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Revuelta plebeya y fracaso neoliberal en Ecuador

17 de octubre de 2019

Doctora en Ciencias Sociales UNLP

Profesora invitada FLACSO Ecuador

Octubre constituye un punto de inflexión para el país andino. Por primera vez luego de dos años de implantación creciente de un programa pro-empresarial, el campo popular dio un zarpazo histórico. La confluencia masiva en las calles de organizaciones estudiantiles, sindicatos de transporte, movimientos ecologistas, indígenas y de mujeres durante doce días de protestas dio cuenta de la fragilidad del bloque dominante que hasta entonces parecía no mostrar fisuras.

La llegada de Lenín Moreno a la presidencia en mayo 2017 significó el inicio de otra fase política caracterizada por una nueva correlación de fuerzas. Pese a haber ganado la presidencia arropado bajo el movimiento político liderado por Rafael Correa, Alianza País, Moreno rápidamente forjó un bloque de poder en que confluyeron las cámaras empresariales, los principales grupos financieros y los medios de comunicación privados.

Estos tres habían sido los adversarios predilectos de la Revolución Ciudadana (RC), el proyecto político conducido por Correa hasta 2017. Como aliados de segundo orden, organizaciones indígenas representadas en la CONAIE y frente sindicales como el FUT, también adversarios a la RC, ofrecieron su apoyo al gobierno empresario-financiero.

La “descorporativización” que había gestionado la RC como condición para recuperar un Estado que históricamente había estado al servicio de intereses poderosos, llegó a su fin. Moreno, bajo el marco discursivo del “diálogo social”, cedió la agenda pública para ser capturada por aquellos.

Captura y des-correización eran las dos caras de la moneda. Así, se activaron ágilmente dispositivos para repartir el Estado entre las fracciones y sectores anti-populistas de derecha. Se convirtieron en ministros los operadores de las cámaras y empresarios vinculados al negocio bananero. Se autocondonaron deudas y facilitaron los mecanismos para la fuga de capitales.

Manifestaciones en Ecuador

El vicepresidente, no electo, fue designado de facto por los conglomerados mediáticos dominantes. Como devolución de favores, aquel prometió aprobar una nueva ley de comunicación que garantice la libertad de expresión. El movimiento indígena recobró espacios, como la rectoría de la educación intercultural bilingüe. Conflictos de intereses al desnudo.

Mientras tanto, la sociedad veía cómo lentamente el país de la última década se desguazaba (el desempleo y la pobreza aumentaron), y cómo el Estado de derecho se debilitaba. Funcionarios detenidos arbitrariamente, destitución de consejeros de organismos de control electos por el voto popular, proscripción de la fuerza política mayoritaria.

El último movimiento en esa dirección fue el acuerdo con FMI en marzo que viola los artículos 289, 419 y 438 de la Constitución. Para ese entonces, la aprobación a la gestión presidencial había caído a la mitad en tan solo un año; y 70% de la sociedad afirmaba estar arrepentida de haber votado al escudero del capital.

¿Qué sucedió, entonces, durante el octubre plebeyo? Un gobierno ya debilitado popularmente, aunque paradójicamente fuerte, subestimó la potencia movilizadora de la sociedad. Al día siguiente del anuncio presidencial de un decreto que eliminaba los subsidios a los combustibles, la capital de Ecuador amaneció convulsionada. Sindicatos de transportistas paralizaron el servicio a nivel nacional y se movilizaron para reclamar su derogación. Inmediatamente, la respuesta gubernamental fue el estado de excepción a nivel nacional.

Al cabo de dos días, los gremios depusieron la medida y fiel a su estilo, procuraron pactar sectorialmente. No obstante, la llama del malestar popular ya estaba encendida. Diversas organizaciones y movimientos convergieron para protestar contra la medida que, en rigor, era solo un componente del gran “paquetazo” por venir.

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Eliminación de impuestos que gravan las grandes fortunas, supresión de aranceles de importación, reforma laboral para reducir días de vacaciones y salarios, y privatizaciones de empresas públicas estaban a la orden del día.

Organizaciones indígenas movilizadas desde distintas provincias hacia la capital lideraron los últimos días de insurgencia popular. Aquellas no protestaban masivamente desde 2012. La agenda neoliberal encontraba, así, una clara oposición por parte de un actor que formaba parte de la alianza gubernamental.

Tres fueron las respuestas del gobierno a la crisis. Operativo de represión policial no visto en décadas, instalación de un discurso conspirativo que acusaba al correísmo y maduro de orquestar un golpe, y una obligada salida institucional.

Acorralado, el gobierno ya debilitado derogó el polémico decreto luego de negociar públicamente solo con la dirigencia indígena y no con los otros actores involucrados en la revuelta. Al siguiente día, la oligarquía, reflotando su más recalcitrante racismo, le cuestionó haber cedido ante la “indiada”.

Para compensar su derrota material, el gobierno le ofreció el botín simbólico más preciado. Los principales referentes del correísmo, entre ellos funcionarios electos, como la Prefecta de Pichincha, fueron apresados ilegalmente. Otros están siendo perseguidos. Incluso dirigentes indígenas fueron amenazados.

La sociedad volvió a la calma, periodistas del establishment celebraron poder apreciar ahora sí los espacios públicos limpios. La política institucional muestra su cara más coercitiva, pero el campo popular su rostro más digno y emancipador.

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