La transparencia, el camino hacia un Estado más fuerte

Por: Mariana Inés Gagliardi
24 de junio de 2020

En medio de una pandemia como la del coronavirus, si la rendición de cuentas es clara, el Estado se fortalece.

Diferentes crisis sanitarias ocurridas en el mundo tienen que haber servido para aprender de los errores y aciertos que se cometieron. Una investigación realizada por auditores de la Cruz Roja confirmó que durante la pandemia de Ébola se perdieron más de 5 millones de dólares que podrían haber servido de ayuda para contener el brote de la enfermedad en el oeste de África, a causa del fraude y la corrupción: se encontraron suministros con sobreprecios, salarios para trabajadores de ayuda inexistentes y facturas de aduanas falsas. Esto pone en el centro de la escena la importancia de redoblar esfuerzos en el control de los recursos públicos durante las emergencias sanitarias; una instancia fundamental para corroborar que los mismos estén al servicio el bienestar social.

Actualmente, en otras latitudes del mundo, la necesidad de diseñar e implementar políticas que aminoren el impacto socioeconómico del COVID-19 ha sido acompañada de estrictas medidas de supervisión que permiten encontrar un orden en la urgencia y la falta de previsión. Un ejemplo de ello es el caso de México, donde —al igual que en la Argentina— se ejerce un tipo de control expost; es decir, que se realiza sobre sucesos o decisiones que ya han sido tomadas. Así, la Auditoría Superior de la Federación firmó un convenio para acceder a información sobre las compras y las obras públicas, detectar irregularidades y supervisar el uso de los recursos. Otro ejemplo es el de Chile, donde se le otorgó una facultad especial a la Controlaría General para intervenir y auditar en este contexto.

La Ciudad de Buenos Aires no es ajena a esta situación y, desde el comienzo del aislamiento social obligatorio, se denunciaron públicamente varios casos de licitaciones con supuestos sobreprecios, compras de insumos vencidos o contrataciones de empresas asociadas a funcionarios del Gobierno del Ciudad. De ese modo, siendo uno de los distritos más afectados por el Covid-19 en la Argentina, existe la necesidad y la urgencia de resguardar los recursos de las y los porteños para brindar respuestas adecuadas que fortalezcan el sistema de salud y alivien económicamente a quienes la coyuntura ha puesto en aprietos.

Por eso, vengo manifestando mi preocupación con la dilatación a la hora de constituir la Comisión Especial de Fiscalización y Seguimiento en la Legislatura porteña, la cual tendría la función de llevar adelante un seguimiento de las compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad en el marco de la pandemia. La necesidad de transparencia en este contexto se impone como una exigencia ética y el Poder Ejecutivo debe actuar en consecuencia, informando todas los detalles del destino de los fondos de la CABA.

Muchas veces el ejercicio del control externo se concibe como un obstáculo, pero la realidad demuestra que sucede todo lo contrario: es la garantía de que las decisiones fueron adoptadas de forma legal, diagramando el presupuesto de la manera más eficiente y en beneficio de todas y todos. De hecho, una de las principales funciones de organismos como la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires es la de realizar recomendaciones que potencien las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo, sirviéndose de la alta capacitación técnica del personal de la casa.

Esto es una prueba más que demuestra que en tiempos de crisis, los procesos de control y la transparencia son imprescindibles. Tenemos que trabajar para prevenir el gasto injustificado de recursos generando mayor confianza en los ciudadanos. Si la rendición de cuentas es clara, el Estado se fortalece.

Por eso, la conformación de la Comisión en la Legislatura tiene que ser un hecho y, en ese marco, debe existir una convocatoria a la Auditoría de la Ciudad, a fin de tomar provecho de su expertise en materia de fiscalización y sus recursos humanos, asegurando el control adecuado en la gestión y el buen uso de los recursos públicos. En este contexto de emergencia, es necesaria la voluntad política de transmitir consistencia y transparencia en el abordaje de esta pandemia que ha trastocado la vida de todos y todas.