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Caso Santiago Maldonado: la denuncia del Gobierno se acumularía a otra en la que está acusada Patricia Bullrich

Por: Vanesa Petrillo
04 de agosto de 2020

Por conexidad, la denuncia que hizo el Gobierno pasaría a ser investigada como parte de un plan criminal encabezado por Bullrich contra la comunidad mapuche.

La fiscalía a cargo de Carlos Rívolo, que interviene junto al juez Sebastián Casanello en la nueva denuncia del gobierno, consideró que por “conexidad” debe pasar al juzgado de María Eugenia Capuchetti donde hay una presentación similar y más amplia realizada el año pasado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

El ministerio de Seguridad que conduce Sabina Frederic denunció a Nocetti y a directores de Gendarmería Nacional por las decisiones y el accionar llevados a cabo en los operativos de despeje el 1 de agosto del año 2017 en la Ruta Nacional 40, Paraje Leleque, provincia de Chubut, que tuvieron como consecuencia la desaparición de Santiago Maldonado.

santiago maldonado

En junio de 2019, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) denunció en la justicia a la ministra Patricia Bullrich, y a su exjefe de Gabinete, Noceti, y otros funcionarios de la cartera, como autores de un plan criminal ejecutado contra las comunidades mapuches.

La denuncia de la APDH había quedado radicada en el Juzgado Federal Nª5 de María Eugenia Capuchetti, y alcanza también al ex secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Legislativos y Ministerio Público Fiscal, Gonzalo Cane y al secretario de Seguridad, Gerardo Milman. Ahora, Capuchetti deberá definir si acepta la competencia en la denuncia que efectuó el Gobierno.

El organismo de Derechos Humanos denunció el año pasado que el Estado implementó un plan de despojo y represión hacia las comunidades mapuches, y que desembocó en la muerte de dos jóvenes, la de Santiago Maldonado, durante la represión de Gendarmería en Chubut en agosto de 2017 y también la de Rafael Nahuel. Ésta última ocurrida en noviembre de ese año en Río Negro durante un desalojo realizado por Prefectura.

El Gobierno acusó a los ex funcionarios por los delitos de incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público.