Qué dice la Constitución sobre la vicepresidencia y los fueros

20 de mayo de 2019

De acuerdo con la ley 25.320 de fueros un juez puede llevar a cabo todo el proceso judicial y hasta condenar a un legislador, funcionario o magistrado aunque no podrá disponer su arresto a menos que sea previamente destituido por el Congreso de la Nación.

El vicepresidente de la Nación está alcanzado por la ley 25.320 de fueros sancionada en septiembre de 2000 y que dispone el régimen de inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados. Dicha norma impide el arresto del imputado mientras esté ejerciendo su cargo, por lo que para volverse efectiva una orden de detención el imputado debe primero ser destituido por el Congreso, pero en ningún caso impide el avance de la causa y hasta la condena del acusado.

De acuerdo con el artículo 53 de la Constitución Nacional es la Cámara de Diputados de la Nación la encargada de "acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de Gabinete, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema de Justicia".

Mientras que de acuerdo con el artículo 59 de la Carta Magna corresponde al Senado de la Nación "juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes".

En su artículo 1°, la ley de fueros dictada durante el gobierno de Fernando De la Rúa luego del escándalo por los supuestos sobornos pagados en el Senado de la Nación para que se aprobara la polémica ley de flexibilización laboral, dice que "cuando, por parte de juez nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político, el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión" y aclara que "el llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político".

En ese mismo artículo la ley especifica que "en el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no sea separado de su cargo. Sin perjuicio de ello el proceso podrá seguir adelante hasta su total conclusión".

En caso de que el juez lo considere necesario "la solicitud de desafuero deberá ser girada de manera inmediata a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara correspondiente, la que deberá emitir dictamen, en un plazo de 60 días. La Cámara deberá tratar la causa, dentro de los 180 días de ingresada, aun cuando no exista dictamen de comisión".

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