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La Campaña por el Aborto Legal rechazó la restricciones al protocolo ILE en la Ciudad

05 de agosto de 2020

Alertaron que la incorporación de plazos de edad gestacional y la objeción de conciencia institucional alteran el contenido de la ley y son modificaciones inconstitucionales que se convierten en un obstáculo para la implementación del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo en la Ciudad.

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El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta anunció en la tarde de este lunes a través de sus cuentas en redes sociales que no iba a vetar la adhesión al Protocolo ILE pero adelantó que "el Poder Ejecutivo de la Ciudad impulsará un conjunto de medidas para fortalecer la prevención del embarazo no deseado y brindar información y opciones de acompañamiento que garanticen el pleno discernimiento de la elección".

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, Larreta determinó además que la ILE se podrá realizar hasta la semana 24 del embarazo, la interrupción posterior solo podrá "encuadrarse en los causales de riesgo grave e inminente de vida de la madre", y que se va a precisar "el ejercicio de la ILE en el contexto de instituciones con un ideario fundacional contrario a la práctica del aborto", abriendo la puerta a una posible objeción de conciencia institucional.

Desde la Campaña aseguraron que "los anexos presentados tienen restricciones inaceptables, que alteran el contenido de la ley" e indicaron que "toda restricción del derecho es inconstitucional al avanzar el Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo".

Según apuntaron, en el gobierno de la Ciudad pretende establecer la obligatoriedad de las consultas interdisciplinarias para garantizar el acceso a ILEs que no está presente en el protocolo al cual adhirió la Ciudad. "La interdisciplina supone un acompañamiento de mayor calidad y un apoyo fundamental para quien la solicite. Sin embargo, no puede ser un obstáculo para la práctica del aborto".

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Por otro lado, alertaron que el anexo indica plazo respecto de la edad gestacional, "incorporando exigencias que la Ley no contempla" ya que "no determina plazos para la garantía del derecho a la ILE". El artículo 86 del Código Penal de la Nación, ratificado por el fallo FAL de la Corte Suprema en 2012, no incorpora plazo alguno para las causales establecidas.

Por último, la Campaña mostró preocupación por la idea de establecer una objeción de conciencia institucional, cuando el protocolo señala la objeción de conciencia individual. "El derecho a la interrupción del embarazo, en tanto derecho humano a la salud, debe ser garantizado en todo el sistema de salud, sean instituciones privadas, de obras sociales o públicas".

"Los anexos presentados por el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta no respetan la labor y decisión legislativa, desoyen la voz ciudadana representada democráticamente e imponen restricciones que limitan el derecho universal al acceso de las Interrupciones Legales del Embarazo. La Ciudad de Buenos Aires tiene una deuda con los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes. La ILE ya es derecho, en este contexto de pandemia garantizarlo es una urgencia", dice el cierre del comunicado.

Por otro lado, este viernes y sábado a dos años del rechazo del Senado a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) la Campaña “volverá a exigir" a través de jornadas federales "aborto clandestino nunca más” y el tratamiento de la ley enviada al Congreso en 2019. Las acciones con las que se le dará visibilidad a este reclamo tendrán lugar en las redes sociales, por las condiciones que impone el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El viernes a las 18 se realizará el evento “La construcción transversal por #abortolegal2020” que consistirá en entrevistas a senadores y senadoras nacionales de todos los bloques a cargo de Marina Abiuso y Gabriel Sued, con la participación de las integrantes de la Campaña, Cristina Ércoli y Jenny Durán.

El sábado, a partir de las 11, se realizará la jornada “A la clandestinidad no volvemos nunca más” que consistirá en un “Redazo federal” para denunciar las consecuencias de las obstaculizaciones, muertes y criminalizaciones de mujeres que buscaron procurarse una IVE desde el 8 de agosto de 2018 -día en que el Senado rechazó el proyecto de ley- a la actualidad.

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