Paula Perassi: absolvieron por "falta de pruebas" a los nueve acusados de secuestrar y hacerla desaparecer

02 de mayo de 2019

El Tribunal, conformado por los jueces Griselda Strólogo, Mariel Minetti y Álvaro Campos, entendió que las pruebas recolectadas en la investigación son "deficientes". El cuerpo de Paula nunca apareció.

"Falta de pruebas producto de la deficiente investigación", fue el argumento principal de los jueces Griselda Strólogo, Mariel Minetti y Álvaro Campos para resolver por unanimidad la absolución de los nueve acusados por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y aborto sin consentimiento seguido de muerte.

Se trata de un caso que fue emblemático en Rosario en materia de violencia de género. Tenía como imputados a nueve personas: cuatro civiles - el amante de Perassi, Gabriel Strumia, su esposa, Roxana Michl, Mirta Rusñisky, la presunta autora del aborto y Antonio Díaz, un empleado de Strumia; sumado a otros cinco uniformados acusados de encubrimiento agravado: al comisario Adolfo Puyol y a los policías Gabriel Godoy, Jorge Krenz, Aldo Gómez y María José Galtelli.

Paula Perassi fue vista por última vez el 18 de septiembre de 2011, luego de salir de su casa de la localidad de San Lorenzo tras recibir un llamado telefónico. Tenía 34 años. Vivía con su esposo y sus dos hijos. Según la investigación, mantenía una relación extramatrimonial con el empresario de esa misma ciudad, Strumia.

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Según investigó la Fiscalía, a cargo de Donato Trotta, Paula quedó embarazada y fue obligada por su amante y la esposa de éste, Michl, a realizarse un aborto, creen que fue durante esa práctica que la mujer murió. Por el presunto aborto, está acusada la partera Rusñisky y el asistente de Struma, Díaz. El cuerpo de Paula nunca apareció y es por eso que entran en la acusación los cinco policías acusados de encubrir la desaparición del cuerpo de la víctima.

Durante los alegatos, el fiscal Trotta pidió prisión perpetua para los cuatro por aborto seguido de muerte, mientras que había solicitado penas de entre 16 y 6 años para los policías.

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