"Argentina puede recibir sanciones económica si hay impunidad en el caso Papel Prensa"

Política

El titular de la Procuración contra Crímenes de Lesa Humanidad, Jorge Auat, advirtió por los recientes fallos en las causas Papel Prensa, Carlos Pedro Blaquier, Vicente Massot y Para Ti y aseguró que esas resoluciones pueden perjudicar el cumplimiento de tratados internacionales de derechos humanos.

El fiscal especial rechazó la negativa del juez Julián Ercolini de citar a indagatoria a los directivos de Clarín, Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, y de La Nación, Bartolomé Mitre, pero también repudió la falta de mérito dictada al dueño del Ingenio Ledesma, al director del periódico bahiense Nueva Provincia y ex jefe de redacción de la revista femenina, Agustín Botinelli.
Auat también apuntó en una entrevista con Ámbito Financiero contra el Poder Judicial por la "resistencia" a investigar. "Encontró en la dinámica de los procesos una martingala para consagrar impunidad", afirmó. Además, dijo que la muerte de imputados y testigos atenta contra la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia y consagra la impunidad biológica.
Periodista: ¿Hay preocupación por la lentitud en las causas de lesa humanidad?
Jorge Auat: No es un tema solamente de lentitud. Lo que disparó el alerta en los últimos días son los fallos que salieron de Papel Prensa, Blaquier, Massot, la revista Para Ti. Observamos que con esa sucesión de fallos se instaló una preocupación en ámbitos judiciales, querellantes y las víctimas. Ellos sienten que se habría abierto nuevamente una puerta a la impunidad, que tanto costó cerrarla.
P.: ¿Qué lectura se hace de esa seguidilla fallos favorables a empresarios?
J. A.: Pensábamos que a partir de la ley de 2003 que decretó la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final se terminaba este largo tiempo de impunidad. Ante todas las dificultades que tuvimos después, en los propios trámites, con la cronicidad de esos procesos que no terminaban nunca, nos preocupamos por presentar una propuesta de investigación para que se produjera un cambio en la dinámica de las investigaciones.
P.: ¿En qué consiste esa propuesta?
J. A.: En 2008 se sacó una resolución del (ex) Procurador (Esteban Righi) para instar a los fiscales a una concentración de las causas. Costó que los jueces aceptaran estas propuestas para investigar y concentrar las causas, que tiene por objetivo la economía procesal y mayor celeridad en el trámite. Una cantidad importante de imputados, víctimas y hechos permite un mejor aprovechamiento de las pruebas y un beneficio adicional, que es tener un descripción más exacta de lo que fue el terrorismo de Estado. Juzgar a un imputado por una víctima no refleja lo que pasó. Cuando se habla de terrorismo de Estado es necesario reflejar y conocer la extensión de lo que fue ese plan criminal.
P. Por eso es clave investigar la complicidad de civiles y grupos económicos.
J. A.: Pensamos en ampliar el universo de investigación respecto de quiénes son los responsables civiles y económicos, no solo los de los represores. Por eso hablamos de dictadura cívico militar. No se puede concebir un terrorismo de Estado sin la complicidad de vastos sectores de la sociedad. No hay que olvidar que fue el Estado con todos sus recursos el que pudo ejecutar y viabilizar su plan criminal. La Procuración de Delitos de Lesa Humanidad se ocupó de avanzar en la investigación de grupos de poder real, ese poder económico permanente, aunque nos encontramos con dificultades.
P.: Por ejemplo, cuando el juez frenó indagatorias a Noble, Magnetto y Mitre...
J. A.: Para que alguien sea citado a indagatoria tiene que haber una conducta penalmente reprochable y con pruebas que de algún modo se permita acreditar el hecho que se le imputa. Lo que está en discusión es qué tipo de pruebas se necesita para eso ¿es el mismo tipo de pruebas que se necesita para condenar? Cuando el estándar probatorio que el juzgador exige para citar a indagatoria, que vale aclarar que es un medio de defensa, es superior a la media, uno empieza a tener sospechas de que no hay una predisposición en avanzar en la causa.
P.: ¿Hay otros límites para avanzar en las investigaciones por lesa humanidad?
J. A.: Sabemos que hay límites temporales, por eso hablamos de la concentración de causas, porque sabemos que estamos en presencia de casos penales con imputados de avanzada edad, que comprometen seriamente la continuidad de los procesos y se da la posibilidad concreta de que se produzca la impunidad biológica. El otro límite, es el que se hace a la clasificación de los imputados: ¿se agotó en los represores o podemos pensar en una investigación que comprenda a todos los responsables? Si esto no se da, se rompe un principio, un axioma de profundo contenido ético.
P.: ¿Hay riesgo de incumplir tratados internacionales de DDHH?
J. A.: Estos procesos siempre tienen sobre su propio trámite un control tácito de organismos internacionales. Si en la Argentina estos procesos no logran su cometido y no se concluyen con sentencias podría haber peligro en las responsabilidades del Estado nacional frente a la impunidad. Cuando se evidencia que no se investigó consagrando la impunidad las consecuencias no son de otros, sino del Estado argentino.
P.: ¿Y qué consecuencias conlleva?
J. A.: Los propios organismos de derechos humanos, los querellantes y las víctimas ven frustradas sus expectativas. La Argentina puede recibir sanciones económicas, en la medida que haya una actitud direccionada hacia la impunidad.
(N. del R.: por el caso Bulacio, la Corte Interamericana de DDHH condenó al país a pagar u$s 235.000, en concepto de indemnización a familiares y costas y a reactivar la causa penal)
P.: ¿Si en diciembre cambia de signo el gobierno peligran los juicios por lesa humanidad?
J. A.: Estamos esperanzados en el discurso de la Corte Suprema en la inauguración del año judicial, de que es Política de Estado y que forma parte del contrato con los argentinos, y que no tiene nada que ver con la coyuntura política ni electoral. Estoy convencido que no tiene nada que ver, pero de todos modos seguiremos preparados para seguir instando ante las agencias del Estado el avance de las investigaciones y la conclusión de los procesos.
P.: ¿Qué sensación deja el fallecimiento de imputados sin sentencia?
J. A.: Es una sensación que nos embarca a todos. Tenemos que partir de la base de que hemos llegado tarde. No hay que olvidar que hubo cepos de impunidad que impedían el avance de las causas.
P.: ¿El propio Poder Judicial?
J. A.: Hubo sectores del aparato judicial que impedían el avance. Hubo jueces que tenían responsabilidad de investigar en su jurisdicción, pero a medida que avanzaban se encontraban de cara a una responsabilidad individual de ellos mismos, como en Mendoza. A medida que avanzaban, se veían involucrados en el mismo caso. El espíritu corporativo de la propia estructura judicial ofreció resistencia. El Poder Judicial encontró en la dinámica de los procesos una martingala para consagrar impunidad. Salimos de un cepo normativo y nos encontramos con otros cepos, que eran la resistencia a investigar. El Judicial es el único poder que la democracia no atravesó y que se mantuvo constante en su conformación a lo largo del tiempo.
P.: También genera desazón la muerte de testigos...
J. A.: Se genera una sensación de pesimismo, de desesperanza, de que estos procesos pueden terminar con el cometido fundamental de Memoria, Verdad y Justicia. La memoria tiene un fuerte contenido moral y ético. Walter Benjamin dice que la memoria 'abre expedientes que el derecho considera clausurados'. El tiempo es irrecusable, irreparable. Hablamos de la avanzada edad de imputados y testigos. Sin testigos nos faltan elementos de pruebas y la consecuencia es la impunidad.
P.: ¿Existen cercos mediáticos para algunos imputados en estos casos?
J. A.: No solo para imputados. Existen sectores que tienen su propia tribuna en algunos medios, que evidentemente militan por el olvido, más allá de algunos sujetos puntuales. Hablan del olvido. Los crímenes del terrorismo de Estado traen anclado en la ejecución y el diseño del plan el discurso estratégico del olvido. Otra vez, como dice Benjamin: 'A la muerte física se la suma la muerte hermenéutica'. La banalización, la devaluación de lo que pasó. La víctima es insignificante para esos sectores. La respuesta a este discurso es la resignificación y visibilización de la víctima. Aquí lo que está en juego es la víctima, hay que dar testimonio de su ausencia. Este es el nudo gordiano del problema. Esas víctimas fueron los sacrificados en función de un proyecto político y económico, no fue un crimen en masa cualquiera.

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