Juicio por la causa Oil: suman una pericia que reduce monto de la deuda

19 de julio de 2019

Jueces rechazaron suspender las audiencias y todos los planteos de las defensas. Análisis de expertos de la Corte concluye que a diciembre 2015 los planes de pago estaban regularizados y que $1600 M, de un total de $2.200 M de deuda, ya habían sido ingresados al fisco.

En una previsible decisión, el Tribunal Oral Federal N°3 rechazó la suspensión del juicio oral por la supuesta defraudación ligada a la petrolera Oil Combustibles y se negó a admitir los planteos de las defensas del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y los detenidos empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Dando fin a las denominadas cuestiones preliminares del debate, anunció la incorporación como prueba de una pericia contable clave sobre los planes otorgados por AFIP para refinanciar la deuda por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que son el eje de la acusación.

Las conclusiones de ese estudio realizado por peritos contadores de la Corte Suprema arrojaron dos resultados de relevancia para los cuestionamientos que comenzarán después de la feria: todos los planes de pago que había solicitado Oil estaban regularizados y al día, a diciembre de 2015; y que el monto total de la deuda financiada a través de los dos planes generales y otros dos especiales otorgados por el organismo recaudador ascendía a $2.200 millones –no los $8 mil que habían trascendido como cálculo-, de los cuales $1.600 ya habían sido ingresados al fisco.

La cuestión será central para el juicio donde están acusados Echegaray como coautor de la defraudación y López y De Sousa como partícipes necesarios. La pericia fue culminada contra reloj a partir del pedido del TOF 3 de instrucción complementaria y su inclusión era reclamada por las defensas en el pedido de suspensión del juicio. Los resultados se recibieron el martes.

La lectura de la Afip

La AFIP hizo su propia lectura: tanto así que convocó a una reunión reservada con medios de comunicación para explicar “off the record”, junto al representante de la querella Alejandro Carrió que, en realidad, el monto de la deuda resultó ser superior a los $8 mil millones que el organismo había reclamado inicialmente. Es decir, que reclamaron menos a Oil en concepto de ILC de lo que deberían. Ese cálculo incluye los montos por haber forzado la caída de todos los planes de refinanciación que ocurrieron a partir de marzo de 2016 y la exigencia de pago de deuda total que sostuvo de manera inflexible la administración de Alberto Abad. Sin embargo, esa tesis afronta una dificultad: El TOF reiteró ayer que el objeto del juicio sólo será el supuesto otorgamiento irregular de cuatro planes de facilidades sólo por los períodos comprendidos entre mayo de 2013 y agosto de 2015. Incluso, los jueces rechazaron ayer los pedidos de la defensa para que se modifiquen los requerimientos de elevación a juicio de la fiscalía y las querellas, dado que ellos mismos ya habían acotado los términos de la acusación tal como había adelantado Ámbito Financiero el 28 de junio. Y advirtió tanto a la AFIP como al fiscal Juan García Elorrio que deberán desplegar sus estrategias de acusación ciñéndose a ese criterio o bien corriendo el riesgo de extralimitarse y que no sea tenido en cuenta por el TOF.

En lo que respecta al resto de los intentos de las defensas por plantear nulidades, los integrantes del TOF Fernando Machado Pelloni, Andrés Basso y Javier Ríos los rechazaron de plano. No sin antes haber tenido discusiones internas, uno de los motivos por los que la audiencia ayer comenzó con dos horas y media de demora. En cuanto a la supuesta interferencia del Poder Ejecutivo para darle impulso a la causa contra López y De Sousa, el TOF se amparó en una denuncia por asociación ilícita que tramita en el juzgado de María Servini contra el presidente Mauricio Macri y gran parte de su gabinete lo cual sería ajeno al juicio. También sentenciaron que ninguno de los 19 imputados –integrantes de la AFIP que participaron de la aprobación de los planes a Oil- cuyas faltas de mérito y procesamientos están recién apelados ante la Cámara Federal podrán participar ni como testigos ni como acusados de este juicio. Obviamente, se negaron a suspender el debate hasta que todos los que aparecen como parte de una misma maniobra por el mismo hecho estén en idénticas condiciones. Una picardía del juez Julián Ercolini que desdobló la causa y dejó al personal de AFIP fuera de este debate.

Donde el TOF resultó contradictorio fue con el llamado como testigos a los 30 jefes de agencia y subdivisiones del organismo recaudador que habían escrito una furiosa carta contra Leandro Cuccioli denunciando que estaban siendo judicializados por haber actuado conforme al reglamento interno de AFIP y pusieron como ejemplo el proceso de “Oil Combustibles”. El TOF rechazó incorporar esa nota y la citación a testimoniar de los funcionarios pero “dejo abierto” analizar “su utilidad” en el desarrollo del juicio. Del mismo modo, avaló la posición de AFIP como querellante, el reclamo por la acción civil y difirió al momento de la sentencia definir si podría reclamar una entidad del Estado el denominado “lucro cesante” que forma parte de la demanda.

Transcurrida la feria, el 8 de agosto, se reanudará el juicio y se inaugurará la etapa de indagatorias donde tanto Echegaray como López y De Sousa aspiran a declarar. Mientras tanto, ayer la Sala I de Casación volvió a rechazar el pedido de excarcelación de los empresarios que fueron detenidos por la supuesta venta de activos del Grupo Indalo, expediente que sigue sin definición desde que en diciembre de 2017 se ordenaran las detenciones.

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