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Peajes: la Procuración entregó a la Justicia una prueba clave y complicó más la situación de Macri y Dietrich

04 de diciembre de 2019

El Procurador del Tesoro había desestimado por "prescripto" el reclamo de Ausol al Estado argentino. A pesar de ello, el Gobierno le pagó 500 millones de dólares a la empresa de la que el propio Presidente era socio y accionista para poner fin a la disputa legal.

Después de meses de dilaciones, la Justicia recibió finalmente este miércoles el dictamen que había emitido el ex Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, en el que rechazaba por "prescripto" el reclamo iniciado por la empresa Ausol contra la Argentina en el Ciadi.

A pesar de contar con este dictamen, el gobierno de Mauricio Macri autorizó el pago de 500 millones de dólares a la empresa de la que el propio Presidente era socio y accionista para poner fin a la disputa en el Ciadi que, de acuerdo con los abogados del Estado, era improcedente.

Según reveló Página/12 se trata de una prueba clave en la causa que investiga los negociados de los peajes de la Panamericana y Acceso Oeste. Hacía varios meses que el juez Rodolfo Canicoba Corral le reclamaba al gobierno de Macri el dictamen que había emitido en su momento el ex jefe de los abogados del Estado ante el Ciadi.

En ese documento se le reclamaba al tribunal internacional la bifurcación del caso que se había abierto tras la demanda presentada por la controlante de ambas empresas -la española Abertis- contra la Argentina por 1.721 millones de dólares. El pedido de bifurcación apuntaba a que el Ciadi investigara la cuestión de fondo, pero al mismo tiempo abriera un expediente para establecer si correspondía o no que interviniera en el caso, teniendo en cuenta que las concesionarias no habían agotado las instancias judiciales locales.

Además, Balbín rechazaba de plano el pleito por entender que el reclamo empresarial estaba “prescripto”, por lo tanto, no avalaba el pago que finalmente realizó el gobierno de Macri.

Según consignó ese medio este miércoles "el dictamen que el Gobierno se negaba a entregar podría comprometer seriamente al Ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al propio Mauricio Macri, quienes están acusados de haber actuado en connivencia con Autopistas del Sol S.A., -de la cual el Presidente saliente era socio y accionista– para arrancarle al Estado 500 millones de dólares a cambio de levantar aquella demanda ante el Ciadi. Es decir, que esa denuncia podría haber sido una gran puesta en escena para lograr el pago millonario, sin auditorías previas y en tiempo récord. Tal vez por ese motivo el sucesor de Balbín en la Procuración, Bernardo Saravia Frías - abogado de la familia Macri y miembro de la mesa judicial de Cambiemos- demoró durante cinco meses la entrega de ese documento".

Este jueves declarará otro testigo que podría abrir nuevas aristas en la investigación. Se trata de Gustavo Gentili, el ex Director del extinto Órgano de Control de la Concesiones Viales (Occovi), quien firmó en 2015 dos informes reservados que fueron ignorados en su momento por la gestión de Javier Iguacel a cargo de Vialidad Nacional.

Los estudios sobre la situación de la concesionaria del Acceso Norte eran lapidarios: señalaban maniobras de evasión impositiva, distribución encubierta de dividendos, obras incumplidas y endeudamiento temerario, al tiempo que rechazaban la compensación millonaria que reclamaba la firma. Sin embargo, cuando asumió el macrismo, las nuevas autoridades de Vialidad desoyeron esos expedientes internos y la concesión de Ausol debía haberse caído por los graves incumplimientos. Sin embargo, consiguió el levantamiento de la intervención -que había sido impuesta en la gestión anterior-, la prórroga del contrato por decreto con múltiples beneficios y el reconocimiento de los 500 millones de dólares por parte del Estado por supuestas inversiones no amortizadas.

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