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Los vacíos legales que aprovechan los violentos y femicidas para atormentar a sus víctimas

Por: Rosalía Costantino
08 de marzo de 2019

La gran mayoría de las mujeres asesinadas había denunciado en al menos una ocasión a su agresor. Muchas llevan botones antipánico y tienen restricciones perimetrales, pero de poco les sirve. La responsabilidad de proteger sus vidas está en la propia víctima mientras la Justicia sigue dudando de ellas y el Estado recorta los fondos.

“Vos vas al juzgado y no vivís. Me haces una perimetral de nuevo y estás muerta. Te lo aviso. Méteme preso no más y cuando salga, así sea en 20 años, voy a venir y te voy a matar”. El mensaje fue enviado a través de un audio de WhatsApp por el ex de Ana Olmedo, y a su lado tenía a la hija de ambos, de 3 años, a quien se la escucha llorar porque aunque es muy niña entiende que se refiere a su madre. "¿Sabés por qué hay muchas Ni Una Menos? Porque provocan al hombre hasta el final", insiste en otro mensaje el hombre, de 63 años, y que estuvo en pareja con Ana durante 14 años.

Amenaza de Guevara a su ex mujer
Ana Olmedo pidió que se exhiba el audio porque siente que mostrar la amenaza en público la protegerá más que las medidas que tomó la Justicia.

Los audios son infinitos. Desde que se separaron hace ocho meses, Walter Guevara la atormenta diariamente y de forma descarada. No escatima en nada y lanza una amenaza tras otra. Da escalofrío escuchar las grabaciones. Pero como si eso fuera poco, lo que sigue es peor. Un día tomó su celular, copió los contacto y les mandó a todos un video que él grabó donde la difama y dice barbaridades de ella, imposibles de reproducir en esta nota y donde él intenta quedar como "víctima" de Ana. También tocó las puertas de cada uno de sus vecinos para "dejar en claro" quien es su ex.

Guevara se mueve con total impunidad. Nunca fue detenido, ni siquiera cuando apuñaló a su ex y ella realizó la denuncia pertinente. Sólo pesó contra él una restricción perimetral de un mes, la cual vulneró siempre. Ana inició una causa en la UFI de Berazategui, tiene un botón antipánico y ahora pelea para que le otorguen una nueva orden de protección. Pero así la consiga, no alcanza para frenar las amenazas y los daños psicológicos del agresor, quien convirtió su vida en un infierno, del que ya no sabe cómo lidiar.

Amenaza de Guevara a su ex mujer
Ana Olmedo pidió que se exhiba el audio porque siente que mostrar la amenaza en público la protegerá más que las medidas que tomó la Justicia.

La violencia incesante de Guevara es producto de los agujeros legales y no legales que existen aún en momentos donde la lucha de las mujeres contra los violentos o femicidas está más presente que nunca en la sociedad.

La ley 26.485

"No se aplican correctamente las leyes vigentes como la 26.485 de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Al no estar bien reglamentada, los jueces penales -que a su vez están saturados de trabajo-, delegan las causas a los tribunales civiles y parecía ser que debe tener un abogado penalista y otro civil, lo cual obstaculiza todo", advirtió la letrada Raquel Hermida en diálogo con minutouno.com.

Y añadió: "Además, el fiscal y el juez penal deberían tener la obligación de hacer medidas cautelares como ordenar ellos mismos la perimetral, el botón antipánico o la tobillera electrónica, para que se estigmatice el hombre no a la víctima, todas cosas que no suceden en general".

"El código procesal habilita la demora o detención del agresor. La violencia de género es un delito, es materia penal, pero nuestros jueces penales todavía no tomaron en cuenta que es a ellos a quienes le corresponden las perimetrales, por ejemplo, y no derivarse al juez civil, llamado también juez de familia", insistió Hermida.

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La restricción perimetral no refiere sólo a una prohibición de acercamiento sino también a un contacto vía comunicaciones, aplicaciones y redes sociales. Por lo tanto, si un agresor envía mensajes intimidatorios en el marco de una perimetral es una desobediencia judicial y debe denunciarse para que sea considerado un delito, lo cual habilita ordenar la detención del sujeto.

"La ley votada en 2015 obliga al Estado a dar patrocinio gratuito. No se cumplió hasta ahora ni se va a hacer porque la política actual es ajustar, y no se puede pensar desde el ajuste para luchar contra la violencia de género", alertó por su parte la abogada Luciana Sánchez a este portal.

La letrada especialista en violencia de género remarcó como falla judicial grave que una víctima cada vez que hace una denuncia se abre una causa distinta cuando deberían unificarse. "El juez no puede ver los antecedentes del agresor, lo que haría que ordene ciertas medidas. Genera, por un lado, un desgaste a la víctima y, por otro, no la protege ya que no se contempla el efecto acumulado", ejemplificó.

Sánchez también puso especial énfasis en remarcar la resistencia del ámbito judicial en caratular al femicidio como tal: "Es muy difícil lograr que un caso sea calificado como femicidio y que se aplique el protocolo, tanto al principio como incluso al final del juicio".

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Un fallo que retrocede

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia decidió semanas atrás que no habilitará más autopsias de los casos catalogados como "averiguación de causal de muerte". "La mitad de los femicidios en el territorio bonaerense empiezan así. Un fiscal no capacitado, que son la mayoría, encuentra un cuerpo de una mujer, no tiene una lectura de género, no puede analizar si se trata de un femicidio, califica como causal de averiguación de muerte, y no se investigación el caso como femicidio", detalló Sánchez, militante feminista.

El protocolo para la investigación de femicidios sostiene que cualquier muerte violenta de una mujer tiene que empezar a ser investigada como femicidio, pero en la práctica resulta casi inaplicable. Y en las razones coinciden todas las especialistas entrevistadas para esta nota: "O no conocen el protocolo o bien dudan de las mujeres, no les creen".

De aquí surge otra definición central: "La Justicia sigue siendo patriarcal"

"La mayoría de los casos de violaciones no son complicados, no requieren muchas pruebas. Sin embargo, no le creen a la mujer y no cumplen con los estánderes de violencia sexual. No los usan, no los aplican", criticó la abogada a la vez que alertó por una nueva práctica impulsada por la política de Cambiemos: "Las fuerzas de seguridad están de nuevo presas en ejercer un rol represivo, por lo tanto, no dan respuesta ante los otros casos como son las denuncias de género y esto sumado a la visión patriarcal es un doble problema que enfrentan hoy las mujeres pese a haber mayor visibilidad de la problemática".

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De igual forma se expresó Marina Mariasch, escritora, docente e integrante del colectivo Ni Una Menos al sostener que "cuando una mujer acude a una comisaría, la gran mayoría de las veces su testimonio es puesto en duda a pesar del gran cambio cultural que hay".

Otro obstáculo, añade, es la Justicia patriarcal: "Los jueces legislan con una mirada machista, sin sesgo de género. Entonces, muchas de las órdenes que se aplican no son satisfactorias para el cuidado y la protección de las mujeres en situación de violencia".

En este sentido, las organizaciones advierten que no es las medidas puntivistas (mayores penas a los atacantes) las que van a producir el cambio cultural sino la educación. En este contexto, resulta una herramienta central la aplicación en las escuelas del programa de educación sexual, que no sólo se ocupa de la procreación responsable sino también de educar y criar en una sociedad sin estereotipos machistas.

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Reforma del Código Penal

"Los avances son muy escasos y más teniendo en cuenta las vidas que nos cuestan los femicidios", resume de forma contundente Sánchez. Para la abogada, es fundamental que se incorpore un inciso en el Código Penal para proteger los derechos de las mujeres, lesbianas y trans.

"Las calumnias e injurias, en caso de violencia de género, no deberían ser un delito. Esto es importantísimo que cambie, que uno pueda denunciar en las redes y después no te persiga la Justicia y encima tengas que pagarle a un abogado para que te defienda", reclamó la letrada.

Y al igual que ella, Mariasch advirtió que "falta mucha capacitación y fondos para que la lucha sea real". "Hay un primer enojo porque vas a la comisaría y no detienen al agresor. Pero cuando la causa avanza, hay decepción porque el reclamo no es tomado como la víctima lo propone sino como la Justicia lo plantea. Son muy pocos los casos donde se avanza y la víctima está está satisfecha", afirmó.

Tobilleras electrónicas y refugios

Meses después de haber asumido su mandato, el presidente Mauricio Macri se hizo eco de un reclama generalizado de organizaciones que luchan contra la violencia machista y prometió que garantizaría las tobilleras electrónicas para los agresores. A casi cuatro años de su gestión, no se adquirieron esas tobilleras ni tampoco se crearon los refugios para atender a mujeres de escasos recursos que continúan sometiéndose a la violencia de sus parejas porque no tienen cómo irse de sus hogares. Por el contrario, el recorte en el Presupuesto de este año destinado a cuestiones de género fue brutal: apenas el 0,1% es para atender a las mujeres, un 19% menos que en 2018.

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