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Tras la anulación de un decreto de Macri, los precios de YPF quedaron rezagados

24 de julio de 2020

Se trata del Decreto Nº 1053 firmado por Mauricio Macri en 2018, que frenó las inversiones en el sector y compensó a las distribuidoras de gas por casi u$s400 millones en 30 cuotas por las pérdidas ocasionadas por la fuerte devaluación de dólar.

La industria energética se puso en alerta luego de que el Senado rechazó el DNU que emitió el gobierno Mauricio Macri para que el Estado se haga cargo de la deuda que se generó entre distribuidoras y productoras de gas por la brusca devaluación de 2018.

La historia se remonta a noviembre de 2017, cuando el por entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, convocó a los productores, distribuidoras y transportistas de gas para establecer las bases y condiciones para la comercialización del gas. Allí, se fijaron precios uniformes para cada una las cuencas y volúmenes específicos por un plazo de dos años, pero en un hecho inédito, los contratos se establecieron a un tipo de cambio variable en dólares.

Entonces, el macrismo estableció en el artículo 7 del DNU 1053 un mecanismo por el cual el Estado Nacional asumió esa deuda entre privados que se había generado por las “bases y condiciones” ideadas por Aranguren con las empresas y la aprobación del Enargas.

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Desde 2015, los precios de la electricidad variaron en un 1802% y los del gas en un 108%.

Desde 2015, los precios de la electricidad variaron en un 1802% y los del gas en un 108%.

Si bien el DNU 1053 salió el 16 de noviembre de 2018, recién un año más tarde se determinó el monto a pagar por las compensaciones, en $ 24.524,71 millones. Las distribuidoras habían recibido el suministro de gas pactado en dólares a un tipo de cambio de $20,18 (abril 2018) y al momento de pagarles a las productoras, la divisa se disparó a $37,40 (septiembre mismo año).

El gobierno anterior intentó sin éxito trasladar ese costo a los usuarios en 24 cuotas. Como la propuesta del entonces secretario de Energía, Javier Iguacel, no prosperó, se decidió que el Estado se hiciera cargo de la deuda de $ 24.524,71 millones, comenzando a pagarla en 30 cuotas a partir de octubre de 2019, aunque solo se hizo un solo giro de $ 817,49 millones que se pagaron el 6 de diciembre, cuatro días antes de iniciar el gobierno de Alberto Fernández.

Del total, YPF es a quien le corresponde el monto mayor entre las petroleras, con $6795 millones, ya que es el principal oferente en el mercado de gas residencial. Pero también tienen saldos a cobrar Total ($2356 millones); Pan American Energy ($2122 millones); Pampa Energía ($1218 millones); Wintershall ($962 millones); Tecpetrol ($635 millones); Pluspetrol ($476 millones); CGC ($409 millones), y Vista ($34,6 millones), entre otras. Pero además, el Estado le debe por este concepto $8903 millones (36% del total) a Enarsa, la empresa estatal a cargo de las importaciones de gas.

Una mirada inmediata a los distintos sectores de la energía refleja disparidad de trato en los últimos años, mientras algunas empresas vinculadas con funcionarios del gobierno de Cambiemos recibían transferencias, otras se veían perjudicadas. Desde 2015, los precios de la energía eléctrica variaron 1.802% y los del gas 108%. Los precios de los combustibles recortaron 34% en este lapso. Ese costo que pagaron los usuarios les permitió a las empresas de servicios públicos obtener rentabilidad.

Mientras Edenor, Camuzzi y otras compañías se alzaron con rendimientos importantes, los productores de hidrocarburos que resultan ser la base de la generación de electricidad y la distribución de gas, veían caer su rentabilidad.

YPF, por ejemplo, petrolera estatal tuvo enorme retroceso en sus ingresos, con un retraso total en cuatro años del 34% en dólares en el precio de sus combustibles. Una de las consecuencias de esa pérdida de rentabilidad en el sector fue la caída en la producción del gas. Hoy como consecuencia de esa política, el país podría verse obligado a importar gas si no se adoptan incentivos adecuados.

Así las cosas, los precios de los combustibles frenan la inversión. Si la mira se pone en los surtidores el panorama no es mejor. Los precios están lejos de ser los más caros del mundo, aunque para los bolsillos locales diezmados por la crisis, casi todo es caro en pesos aunque sea barato en dólares.

En Italia, por ejemplo, el litro de nafta representa u$s 1,61; en España u$s 1,33; en Uruguay u$s 1,26 y en Chile u$s 1,01. En la Argentina, el litro de nafta se paga u$s 0,8 y está por debajo del promedio que es u$s 0,9.

Precios combustibles

En junio de este años, el Ministerio de Desarrollo Productivo -del cual depende la Secretaría de Energía- decidió avanzar con el pago de seis de las cuotas atrasadas, como un gesto hacia las productoras antes de lanzar el nuevo Plan Gas 4, que daría incentivos a la producción para que no falte el suministro en el invierno del año que viene. Sin embargo, a los pocos días tuvo que suspender la operación, luego de que el Enargas iniciara una denuncia penal contra la administración anterior por establecer los contratos que generaron esa deuda.

Y fue mismo el fiscal Guillermo Marijuán quien el martes pasado imputó Aranguren por presunto "incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles", en relación con los contratos que fijaron el precio del gas en 2018.

La imputación recayó también sobre el expresidente del Enargas Ezequiel Roitman, el ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía Marcos Pourteau, la ex gerente de Legales del Ente Marcela Valdez, y el resto del directorio del organismo regulador.

“Debido al escándalo que en su momento se produjo por la fuerte devaluación de octubre del 2018, el gobierno de Macri decidió trasladar el costo de la devaluación, US$ 393 millones, a todos los contribuyentes mediante afectación del Presupuesto Nacional, a través del Artículo 7 del Decreto 1053/2018”, recordó al respecto la actual conducción del Enargas.

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