La Justicia concedió una adopción prenatal en Corrientes: la adolescente había sido violada por su padrastro

Sociedad

El fallo no respeta el Código Civil argentino, que prevé que sólo se puede dar en adopción a quienes nacieron con vida. A esto se suma el problema de que la provincia de Corrientes no tiene un protocolo para aborto no punible .

En un fallo inédito que no contempla la legislación vigente, la Justicia de Corrientes concedió una adopción a un bebe aún no nacido en un embarazo producto una violación sufrida por una chica de 18 años por parte de su padrastro.

La adolescente, que había sido violada sistemáticamente desde sus 14 años y que ya tenía una hija de 2 años del abusador, se presentó en marzo junto a su tía ante Marta Legarreta, a cargo del Juzgado de Familia de Paso de los Libres, para pedir una Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

La jueza la autorizó pero en el hospital San José de Paso de los libres la convencieron de que pariera, al justificar que era riesgoso hacerle un aborto porque llevaba 23 semanas de gestación.

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Jueza Marta Legarreta
Jueza Marta Legarreta

Según relata el fallo, después de la consulta médica la adolescente volvió al juzgado con la decisión de dar en adopción al futuro bebé y pidió no tener nada que ver con él. Tiempo antes de que naciera, Legarreta le otorgó la guarda provisoria a una pareja que estaba en el Registro Único de Adoptantes.

Eleonora Lamm, Doctora en derecho y bioética y subdirectora de Derechos Humanos de Suprema Corte de Mendoza, dijo a minutouno.com que "el fallo es preocupante porque era innecesario para las medidas que la jueza sostiene. Ella justifica una adopción anticipada para proteger por un lado a la adolescente, y por el otro a la persona por nacer y por el contrario, en lugar de proteger en definitiva se violan derechos de la chica".

Explicó también que, conforme nuestro Código Civil, la persona por nacer no es titular de derechos y la adopción únicamente se otorga respecto de personas nacidas vivas. "Se puede dar un bebé en adopción apenas nace y ese consentimiento se tiene que confirmar transcurridos 45 después del parto". aclaró.

"Es peligroso que se le está dando identidad a la persona por nacer. Se la transforma en entidad y se la pone por sobre los derechos de la chica abusada", dijo Lamm.

En igual sentido, Nora Maciel, Defensora oficial de Pobres y Ausentes de Corrientes manifestó que "lo llaman adopción prenatal pero no es tal porque no está previsto en nuestro ordenamiento juridico. Es una denominación técnica incorrecta. En lugar de esperar el nacimiento con vida, se hizo una selección de una pareja de la nomina de aspirantes al que se le iba a otorgar el futuro bebe".

Falta de Protocolo de la ILE

Para el Código Penal de 1921 el aborto es legal en argentina por causales, en caso de que corre peligro la salud o la vida de la mujer o si fue violada. En 2012, la Corte Suprema indicó a todas las provincias a adherir a un Protocolo Nacional de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Maciel explicó que en su provincia el Protocolo nunca se implementó. "Los médicos es instituciones no siguen una regla que garantice los derechos de las niñas o adolescentes", y señaló que en este caso a adolescente "la sometieron a un derrotero de entrevistas donde terminó diciendo que se arrepentía e iba a continuar con su embarazo porque le informaron que podía correr riesgo su vida, cuando conocemos casos muy avanzados en que se practica la ILE".

En tanto, la doctora en derecho y bioética destacó que se dio una "sucesiva violación de derechos" porque la chica tuvo la imposibilidad de acceder a información sexual y de denunciar los abusos que sufría por parte de su padrastro."Hubo una ausencia total del estado en cuanto a la protección de adolescente, sólo intervino a través del sistema de salud impidiendo que se realizar un aborto, condicionando su voluntad, y a través de la justicia".

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Lamm aclaró que en nuestro país se hacen interrupciones de embarazos de 23 semanas y más ya que el Código penal no fija plazo para realizarlas. Legalmente no hay una imposibilidad de hacerlo.

Asimismo, resaltó que este caso sienta un "precedente muy complejo y puede tener consecuencias directas en la autonomía reproductiva de las personas. Corremos un grave riesgo de que a quien pida una ILE y no tengan la suficiente información se las convenza de que continúe con un embarazo. Se condiciona su libertad"".

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