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Estatales y fuerzas de seguridad cobrarán una suba del 10% y el bono de $5.000

12 de noviembre de 2018

El entendimiento para los estatales incluye una suma fija de $5.000, que se abonará por única vez con el salario de diciembre próximo.

Los empleados públicos de la Nación percibirán un aumento salarial del 10%, además del bono de $5.000, confirmó el Gobierno, que firmó también un acuerdo idéntico para efectivos de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería.

El acuerdo se alcanzó tras una serie de reuniones entre el vicejefe de Gabinete y secretario de Modernización, Andrés Ibarra; el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica; el secretario de Trabajo y Empleo, Jorge Triaca; y el secretario General del sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez.

El entendimiento para los estatales incluye una suma fija de $5.000, que se abonará por única vez con el salario de diciembre próximo, y también un aumento salarial del 5% en enero y 5% en febrero.

La medida beneficiará a unos 140.000 trabajadores incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, quedando excluido el personal político.

"Hemos reabierto por tercera vez la paritaria, (el acuerdo) va a ser convalidado en la paritaria que va ser citada esta semana", destacó Rodríguez tras el encuentro.

De ese modo, el Gobierno decidió activar una cláusula prevista en la última paritaria firmada en junio, donde se acordó la posibilidad de una compensación ante la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

Se calcula que el Estado nacional deberá desembolsar unos 700 millones de pesos solo para el pago del bono estatal.

Como es habitual, en las reuniones no participaron representantes del sindicato minoritario de estatales, ATE.

Durante la jornada, el Gobierno también decidió dar la misma recomposición salarial para los integrantes de las cuatro fuerzas federales de Seguridad, dejaron trascender fuentes del Ministerio del área.

De esta forma, aún quedaba por negociar el bono con otros trabajadores cuyos salarios son abonados por el Estado nacional, como el caso de judiciales, empleados del Congreso, docentes y personal no docente de universidades.