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¿Quién vigila a los vigilantes?

Por: Federico Mana
26 de mayo de 2019

La masacre de San Miguel de Monte pone una vez más en el eje de la tormenta a las fuerzas estatales de seguridad. ¿Quién tiene el poder de controlar al poder? ¿Cuándo el uso de la violencia se vuelve legítimo?

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"Quis custodiet ipsos custodes?" es la famosa locución latina del poeta romano Juvenal que más se ha utilizado para reflexionar en torno al rol de los gobernantes y sus fuerzas de seguridad. Ya Platón, muchos años antes que la célebre frase del poeta se pronunciase, pensaba que en su sociedad ideal debería haber una clase guardiana que velase por el orden general la cual no necesitaría de una vigilancia dado que serían capaces de controlarse a sí mismos motivados por la idea de que son superiores al resto y por ende tenían la obligación de velar por los seres inferiores a ellos.

Sin embargo esta intención platónica de la auto-vigilancia poco se ha visto reflejada en la historia. Al establecerse los estados han debido organizar diversas fuerzas para defender sus intereses tanto dentro de su territorio como más allá de él. Es más, al decir de Max Weber lo que define a un Estado es el monopolio en el uso de la violencia. Sólo el Estado puede acumular armamento y distribuirlo entre alguno de sus ciudadanos para que cuiden al resto y mantengan el orden. Así se han constituido todas las naciones, con un Estado que en función de preservar el bienestar de la mayoría coordina, administra y controla el uso de la fuerza.

En función de esta situación entonces podemos preguntarnos ¿puede un Estado funcionar sin fuerzas de seguridad? Pues bien, en el plano ideal en donde cada individuo respete los derechos ajenos y entienda los beneficios sociales de perpetrar la paz, las fuerzas de seguridad estarían de más e incluso hasta podrían propiciar una escalada de violencia con su sola presencia. Ahora bien, desde el plano pragmático entendemos que no todos los sujetos son capaces de tener esta conciencia social y harán primar sus intereses y deseos aún a costa de lastimar a los otros por lo que el Estado debe generar las condiciones de posibilidad para prevenir dicha situación y ejercer justicia en caso de que ocurra.

No obstante ello, cuando el Estado ejerce su monopolio de la violencia mediante la distribución de armas está, en cierta forma, cediendo poder a un sector que si bien es parte de él mismo, también cobra autonomía. De esta manera también debe ejercerse el control sobre quienes tienen la misión de controlar al resto, para que sigan siendo agentes del orden común y no actúen según sus propias normas. Pero ¿qué sucede cuando una sociedad considera que el uso de la fuerza es la solución a todos sus problemas? Lo que ocurre es que el Estado ve en la violencia el único modo de alcanzar el “bienestar” convenciendo a sus agentes que ellos son el orden y, en cierta manera, que son superiores al resto tal como en la utopía de Platón.

De esta forma llegamos a la situación actual: personas a quienes se les ha dado legítimamente un arma, sobre los cuales se hace pesar la presión de mantener un orden que el Estado no es capaz de garantizar desde otros elementos más allá de la fuerza y a quienes se les ha garantizado cierta impunidad en su accionar. Ante esta situación en donde el Estado sostiene que la vigilancia de los vigilantes no es una parte importante de sus responsabilidades lo que queda es la anomia, condición para que las voluntades personales se impongan y que el arma se desenfunde según conciencia de cada quién.

En este sentido en vez de propender hacia esa situación ideal en donde el uso de la fuerza queda perimido, se busca dejar en claro que es la violencia la solución a todo tipo de conflictos y que ante el poder policial todos son culpables hasta demostrar lo contario. Entonces el Estado se limpia las manos y el resto de la ciudadanía se encuentra ante la situación de que nadie vigila a sus vigilantes con las terribles consecuencias que esto implica.

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