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Trabajaba en una fiscalía y robaba armas para venderlas por WhatsApp

16 de agosto de 2019

Una empleada judicial fue detenida acusada de robarse al menos ocho ejemplares para comerciarlos a través de las redes sociales con la ayuda de su pareja.

Una empleada de una fiscalía de San Fernando fue detenida acusada de robar al menos ocho armas del depósito judicial que habían sido secuestradas en operativos para luego entregárselas a su pareja, un hombre con antecedentes que también fue apresado, quien las vendía a delincuentes a través de redes sociales.

Los imputados fueron identificados por las fuentes como Pamela Giménez (37), quien trabaja con la categoría de oficial cuarta en el Área Correccional de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de San Fernando, y su pareja -con quien tiene una hija en común-, Matías Horacio Lermee (37).

La investigación se inició el viernes último cuando un informante obtuvo el dato de que ofrecían por WhatsApp armas de fuego robadas del depósito judicial de la fiscalía local.

"El hombre que vendía las armas le decía a sus compradores que estaba saliendo con una fiscal de San Fernando que se las conseguía", informó una fuente judicial.

Pero cuando empezaron a investigar a Lermee como el presunto vendedor de armas, vieron que no tenía vínculos con ninguna fiscal, pero sí con la empleada Giménez, con quien tenía fotos en su Facebook.

Debido a que en las fotos de las armas que aportó el informante se veía la numeración de algunas de las pistolas ofrecidas se comprobó que habían sido secuestradas en diferentes causas y faltaban del depósito de efectos de la fiscalía de San Fernando.

El informante decía que el vendedor de armas ofrecía alrededor de 17 revólveres y pistolas, aunque de todas éstas, ocho serían las robadas de la fiscalía, aclaró una fuente.

Los fiscales secuestraron los teléfonos de ambos y realizaron ayer la apertura de urgencia de los aparatos. Si bien habían borrado algunas fotos y chats, los peritos encontraron algún diálogo en el que Giménez le reclamaba a Lermee su parte por la venta de las armas que le había conseguido.

Incluso en la papelera de reciclaje de la galería de imágenes del celular de la empleada judicial, los pesquisas encontraron capturas de pantalla de sitios de venta de armas, con el precio de una Colt calibre 45 y una Bersa Thunder Pro 9 milímetros, dos de las pistolas que faltan de la fiscalía.

Giménez, quien trabajaba en la fiscalía desde 2010, fue detenida en su domicilio de San Fernando, donde se encontraron videos de cámaras de seguridad e hisopados y pericias de Policía Científica que ahora se investiga si son evidencias que comprometían a alguna banda.

Su pareja, Lermee, fue detenido en un domicilio del barrio El Detalle de Tigre y había estado preso en dos oportunidades: una en 2005 y otra en 2013, en una causa por encubrimiento de un robo automotor que tramitó en la UFI de San Fernando.

Ambos imputados fueron indagados por los fiscales Alejandro Musso y José Amallo, de la misma UFI de San Fernando donde trabajaba la imputada, pero del Área de Investigaciones Criminales, y otro externo, Patricio Ferrari, de la UFI de San Isidro; sin embargo se negaron a declarar y quedaron detenidos acusados de "peculado y sustracción de medios de prueba en concurso con provisión de arma de guerra".

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