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Ordenan testeos inmediatos en un geriatrico ante la sospecha de coronavirus

Por: Vanesa Petrillo
27 de mayo de 2020

Un juez de la Ciudad de Buenos Aires falló a favor de una medida cautelar solicitada por el dueño del establecimiento.

Un juez de la Ciudad de Buenos Aires ordenó testeos en un geriátrico del barrio de Devoto ante la sospecha del caso de una trabajadora con posible Covid-19, al hacer lugar parcialmente a una medida cautelar solicitada por el dueño del establecimiento.

Además, el magistrado recomendó a la administración de Horacio Rodriguez Larreta “evaluar un plan de testeos periódicos” para los pacientes y trabajadores del geriátrico.

La medida fue adoptada por el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Pablo Mántaras, a partir de la supuesta “inacción” del Gobierno porteño a efectuar los testeos y brindar una respuesta adecuada a la justicia.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había rechazó el pedido al argumentar que desde el Ministerio de Salud de la Nación se recomendó ser “prudentes con la utilización de insumos para evitar un mal mayor”.

El dueño del geriátrico “San Marino”pidió, también, la implementación de un protocolo urgente e inmediato de “testeos rápidos” semanales para la detección de coronavirus en todos los “residentes” y empleados del establecimiento. Dicho geriátrico está ubicado en la calle Lamarca 4857 del barrio de Villa Devoto.

El titular del hogar denunció "la inacción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires afectaba la vida, la salud y al pleno goce de los derechos de las personas mayores”.

“San Marino” es una empresa familiar con más de cuarenta años en el rubro, que se ocupa del cuidado de personas mayores. El establecimiento presta los servicios de alojamiento, alimentación, actividades de prevención, recreación y asistencia diaria de personas mayores, con un control médico periódico.

Su dueño explicó que tiene 71 camas habilitadas, de las cuales 56 se encontraban ocupadas. Los empleados del establecimiento geriátrico ascendían a 27, por lo que la comunidad de personas que interactúan en el establecimiento son 83.

El 14 de mayo había solicitado a la Directora General de Planificación Operativa del Ministerio de Salud porteño, mediante Carta Documento, que arbitrara los medios necesarios para que, de manera urgente e inmediata, se realizaran testeos masivos de Covid-19 por PCR con frecuencia semanal (como mínimo) de todos los residentes y personal de trabajo de la institución geriátrica. Señaló que había realizado similares peticiones mediante e-mails, que acompañó. Hizo hincapié en la falta de toda respuesta a los requerimientos.

Precisó que en la actualidad la situación del geriátrico se había agravado, en tanto “habían aparecido dos casos sospechosos de Covid-19 entre el personal trabajador”.

El dueño del geriátrico pidió el dictado de una medida cautelar para que se ordenen los testeos. Frente a los pedidos de la justicia, el gobierno porteño argumentó que “el requerimiento de la actora colisionaba con las políticas públicas de prevención que están llevando a cabo coordinadamente el Estado nacional y local, y recordó que, al deponer ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el Ministro de Salud, Dr. Ginés González García, manifestó que ante esta pandemia se habían producido dificultades en la provisión de insumos médicos por la ausencia de oferta, por lo cual ante el faltante se debía ser por demás prudentes con su utilización, a fin de evitar un mal mayor”.

Además los representantes del gobierno de la Ciudad Larreta remarcaron que se trata de una institución privada y que como tal no se encontraba impedida de adquirir y abastecerse de los testeos.

El juez Mántaras sostuvo que el gobierno de la Ciudad “no ha dispuesto la realización del test de la trabajadora, ni ha verificado que el establecimiento contara con infraestructura necesaria a fin de aislar al personal que hubiera tenido contacto con los casos sospechosos de COVID- 19, en cumplimiento del protocolo. Por el contrario, el GCBA no ha podido acreditar frente al requerimiento del Tribunal que ha brindado una respuesta adecuada y suficiente en sede administrativa”.

“Se observa que la inacción de las autoridades sanitarias, contrastada con sus propios protocolos, tiene entidad para afectar de manera grave el derecho a la salud y a la vida de los residentes y trabajadores del centro “San Marino”, dice la resolución publicada por el sitio “ijudicial”.

El magistrado ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que de forma urgente realice los testeos correspondientes a la detección del virus COVID-19 a la Sra. M.C.N y, asimismo, garantice sus adecuadas condiciones de aislamiento. Por “razones de prudencia frente al grupo de riesgo involucrado aconsejan la realización del testeo ─también en forma urgente─ a todos los residentes y al personal trabajador del establecimiento geriátrico “San Marino”, concluyó.

“En presencia de casos sospechosos (los cuales, eventualmente y de resultar alguno de ellos positivo, podrían haber dado lugar al contagio de los residentes y/o del personal del hogar), resulta procedente el planteo cautelar efectuado, consistente en requerir la realización de un testeo inicial de todos los miembros del colectivo representado. En especial, ante la renuencia demostrada por el GCBA a adoptar tales medidas, frente a las diferentes presentaciones efectuadas por el amparista en sede administrativa”, dice el fallo.

El fallo establece que “corresponde ordenar al GCBA que, a través del Ministerio de Salud, evalúe la conveniencia de establecer un plan de testeo periódico del personal y residentes del establecimiento “San Marino”, con sustento en recomendaciones científicas o médicas y/o protocolos de actuación aplicables a los establecimientos”.

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