misma área.

La nómina se completa con el entonces presidente de la SRA, Ricardo Agustín de Zavalía, y el empresario agropecuario y ex secretario de la SRA, Juan Alberto Ravagnan .

El fiscal consideró "cierto y demostrado" que Menem, Cavallo, Ordoñez y Figueroa Alcorta "sustrajeron de la esfera de la administración pública del Estado Nacional el bien inmueble conocido como Predio Ferial de Palermo", cuya venta directa se autorizó por el decreto presidencial 2699 del 20 de diciembre de 1991.

" La transmisión del bien en "forma ilícita" fue por un precio "total y definitivo de treinta millones de dólares estadounidenses cuando dicho inmueble valía como mínimo 131.800.000 pesos", en momentos "de equivalencia paritaria entre el dólar estadounidense y la moneda nacional".

La maniobra no hubiera sido concretada sin la participación de los funcionarios del Banco Ciudad y del Banco Hipotecario, quienes -según describió el fiscal- "prestaron una colaboración necesaria" en la maniobra al valuar el terreno en la magra suma de 30 millones de dólares.

En este contexto, según Stornelli, el presidente y el secretario de la SRA "coadyuvaron en la sustracción del bien de dominio público del Estado Nacional" al suscribir el boleto de compraventa y la escritura traslativa de dominio, en diciembre de 1991 y mayo de 1992, respectivamente".

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