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Buscan modificar una ley orgánica de 1958 para llevar paridad de género a los concejos

05 de septiembre de 2020

El proyecto fue presentado por la Red Federal de Concejalas de la FAM en un acto del que participaron Teresa García, Estela Díaz, Malena Galmarini y Victoria Tolosa Paz

Se presentará un proyecto de busca incorporar cambios sustanciales con perspectiva de género en la Ley Orgánica de las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires, promulgada hace 62 años.

La iniciativa fue presentada por la Red Federal de Concejalas y la ex senadora pampeana María Higonet en un encuentro virtual del que participaron la ministra de Gobierno Teresa García; su par de Mujer, Políticas de Género y Diversidad, Estela Díaz; la presidenta de AySA Malena Galmarini, y la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y concejala Victoria Tolosa Paz.

La propuesta de reforma condena las violencias, garantiza el derecho a las licencias laborales por maternidad y paternidad; incorpora las hasta ahora vedadas palabras "vecinas", “concejalas” e “intendentas”; establece la obligatoriedad de paridad en las comisiones de los Concejos, y fija un marco normativo para padres deudores de cuotas alimentarias.

La adecuación busca empoderar a las mujeres políticas en gobiernos locales -es decir el ámbito de representación democrática de vecinas y vecinos- con el fin de consolidar la equidad e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

La propuesta responde a un desequilibrio tan real como inaceptable: de los 135 municipios que dibujan el mapa político de la provincia de Buenos Aires, sólo en 38 hay presidentas de concejos deliberantes. Y algo aún más grave: apenas 6 de los 135 distritos están ocupados por intendentas.

En tanto, a nivel nacional apenas el 12% de los gobiernos están representados por mujeres; frente al 88% que son ejercidos por hombres.

La propuesta, que será presentada formalmente el 17 de septiembre en el ámbito legislativo por la vicegobernadora bonaerense y titular de la Cámara baja, Verónica Magario, establece la incompatibilidad para ser miembro de una Municipalidad a quienes sean deudores alimentarios morosos, como una forma de reivindicar la lucha económica de muchas mujeres por el cuidado íntegro de sus hijos e hijas en soledad.

Advierte que la distribución y afectación de los recursos puede transformarse en un instrumento que "reproduzca las desigualdades o en una herramienta fundamental para dejar atrás la desigualdad, la violencia y la discriminación de género".

Propone la modificación de los artículos 19 y 76 del decreto ley, que establecen observar de modo estricto el principio de paridad de género al momento de la designación de autoridades de los cuerpos deliberativos y de las comisiones, a fin de garantizar la participación equitativa de la mujer en esos ámbitos de intervención.

Insta a respetar el principio de perspectiva de género para la formulación, seguimiento, ejecución y evaluación de los presupuestos municipales. Elimina el término Mayores a los/las Contribuyentes, entendiendo a vecinas y vecinos en igualdad de condiciones.

Asimismo, incorpora las voces de vecina, intendenta y concejalas, vedadas por una norma que hace 62 años sólo sufre actualizaciones anuales en términos de precios mayoristas, es decir lo que le cuesta a un municipio tal o cual insumo o servicio.

Instaura el ejercicio de la política libre de violencias, estableciendo procedimientos y sanciones de violencia política que tienden a erradicar tales conductas por razones de género.

Plantea modificar los artículos 16, 19 y 87 del decreto ley en cuestión, con el objetivo de lograr la igualdad a través de la asunción de concejales y concejalas respetando el principio de paridad de género.

Incorpora formalmente en el ámbito municipal la modificación a la ley 26.485 (de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) de fines de 2019, que incluye a la violencia política dentro del espectro de las manifestaciones de la violencia de género.

En igual sentido, replica en el ámbito municipal la capacitación obligatoria en género y violencia de género de la Ley Micaela, que hoy alcanza a todas las personas que se desempeñan en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Invita también a desarrollar la innovación tecnológica en la labor legislativa; esto a partir de la realidad laboral que impone la pandemia.

"Avancemos, porque somos y seremos nosotras, siempre", dijeron las concejalas que integran un colectivo que avanza y que está a un paso de imprimir un cambio histórico tras seis décadas de absurda negación.

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