Human Rights Watch denuncia que la "investigación contra el juez Ramos Padilla amenaza la independencia judicial"

19 de marzo de 2019

"Argentina ha ratificado varios tratados de derechos humanos que le exigen preservar la independencia e imparcialidad del poder judicial", sostiene el organismo.

Human Rights Watch (HRW), un observatorio global de derechos humanos y civiles, se hizo eco de las presiones del Gobierno Nacional sobre el juez federal Alejo Ramos Padilla. Emitieron un comunicado reclamando que respete la independencia de poderes.

Juan Bautista Mahiques, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura presentó el viernes pasado una denuncia para destituir al juez que investiga la red de espionaje ilegal.

Investigación contra juez amenaza la independencia judicial”, advierte el organismo, por lo que “el Gobierno debe retirar su solicitud para investigar al juez federal Ramos Padilla”.

EL COMUNICADO COMPLETO

El pedido del Gobierno argentino para que se investigue a un juez federal que adelanta una investigación sobre supuestos actos ilegales de inteligencia y extorsión que podrían implicar a autoridades atenta contra la independencia judicial, señaló hoy Human Rights Watch.

El 13 de marzo de 2019, el juez de instrucción federal Alejo Ramos Padilla compareció ante una comisión del Congreso sobre la investigación que adelanta acerca de supuestas operaciones ilegales de inteligencia. Dos días después, el Ministro de Justicia Germán Garavano solicitó al Consejo de la Magistratura que abriera una investigación contra el juez Ramos Padilla, argumentando que “hizo de su investigación una cuestión política y mediática” y violó sus “deberes de imparcialidad y reserva”.

“Cualquier juez puede ser investigado cuando haya una causa que lo amerite; sin embargo, el gobierno no ha presentado ningún motivo convincente para justificar una investigación contra el juez Ramos Padilla”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Por el contrario, pareciera que el gobierno está tomando represalias contra un juez que tiene a su cargo una investigación que le preocupa”.

El Consejo de la Magistratura, compuesto de 19 miembros, es el organismo encargado de investigar la actuación de los jueces en Argentina y tiene la facultad de destituirlos cuando tengan “mal desempeño” o cometan un crimen. Con arreglo al derecho argentino, la causal de “mal desempeño” incluye, entre otros, actuar con “negligencia grave”, cometer actos de “manifiesta arbitrariedad” o “incumplimiento[s] reiterado[s] de la Constitución, normas legales o reglamentarias”.

Durante la audiencia en el Congreso, el juez Ramos Padilla describió las pruebas que había reunido en una investigación penal iniciada en enero, contra un sujeto llamado Marcelo D’Alessio, que se hacía pasar por abogado, por presuntos hechos de extorsión. El juez Ramos Padilla descubrió en su investigación que D’Alessio aparentemente habría realizado “operaciones de inteligencia” para extorsionar a ciertas personas con el fin de que confesaran delitos o implicaran a otros. Por ejemplo, D’Alessio habría utilizado cámaras ocultas, les habría plantado evidencias a sus víctimas y habría usado información sobre su vida privada, según el juez.

Según indicó el juez Ramos Padilla, estas confesiones y declaraciones obtenidas por D’Alessio luego eran usadas por jueces y fiscales para presentar cargos penales. Las comunicaciones interceptadas de D’Alessio sugieren, según un análisis de la evidencia que leyó el juez en la audiencia ante el Congreso, que la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich “mante[nía] [un] vínculo” y le daba algunas “indicaciones” a D’Alessio y que D’Alessio les habría brindado información a algunos diputados, al parecer, oficialistas. El 25 de febrero, el juez Ramos Padilla procesó a D’Alessio por extorsión.

El Ministro de Justicia, al pedir que se investigue al juez Ramos Padilla, indicó que el juez había violado el Código Procesal Penal argentino al divulgar pruebas al público durante su audiencia en el Congreso. Sin embargo, la mayoría de las pruebas que presentó el juez ya habían sido divulgadas el 25 de febrero cuando el sitio web del poder judicial publicó el procesamiento de D’Alessio. Es habitual que el sitio web publique procesamientos en casos de interés público.

Los jueces de instrucción usualmente brindan información al público sobre investigaciones en curso, pero rara vez las autoridades argentinas han solicitado que se inicie una investigación en su contra, lo cual siguiere que se trataría de un preocupante caso de doble estándar, señaló Human Rights Watch.

El gobierno también afirmó que el juez carecía de “ecuanimidad” porque, en la audiencia, sostuvo “categóricamente como verdaderos, extremos de la investigación que conforme a sus propios dichos, todavía no han sido verificados”. Human Rights Watch escuchó la audiencia y no coincide con el planteamiento del gobierno.

El juez Ramos Padilla aclaró en reiteradas oportunidades que sus palabras no podrían interpretarse como una “evaluación de mérito” de la prueba. Se limitó a presentar las pruebas disponibles, así como el análisis de la evidencia realizado a pedido del juez por la Comisión Provincial por la Memoria —un órgano gubernamental de la provincia de Buenos Aires. En varias ocasiones, Ramos Padilla aclaró que la prueba podía interpretarse de distintas formas o que el acusado podría haber fabricado pruebas falsas y que el análisis de la Comisión Provincial no era concluyente para la investigación.

Argentina ha ratificado varios tratados de derechos humanos —entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos— que le exigen preservar la independencia e imparcialidad del poder judicial.

Existen numerosos estándares internacionales – como los establecidos en los Principios básicos de la ONU relativos a la independencia de la judicatura, el Estatuto Universal del Juez y el Estatuto del Juez Iberoamericano – que establecen los elementos centrales que debe tener un poder judicial independiente e imparcial. Estos estándares incluyen que los jueces no deberían sufrir presiones ni injerencia de otros poderes. Los jueces sólo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos “por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones”.

Durante la audiencia en el Congreso, Ramos Padilla manifestó que, al parecer, D’Alessio también habría realizado actividades de inteligencia contra algunos periodistas y habría filtrado información a la prensa como parte de su estrategia. El juez también examina la supuesta responsabilidad de algunos de estos periodistas como partícipes en la trama de extorsiones e inteligencia ilegal bajo investigación.

“Cualquiera sea el resultado de esta investigación que adelanta el juez Ramos Padilla, ningún periodista puede ser perseguido penalmente solamente por publicar información y proteger a sus fuentes”, señaló Vivanco.

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