-

Cuidadores obligaron a una mujer de 80 años a dejarles su casa y ahora reclaman 4 millones de pesos a la familia

26 de marzo de 2019

La anciana fue presionada por sus empleados para que firmara un testamento y ahora sus sobrinos son acusados de usurpar la propiedad y de adeudar pagos por los servicios prestados.

Elba Liberatore pasó los últimos años de su vida en su quinta de Reja Grande, en el partido de Moreno, donde usualmente era visitada por sus seis sobrinos. Tras su muerte sus familiares denunciaron que fue presionada para dejarle la propiedad a sus cuidadores, Carlos Correa y Ramona Soto, y el resto de sus bienes a otras personas.

Además de la casa en Moreno, Liberatore tenía una propiedad en la Ciudad de Buenos Aires, dos autos y un plazo fijo en dólares que le proporcionaban un pasar cómodo. Al no tener hijos, la mujer tenía el derecho de apuntar quiénes serían sus herederos, por lo que un mes y medio antes de su muerte le legó la quinta a sus cuidadores y nombró a otros beneficiarios, entre ellos el hijo de Susana Locatelli, la abogada que confeccionó el documento.

"La abogada les refirió a los sobrinos que Correa y Soto hostigaban y maltrataban a Liberatore, y que la habían presionado a firmar este documento. Le echaba toda la culpa a los cuidadores", apuntó Ignacio Trimarco, representante de la familia de la anciana, a minutouno.com.

Con ese testimonio, las inconsistencias en la confección del documento y el hecho de que el hijo de la abogada es uno de los beneficiarios, los sobrinos denunciaron la situación y el titular del Juzgado de Instrucción Nº 14 de la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo Farías, procesó sin prisión preventiva a Locatelli por circunvención de incapaz, que es una forma de estafa.

Para Trimarco, la imputación adecuada es extorsión porque "el acto es haberla obligado a firmar bajo intimación" de Correa y Soto, con la asistencia de Locatelli y una escribana.

Correa había sido contratado por el marido de Liberatore para encargarse del extenso parque de la propiedad, que incluye una pileta de gran tamaño, y cuando la mujer enviudó sus sobrinos tomaron a Soto para que cuidara ella para evitar tener que trasladarla a un geriátrico, relató Trimarco.

A veces los sobrinos de Liberatore llegaban a visitarla o la llamaban por teléfono y sus cuidadores aseguraban que no se encontraba en condiciones de ver a nadie. "Pensaron que era algo normal y que la tía se sentía mal y no podía atenderlos. Nadie imaginó que iba a pasar esto. Esta gente hacía tres años que vivían con ella y tenían confianza", aseguró Trimarco.

Esa confianza comenzó a quebrarse el día que la anciana logró llamar a una de sus sobrinas, de 80 años, para contarle que le tenía "miedo" a sus cuidadores porque querían "quedarse con todo". Tras ese episodio Correa y Soto nunca más permitieron que la familia se acercara a ella.

Liberatore murió de un cáncer de páncreas a los 80 años, el 5 de julio de 2016. En mayo de ese año había firmado el testamento en disputa, pero la primera señal de alerta para los familiares fue cuando Correa y Soto no entregaron la llave de la quinta de Moreno en el velatorio de la anciana.

Sólo entonces los sobrinos hicieron una exposición civil ante la policía para avisar que entrarían a la casa de su tía, y cuando lo hicieron encontraron a Correa y Soto, que estaban ocupando la propiedad porque "con el testamento, mientras sea válido, ya pueden disponer de ese bien", como apuntó Trimarco.

Esa fue la primera noticia que tuvieron del testamento que había firmado su tía. El resto de su patrimonio pasaría a personas ajenas a la familia.

Correa y Soto denunciaron a los sobrinos de Liberatore por "intrusar" lo que ellos consideran que es su propiedad. Los acusaron de usurpación porque uno de ellos pasó la noche en la casa (la causa se tramita en una fiscalía de Moreno), pero además, con el patrocinio de Locatelli, les iniciaron un reclamo laboral por 3 y 4 millones de pesos respectivamente en concepto de pago por los servicios prestados.

Ahora, con acusaciones cruzadas, la causa volvió a la fiscalía por la discrepancia entre la calificación y los hechos atribuidos. "Se tiene que especificar la calificación de los hechos que le imputan a Locatelli y a Correa y Soto", explicó Trimarco.

Mientras tanto, la casa de Liberatore sigue ocupada, pero no por sus familiares inmediatos sino por los parientes de los cuidadores que la habrían hostigado hasta el último día de su vida para quedarse con sus bienes.

Temas