14 de abril de 2020

La Argentina es uno de los países con más cantidad de personas envejecidas de toda la región y con una tasa de protección en la seguridad social que ronda el 97 por ciento. Según el último censo nacional del 2010, la población residente en geriátricos era del 1,3 por ciento; cifra que está muy por debajo de la cantidad institucionalizada en países como España, que tiene más del 4 por ciento de adultos mayores en situación de dependencia.

La mayoría de éstos establecimientos son de administración privada y muchos de ellos de gestión familiar con escaso control gubernamental; pero también existen residencias públicas y otras pertenecientes a diversas organizaciones de la sociedad civil como, por ejemplo, las de las iglesias evangélicas.

En la actualidad, se estima que unos 100 mil adultos mayores viven en algunos de estos albergues en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires hay más de 500 hogares. En 2018, dentro de las dependencias públicas, la cantidad de residentes se situaba en más de 1200 sobre un universo de 2000 plazas y en los privados cerca de 16 mil, de un total de 558 geriátricos evaluados.

Lamentablemente el sistema de vigilancia e inspección de dichos hogares queda limitado a las autonomías provinciales o municipales quienes, comúnmente, sólo verifican las condiciones de habilitación olvidando la protección de los derechos básicos de dignidad, cuidados e independencia de los adultos mayores.

El hacinamiento, la carencia de personal adecuado, las malas condiciones para el acceso a la salud y el escaso registro que presentan a lo largo y a lo ancho del país, sumado a la ilegalidad en la que muchas de ellas funcionan hace que, en el contexto que nos toca transitar con la aparición del coronavirus(COVID-19), todo esto se transforme en caldo de cultivo y que nuestros mayores queden a la buena de Dios. Una verdadera bomba a punto de estallar.

En lo que va de la aparición de la pandemia, hemos visto con horror por lo menos cuatro situaciones preocupantes. En la provincia de Córdoba, un médico que atendía en una de éstas entidades contagió a varios residentes, a otros adultos mayores que se atendieron en su consultorio y a una parte del personal que prestaba labores.

En la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, un geriátrico sin habilitación sufrió la embestida del virus que mató, al menos, a un anciano y obligó de urgencia a aislar al resto, según informaron desde los medios de comunicación.

La ciudad de Buenos Aires no estuvo ajena al caos y también padeció de algo similar al inicio del “aislamiento preventivo, social y obligatorio” que se instauró el 20 de marzo en todo territorio nacional. Sin embargo, las condiciones en materia sanitarias y de infraestructura que posee la Capital Federal, hizo que se activaran todos los mecanismos de seguridad y que los institucionalizados sean evacuados de manera rápida y algo eficiente a hospitales públicos.

Hasta el momento, según informó el gobierno nacional, no hemos alcanzado el pico de infectados. Esto obedece, según los expertos, a las buenas prácticas de confinamiento que las autoridades dictaron antes de que el virus se esparciera abiertamente por todo el país.

Aunque la edad promedio de los contagiados oscila en los 45 años; la de los fallecidos, en cambio, demuestra claramente que afecta a la población adulta mayor. El 79 por ciento de los decesos acaecidos por el virus responde a personas de 60 años y más.

Si bien se han elaborado una serie de protocolos y recomendaciones por parte de las autoridades, y desde el PAMI, la realidad indica que el exceso de pautas escritas no se condice con la práctica. Es el propio personal y los residentes los que confeccionan sus tapabocas y materiales de protección. Carecen de barbijos, guantes, alcohol e insumos de limpieza o desinfección. La asistencia no llega y cada una ellas han de crear sus propios kits de manera casera.

Desde las diferentes instituciones que nuclean a los gerontólogos y geriatras del país, se ha solicitado la creación de un comité de crisis que articule no sólo las políticas de albergue, sino también de todas las cuestiones relacionadas al pago de las jubilaciones y pensiones, como así también las que promuevan la integridad de derechos y la salud de éste grupo etario.

La Argentina aún está a tiempo de dar un golpe de timón y de tomar todas las medidas de urgencia antes de que pueda suceder una explosión en el número de contagios. Nuestro país debe tomar como ejemplo lo que aconteció en España, donde más de 10 mil ancianos fallecieron dentro de las residencias de larga estadía en lo que va del transcurso de la epidemia sobre un total de casi 19 mil muertos.

El panorama español nos debe motivar a no cometer el mismo error y a tomar el toro por las astas antes de que la bomba explote y las muertes proliferen.

Para ello, el relevamiento de las instituciones, la capacitación del personal, la desinfección de las instalaciones, la entrega de material sanitario y de cuidado, la provisión de redes de apoyo y de tecnología, la contratación de médicos geriatras, la vinculación estrecha con diferentes instituciones públicas dedicadas a la atención de las personas mayores, la interacción con diversas entidades sociales, como universidades y organizaciones no gubernamentales, para facilitar el acceso a auxiliares de apoyo para el momento más álgido de la evolución del virus cuando falte personal para asistir a las residencias, es el gran desafío y una de las prioridades que deben adoptarse de forma urgente.

A lo mejor estos consejos o recomendaciones pecan por ser alarmista o extremista, pero como bien afirmó el Presidente de la Nación, Alberto Fernandez: "Dios nos dio una oportunidad, nos dio tiempo para prevenir el avance del virus". Es hora de mirar hacia dentro de las residencias de larga estadía y de visibilizar lo invisible.

* Abogado especialista en derecho de la previsión y seguridad social. Periodista especializado en personas mayores

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