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Amnistía Internacional advirtió al Estado por el asesinato de un hombre a manos de un policía de la Ciudad

22 de agosto de 2019

El organismo de derechos humanos condenó el accionar del uniformado, quien mató a un civil de una patada y reclamó medidas.

Mediante un duro comunicado, Amnistía Internacional se sumó a las voces que condenaron el asesinato de Jorge Martín Gómez a manos del policía de la Ciudad Esteban Armando Ramírez este lunes 19. Una cámara de seguridad registró cómo el uniformado le pegó una patada mortal en plena calle y sin que mediaran demasiadas palabras.

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"Amnistía Internacional condena el episodio y llama a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para investigar los hechos y en base a ello determinar las responsabilidades en el caso", dice el comunicado luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich justició el hecho.

También recuerda que "de acuerdo al derecho internacional, el Estado debe garantizar: que el uso de la fuerza sólo será utilizado como último recurso y de manera excepcional; que se garanticen las normas de proporcionalidad y necesidad en relación con la amenaza; que se respeten las garantías constitucionales y de derechos humanospara la protección de la vida de las personas".

Luego recuerda que "el Estado debe asegurar que ante un supuesto uso arbitrario de la fuerza por parte de la Policía, se investigue en forma rigurosa y se castigue como delito".

EL COMUNICADO COMPLETO

Jorge Martín Gómez falleció el lunes 19 de agosto tras recibir una patada de un agente de la fuerza de seguridad de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Amnistía Internacional condena el episodio y llama a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para investigar los hechos y en base a ello determinar las responsabilidades en el caso.

De acuerdo al derecho internacional, el Estado debe garantizar: que el uso de la fuerza sólo será utilizado como último recurso y de manera excepcional; que se garanticen las normas de proporcionalidad y necesidad en relación con la amenaza; que se respeten las garantías constitucionales y de derechos humanos para la protección de la vida de las personas.

Asimismo, el Estado debe asegurar que ante un supuesto uso arbitrario de la fuerza por parte de la Policía, se investigue en forma rigurosa y se castigue como delito.

La invocación del uso de armas de electrochoque tipo Taser en contextos como el ocurrido, refuerzan la necesidad de capacitar tanto a funcionarios como a fuerzas de seguridad para que estén en condiciones de evaluar situaciones que justifiquen una intervención, como así también valorar las amenazas existentes y en función de ello, dirimir las respuestas para garantizar que el uso de la fuerza sea siempre el último recurso y se implemente en proporción directa a dicha amenaza.

Amnistía Internacional ha advertido que este tipo de armas eléctricas solo deberían utilizarse en situaciones extremas y limitadas -cuando exista un peligro inminente de muerte o de lesiones graves- como sustituto de las armas letales y únicamente por personal de las fuerzas de seguridad capacitado.

Amnistía Internacional dará seguimiento a las medidas adoptadas para garantizar una investigación imparcial e independiente.

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