Causa Oil: los balances muestran que no se usó dinero del ITC para financiar empresas de Indalo

15 de noviembre de 2019

Todos los préstamos fueron previos a los pedidos de planes de pago por impuestos, pero Fiscalía los omitió. Hay un "resolución secreta" firmada por Abad.

Uno de los aspectos centrales de la acusación por la que se elevó a juicio la causa Oil Combustibles era el señalamiento acerca de que el dinero reformulado en planes de pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) era extraído de la petrolera para financiar a otras empresas del Grupo Indalo, descapitalizándola.

Sin embargo, este jueves fue desbaratada durante la última audiencia de indagatoria del empresario Fabián De Sousa, que detalló que el flujo de fondos de la compañía, oficializado en sus estados contables, permitía discernir que el dinero que había sido inyectado en adquisiciones y apuntalamiento de otras compañías era anterior al pedido de planes de pago de la AFIP y databa de 2011, 2012 y 2013, meses antes de la solicitud para acogerse a los planes del Artículo 32, según informó el periodista de ámbito.com, Gabriel Morini.

El empresario señaló también que los préstamos, además de devengar intereses a favor de Oil –algo que siempre había sido negado por la fiscalía- estaba además sustentado por aportes de los accionistas que capitalizaron al grupo en u$s 63 millones entre 2014 y 2017.

Según De Souza, nunca se peritaron para establecer por qué, entre otras cosas, habían sido declarados como parte del plan de negocios e inversiones que en 2011 había iniciado la petrolera. Allí estaban acciones del Banco Finansur, la aseguradora Providencia y los medios de comunicación.

Todos adquiridos con anterioridad a la solicitud de los planes particulares de refinanciación para el ITC. La sorpresa también la marcó el correlato casi exacto de una causa que ya había investigado a Oil Combustibles por haber ingresado el ITC en planes generales –abiertos para todos los contribuyentes- que había tenido el mismo origen periodístico, una denuncia de Elisa Carrió y una investigación penal, sólo que tres años antes, en 2013.

La causa a cargo de Sebastián Ramos culminó un año después con un sobreseimiento que no fue apelado por la fiscalía y concluyó en la inexistencia de delito, por una maniobra casi calcada a la señalada en 2016, que finalmente derivó en la quiebra de la petrolera.

El empresario se propuso enumerar las medidas que habían causado perjuicio fiscal por las que demandará civil y penalmente a los funcionarios que intervinieron. Así relató los pormenores de las modificaciones normativas que hizo la AFIP para impedir que Oil pudiera hacer frente a las deudas que empezaba a acumular desde la “declaración de guerra” del presidente Mauricio Macri en marzo de 2016.

Incluso, reveló que existe una resolución “secreta” N° 395/16, que fue firmada por Abad, que impidió específicamente a la petrolera ingresar en los beneficios que planteaba la Ley de blanqueo de capitales, que incluía una amplia moratoria con requisitos laxos. Esa decisión se había apoyado en un dictamen del jefe de Asuntos jurídicos de AFIP, Eliseo Devoto, quien en una suerte de documento premonitorio, afirmó que no debían ingresar porque “próximamente”, Cristóbal López y De Sousa iban a ser procesados.

De hecho, planteó otra singularidad inexplicable: al momento de sentar la denuncia, tras la nota en el diario La Nación que hizo estallar el caso, la AFIP no había adoptado una sola medida administrativa (de manera oficial) que les permitiese afirmar que había alguna clase de deuda exigible. Según constató un escribano, por sistema, había una deuda de $2684, ridículamente inferior a todo lo que se había señalado públicamente. Sin embargo, logró medidas cautelares para congelar todos los fondos durante meses de 34 compañías relacionadas. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revocó la medida y sostuvo que no debía habérsela otorgado, pero más de un año después.

La maniobra para intentar colapsar al grupo había tenido otros partícipes finales y necesarios: los interventores de Oil -Francisco Cárrega, Liuba Lencova y Carlos Bianchi-, este último de lazos estrechos con el propio Abad. En seis meses, terminaron por liquidar la petrolera y luego intentaron un reclamo multimillonario de honorarios.

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