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Causa Peajes: piden la inhibición de bienes de empresas relacionadas a Macri

Por: Vanesa Petrillo
11 de septiembre de 2020

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ser querellante e impulsar el caso. La medida es para impedir que los imputados se desprendan de los bienes que resultan necesarios para afrontar una eventual pena.

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la inhibición general de bienes de empresas relacionadas al ex presidente Mauricio Macri, en la causa en la que se investigan supuestos delitos en la renegociación de contratos de peajes.

En una presentación realizada ante el juez Julián Ercolini, la UIF pidió ser querellante, esto es impulsar el caso, y requirió la inhibición de bienes de Ausol, GCO y Albertis, empresas sospechadas y que estuvieron vinculadas a los Macri.

La medida es para impedir que los imputados se desprendan de los bienes que resultan necesarios para afrontar una eventual pena pecuniaria.

Este jueves, la Cámara Federal declaró la nulidad de los procesamientos que el entonces juez del caso, Rodolfo Canicoba Corral había dictado a los ex funcionarios del macrismo Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne, Bernardo Saravia Frias y Javier Iguacel.

Guillermo Dietrich y Mauricio Macri
Guillermo Dietrich y Mauricio Macri
Guillermo Dietrich y Mauricio Macri

Los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia hicieron lugar a un planteo de las defensas que alegaron que no contaron con toda la documentación a la hora de las indagatorias. Esa resolución puede ser apelada por la fiscalía de Cámara encabezada por el fiscal general José Luis Agüero Iturbe.

Fuentes de la investigación explicaron que actualmente casi toda la prueba fue subida al sistema, tras reconocer las complicaciones que implica trabajar vía remoto.

Si bien las indagatorias no fueron anuladas, habrá que ver qué camino elige el juez Ercolini, que tiene dos opciones: o le exhibe a todos los imputados nuevamente las pruebas y define si los procesa o no; y la otra posibilidad es tomar nuevamente las indagatorias.

En la causa se investiga si funcionarios del gobierno de Macri cometieron defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública al prorrogar los contratos de concesión a pesar de que las firmas Ausol y Grupo Concesionario Oeste no habían cumplido con sus obligaciones y reclamaban deudas millonarias.

De acuerdo a la denuncia formulada por los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, para avanzar con la negociación irregular se montó un escenario que incluyó dos reclamos de la empresa española Abertis, que era socia del Grupo Macri, ante el tribunal de arbitraje internacional CIADI exigiendo valores millonarios en dólares por atrasos tarifarios.

La denuncia ante el CIADI fue presentada días antes de que Macri asumiera como presidente en 2015 y retirada años después, cuando el gobierno de aquel entonces acordó extender las concesiones a Ausol y a Grupo Concesionario Oeste hasta el 2030, lo que implicó reconocerle a la primera de las firmas una supuesta de deuda de 500 millones de dólares por parte del Estado.

La relación de Macri con Ausol fue formalmente reconocida cuando la entonces vicepresidenta Gabriela Michcetti debió firmar el decreto de la prórroga de la concesión, para evitar eventuales conflictos de interés.

Uno de los argumentos que tiene el expresidente es justamente él no firmó nada, ni como Grupo Macri ni como gobierno. Sin embargo, funcionarios que investigan el caso y los denunciantes deslizaron que ningún director de Vialidad, y ministros como el caso de Dietrich no pudieron haber firmado ninguna resolución sin la venia del jefe de Estado.

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