19 de julio de 2020

El fiscal Juan Pablo Curi, a cargo de la Fiscalía Federal de Dolores, pidió al Juzgado Federal de Dolores, a cargo del doctor Alejo Ramos Padilla, llevara juicio la causa “CASTRO, JUAN ELEODORO Y OTROS s/ IMPOSICIÓN DE TORTURA” -que tiene como imputados a cuatro familiares directos de uno de los miembros de la banda parapolicial de Aníbal Gordon, quienes están acusados de transferir bienes, procedentes de delitos de lesa humanidad en el mercado legal.

La causa apunta a los hijos e hijas de Leonardo Save, uno de los integrantes de la denominada “Banda de Aníbal Gordon”, la cual funcionaba al servicio de la ex SIDE, en el centro clandestino de detención y torturas, conocido como “Automotores Orletti”.

A su vez, la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo del Carlos Cruz, siguiendo los nuevos lineamientos de política criminal del organismo, se presentó como parte querellante en esta causa, a la vez que retomó el impulso procesal en causas donde se analiza el lavado de activos en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-económico-militar.

Entre las causas en que la UIF retomó su rol querellante, luego de que fueran desatendidas por el organismo durante los últimos cuatro años, puede mencionarse: la causa Nº 1376/2004 caratulada “ACOSTA, Jorge Eduardo y otros s/ Apropiación de bienes” en trámite ante el TOF Nº 5 y la causa Nº 13340/2008 “VILDOZA, Jorge y otros s/ Delitos de acción pública”, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 12.

Por su parte, el fiscal Juan Pablo Curi, a cargo de la Fiscalía Federal de Dolores, analizó distintas maniobras de compraventa de inmuebles realizadas a través de escrituras públicas, boletos de compra-venta a precios irrisorios y/o actos simulados con la participación de personas y con identidades falsas. Esos inmuebles fueron adquiridos en el año 1976 por Leonardo Save con dinero proveniente de secuestros, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad y homicidios cometidos por dicha banda en el marco del Terrorismo de Estado.

La prueba recabada a lo largo de la investigación estableció que la compra de las parcelas fue realizada en octubre de 1976 con parte del dinero sustraído de la vivienda de Alberto Cecilio Mechoso Méndez, miembro del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y víctima de la organización, durante su secuestro. Así, en base a las pruebas reunidas durante la investigación el Fiscal Curi ha solicitado que la causa sea elevada a juicio oral y público.

La apropiación de bienes de las y los detenidos-desaparecidos es considerado un delito de carácter imprescriptible por lo que, desde el organismo, se solicita avanzar con las investigaciones del lavado de activos con origen en dichos actos, en claro compromiso con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia a las que suscribe la UIF en línea con lo establecido por las políticas de estado.