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A un año del rechazo de la Ley: "El debate permitió una habilitación social del aborto"

08 de agosto de 2019

Médicos, profesionales de la salud y feministas que acompañan a mujeres a abortar coinciden en que a partir de la discusión en el Congreso del año pasado y la expansión de la marea verde, el aborto dejó de ser un tabú y se masificó la información sobre los derechos. Pese a ésto, el acceso a una práctica segura sigue siendo un problema.

A un año del rechazo de la Ley, el aborto sigue siendo tema central en nuestro país. Mujeres y otros cuerpos gestantes siguen interrumpiendo sus embarazos arrastradas a la clandestinidad y muchas -las más pobres- continúan muriendo.

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Sin embargo, luego del debate en el Congreso y el avance de la marea verde se logró sacar el tema a la luz y quienes acompañan y los médicos que hacen Interrupciones Legales de Embarazos (ILE) aseguran que hay más información de cómo hacerse un procedimiento seguro conmedicación y de que socialmente el aborto está despenalizado en la Argentina.

Debido a que se trata de una práctica ilegal es difícil tener un cálculo exacto de la cantidad de abortos que se realizan en el país, El año pasado, durante su exposición en el Congreso el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein -hoy secretario por la desaparición de la cartera- estimó que se realizan 354 mil abortos clandestinos por año en Argentina, cerca de 41 por hora.

Se realizan 354 mil abortos clandestinos por año en Argentina, cerca de 41 por hora

Por su parte, las Socorristas en red -organización feminista que acompaña a lo largo de todo el país a quienes deciden abortar y no tienen más opción que hacerlo en la clandestinidad- dieron a conocer que en 2018 acompañaron a 7.581 personas en su decisión de abortar. De las cuales, 90 eran niñas de hasta 14 años y 1.069 eran jóvenes de entre 15 y 19 años. Adelantaron que en agosto de 2019 ya casi llegan a la cantidad de acompañamientos que hicieron año pasado.

Ruth Zurbriggen, socorrista e integrante de la colectiva feminista La Revuelta de Neuquén, dijo a minutouno.com que pese a que la votación en el senado fue negativa en 2018 “hubo una expansión tremenda de información, en relación a conocimiento del derecho a abortar en Argentina, sobre las causales de legalidad pero también sobre el uso seguro de la medicación para abortar”.

Las socorristas aseguran que lo ven reflejado en las llamadas telefónicas que reciben a diario: “La conversación denota la habilitación social, política y cultural con el tema del aborto. Las personas tienen menos vergüenza y menos necesidad de justificarse”.

En este sentido, aseguran que a partir de la explosión de la marea verde en 2018 hubo en Argentina una serie de clases públicas sobre el aborto que fueron las calles, las plazas, las aulas, las mesas familiares: “Se puso en el escenario público algo que estaba silenciado y estigmatizado. Las socorristas estamos siendo más demandadas pero en otro sentido tenemos menos trabajo porque las conversaciones tienen otro tenor,parten de otro piso, hay más conocimiento de los derechos”.

En ese mismo sentido, el doctor Mario Sebastiani, médico obstetra del Hospital Italiano y autor del Libro “#Aborto legal y seguro”, afirmó que “así como vemos en colectivos, subtes y trenes pañuelos verdes colgados de las mochilas de las jóvenes, hay una generación médica que hoy es compasiva con la mujer y comprende el modelo de reducción de riesgos. No hace condenas morales sino que ayuda con el asesoramiento. Recibiéndola cuando tuvo el proceso de aborto y controlándola".

Interrupciones legales

Estefania Cioffi, de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir señaló que el acceso al aborto legal - incluido en el Código Penal de 1921 para casos de violación y cuando existe peligro para la vida o la salud de la mujer- es muy distinto en cada ciudad y provincia.

La médica indicó que en el último año “hay más personas que se acercan a interrumpir sus embarazos de forma legal o a buscar su información en los centros de salud".

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Así fue la manifestación en la Plaza Congreso
Así fue la manifestación en la Plaza Congreso

Apuntó también que el recurso de la Red que lanzaron el año pasado después del rechazo en el Senado no da abasto: "Se nos cae la página de la cantidad de visitas que tenemos. La gente va con más información y mejor referenciada a los espacios en donde garantizamos interrupciones legales de embarazos”.

Las estadísticas de la Red en la Ciudad de Buenos Aires muestran que en 2018 hubo más de 4800 interrupciones - un gran número en los centros de salud y acción comunitaria (CeSAC)-, mientras que en 2017 llegaron a 1800 y en 2015 sólo 138. Sin embargo, hay aún casos en que se niega a este derecho a mujeres u otras personas con capacidad de gestar.

Guido Arinci, también integrante de la Red de Profesionales y dela Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, manifestó que muchas instituciones y profesionales se amparan en la objeción de conciencia para no cumplir con la ley. “El objetor de conciencia puede negarse a hacer la práctica pero le tiene que garantizar a la persona el acceso a la práctica vía otro profesional. Lo que sucede es que las mandan a las casa o les mienten, empiezan a retrasar las prácticas, le impiden el acceso”, relata.

En tanto, Sebastiani opinó que “las objeciones de conciencia generalizadas van en contrade la filosofía de la objeción de conciencia. No puede ser superior al derecho de una mujer ysi el médico no transfiere a la paciente a otro médico que pueda hacerle el aborto no se está cumpliendo con la ley”.

Cioffi señaló que, aunque la Provincia no adhiera al Protocolo de la ILE, los profesionales de la salud pueden garantizar el derecho a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2012. “Esto no sucede muchas veces y entonces la mayoría de las personas interrumpen el embarazo por fuera del sistema de salud”.

La problemática en el sector privado

Arinci contó que “aún cuesta mucho que se garantice la interrupción legal del embarazo en el sistema privado de salud y que las obras sociales las cubran”. La mayorías de las prácticas se dan el sector público.

“Las obras sociales y prepagas no quieren hacerse cargo de los costos porque la práctica no está en plan medico obligatorio. Por eso ésto se contempla en el nuevo proyecto presentado por la Campaña, que las personas con capacidad de gestar tengan la posibilidad de acceder a esta práctica por las obras sociales y las medicinas prepagas”, añadió.

Acceso a la medicación

Pese a que en el último año hubo una expansión sobre el conocimiento del aborto a través de medicación, existen más restricciones para el acceso a la misma. Y la principal barrera es el costo.

El precio de la caja de Misoprostol subió más un 400% entre 2014 y 2019, según un informe publicado recientemente por Proyecto Generar. Hoy su costo es de $6052,25, cerca de la mitad de un salario mínimo.

misoprostol

Las más perjudicadas son las mujeres de los sectores vulnerables, las más pobres.“Hay un abandono por parte del estado en relación a las regulaciones sobre los costos de la medicación para abortar. La ecuación es contradictoria porque hay una expansión sobre el conocimiento de la posibilidad de la medicación para el aborto pero más restricciones al acceso a partir del costo. Más laberintos clandestinizantes para conseguirlas”, explicó Zurbriggen.

Pese a que en 2018 se terminó con el monopolio de la producción del medicamento por parte del laboratorio Beta y apareció el Misop200, no es producida por laboratorios estatales y su la distribución pública es desigual en todo el país.

Sobre esto, Cioffi destacó que “la medicación es una variable absoluta de acceso. En los lugares en que tenemos medicación disponible claramente estamos garantizando más ILES dentro del sistema de salud. Cuando las personas tienen que comprarla por fuera, la posibilidad de acceder a un aborto seguro es mucho más complicada para quienes no tienen plata. La posibilidad de tener misoprostol en el sistema público de salud es elemental. Se comprobó con el caso de Rosario. en donde desde 2012 hay medicación disponible y no hay muertes por aborto”.

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