Los policías acusados de proteger prostíbulos en Flores deberán pagar multas de hasta $15 mil

Sociedad

Así lo resolvió el Tribunal oral en lo Criminal N°20. El principal acusado, el comisario Roberto Cabrini, también fue inhabilitado por seis años.

Los cuatro ex policías acusados de integrar la cúpula de la Comisaría N°38 del barrio de Flores fueron condenados con multas y algunos años de inhabilitación en sus cargos públicos por encubrir y proteger los prostíbulos "Doly's", "Fama" y "Envidia" en donde se explotaba sexualmente a mujeres en situación de vulnerabilidad, ubicados todos dentro de la jurisdicción correspondiente a la comisaría en cuestión.

Las penas van de multas desde $7 mil hasta $15 mil y entre cuatro y seis años de inhabilitación en los cargos públicos, lo que deja gusto a poco en una de las causas por encubrimiento policial más importante de los últimos tiempos.

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El principal acusado, el ex comisario Roberto A. Cabrini, es quien deberá pagar la multa más alta ($15 mil) a lo que se le suma la inhabilitación para ejercer cargos públicos por seis años. Por su parte, los subcomisarios Jorge Durán y Alfredo O. Martínez deberán abonar una multa de 10 mil y 7 mil pesos; además se les impuso la inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco y cuatro años, respectivamente. Finalmente, el subinspector Sergio D. Rodríguez deberá pagar 8 mil pesos y purgar una inhabilitación por cuatro años para el ejercicio de cargos públicos. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 20 de mayo.

La instrucción de la causa estuvo a cargo de los fiscales Fernando Fiszer, de la Fiscalía Nacional de Instrucción N°8, y Marcelo Colombo, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

El debate comenzó el 1 de marzo y a lo largo de las audiencias declararon más de 35 testigos.

En el juicio intervino el fiscal Carlos Gamallo, que en su alegato pidió penas de entre un año y medio y tres de prisión e inhabilitación total para los cuatro imputados, al encontrarlos como coautores del delito de encubrimiento agravado por su condición de funcionarios públicos y por no denunciar la perpetración de un delito que debían perseguir penalmente.

Se trata de una megacausa que se desató en el 2010 y en la que quedaron 20 comisarias porteñas en la mira de la justicia. En el 2011 la jueza María Romilda Servini de Cubría a cargo de la instrucción desplegó 400 gendarmes y 200 prefectos para allanar unos 40 boliches. El expediente parecía ser escandaloso, pero se fue desinflando a fuerza de dividir la investigación en pedazos y repartirla por diferentes juzgados. Algunas de esas causas todavía siguen paradas.

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