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Plebiscito constituyente en Chile: El Derecho de Vivir en Paz

12 de septiembre de 2020

A 47 años del golpe y a casi un mes del plebiscito constitucional, en Chile surge el interrogante ¿Para qué cambiar la carta magna?

En 1971, el inmenso Víctor Jara lanzaba la canción “El Derecho de Vivir en Paz” como protesta por la intervención estadounidense a Vietnam. Ni él, ni nadie imaginaban que dos años después, Chile viviría su propio Vietnam.

El 11 de septiembre de 1973, se produjo el cruento golpe de estado -del que se acaban de cumplir 47 años- y el 16 del mismo mes, luego que los torturadores se ensañaran con su humanidad, moría de 44 balazos y más de una veintena de fracturas en todo su cuerpo una de las voces más claras de América latina. Como un perro muerto, al costado de una vía del ferrocarril sur, encontraron su cuerpo masacrado.

Sin embargo, hoy, su nombre eterno volvió a sonar fuerte, pero de la mano de la indignación y el oprobio. Hace algunos días, las redes sociales estallaron cuando se conoció que la Unión Democrática Independiente (UDI) el ala ultra derechista de Chile Vamos -la coalición de gobierno encabezada por Sebastián Piñera- utilizó la frase que da nombre al famoso tema, con fines electorales.

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Polémica en Chile por el usó de una frase de Víctor Jara con fines electorales

Polémica en Chile por el usó de una frase de Víctor Jara con fines electorales

EL RECHAZO Y LOS CHICAGO BOYS

“Por el derecho de vivir en paz” fue la desafortunada cita que la UDI hizo en una publicación de Instagram para promover su postura a favor del Rechazo a una nueva Constitución, a poco más de un mes que se lleve a cabo el plebiscito del 25 de octubre. Paradojas de la vida. El mismo partido que apoyó la dictadura cívico militar que encabezó Augusto Pinochet, utilizó hoy la frase de Jara para su campaña del plebiscito. ¿Qué hubiera pensado Víctor Jara? Nunca lo sabremos porque lo mataron.

Y para ilustrar la gravedad del hecho -que muchos tomaron como una provocación de la derecha- la canción de Jara fue uno de los himnos que los manifestantes cantaron durante el estallido de octubre pasado.

Entre idas y vueltas del gobierno y una presión constante por parte de la ciudadanía para su realización, el próximo plebiscito -planificado para abril de este año y pospuesto por el Covid-19- trae más interrogantes que certezas.

Partiendo por el origen dictatorial de la constitución del 80, dicha carta magna fue concebida como una camisa de fuerza para la apertura democracia que en algún momento el régimen debería enfrentar. Una suerte de cerrojos que restringieron la intervención política sobre el legado de la dictadura.

El propio Jaime Guzmán, fundador de la UDI e ideólogo de la carta fundamental del país reconoció en 1979 que “la Constitución debe procurar que, si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque -valga la metáfora- el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”.

Como resultado de aquello, tenemos hoy un Chile con un estado subsidiario que dejó la educación, la previsión y la salud en manos de privados. Tres ámbitos basales de un Estado absolutamente “jibarizado” y cuyas desigualdades e inequidad detonaron, entre otros, el estallido social.

“El objetivo perseguido por el régimen militar y su Constitución era claro y manifiesto: trazar una separación estricta entre economía y política, y entre Estado y sociedad civil, perfectamente acorde no sólo con el modelo neoliberal que se empezó a aplicar desde 1975- de la mano de los Chicago Boys- sino con el ideal de democracia autoritaria y tutelada que se consagró en el texto original de la Constitución de 1980 (hoy parcialmente modificado)" explica Jorge Tapia Valdés, ex ministro de educación de Salvador Allende en su artículo "Descentralización y subsidiaridad en la época de la globalización".

¿POR QUÉ ES NECESARIO CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN?

Hoy por hoy se ha instalado, por parte de lo que rechazan la nueva constitución, el anatema de que cambiar la carta magna no va a resolver todos los problemas que tiene la sociedad chilena. En parte es cierto. Sin embargo, hay que ponerlo en perspectiva.

“Desde los años 90 a la fecha se han tratado de implementar muchas reformas legales importantes y a cada una de esas reformas se le ha impuesto el discurso y la idea de que no se pueden avanzar en esas reformas porque son contrarias a la Constitución”, explica Jaime Bassa, profesor titular de derecho constitucional de la Universidad de Valparaíso.

Ejemplos sobran. Sucedió cuando se aprobó la igualdad jurídica de hijos e hijas nacidos fuera del matrimonio. Sí, en Chile hasta el año 1998 todavía existían los hijos ilegítimos o naturales.

También cuando se aplicó la ley de bases generales sobre medio ambiente (1994); o cuando se estableció la no discriminación arbitraria o Ley Zamudio (2012) luego de que el joven Daniel Zamudio (24) fuera salvajemente asesinado por una patota, a causa de su orientación sexual.

“Lo mismo sucedió cuando se dijo que no era posible establecer un sistema de AFP de reparto porque la solidaridad era contraria a lo que decía la Constitución”, explica Bassa y amplia que estos ejemplos “nos muestran cómo ciertos proyectos medianamente transformadores han sido obstaculizados con la idea de que son contrarios a la Constitución. Por lo tanto, la Constitución es ciertamente parte del problema” sentencia el catedrático.

Así es como la carta fundamental del país ha sido esgrimida como argumento para no avanzar en ciertas reformas, como la gratuidad en la educación, la igualdad de género y el reconocimiento de la diversidad sexual. Además, los altísimos quorum exigidos para cambiar cualquier cosa dentro de la misma son, en sí mismos, otro obstáculo insalvable.

En ese sentido, la constitución actual no sería una constitución “normal”. “Esta constitución es básicamente el proyecto político de la dictadura; de corte neoliberal y funcional a la acumulación de poder que necesitaba el gobierno de facto. El mejor ejemplo son las AFP, donde todas las cotizaciones previsionales de los chilenos son concentradas en la propiedad de 4 o 5 empresas”, explica Bassa y concuerda en que para poder avanzar en las reformas que el país necesita, primero “hay que pensar en qué sentido la Constitución es un problema; en qué sentido es un obstáculo y asumir el desafío de tener una nueva”.

En resumen, buscar que la Constitución que no sea funcional a la concentración del poder, sino que sea funcional al ejercicio del poder por parte del pueblo.

EL DERRUMBE DE LAS INSTITUCIONES

Sin duda el estallido marco un antes y un después. Un cambio de ciclo de un momento histórico a otro nuevo. “Un momento caótico que conlleva: la deslegitimidad de las instituciones, nuevas reglas para el poder, alteración de la cotidianeidad y más violencia de la que muchos quisieran” apunta Mirko Macari, periodista y analista político.

La pandemia de Covid-19 aplazo lo inaplazable. Le dio tiempo al gobierno de Sebastián Piñera para administra la derrota luego del estallido de octubre de 2019. Sin embargo, el reloj sigue corriendo y el paso del tiempo se vuelve inexorable.

Para el sociólogo Alberto Mayol es tal la falta de empatía y desconexión con la realidad que sufre la derecha, que “ésta piensa que con el plebiscito de octubre se va a dar la misma lógica que se dio durante los últimos años de la dictadura de Pinochet, cuando a través de otro plebiscito (1989) se votó por reformar la constitución de 1980, con el fin de amarrar la transición -que a todo esto duró más de 30 años- sin perder el poder que le había conferido a ese sector dicha carta magna. Propiciar una democracia de los acuerdos como ha sido hasta ahora” aclaró Mayol.

“Ni siquiera es tiempo de discutir las bondades o maldades del modelo. Hoy en día no hay nada que discutir,” explica el sociólogo de la Universidad de Santiago y aclara que lo que está en juego no es el modelo en sí – que, según Mayol, ya se perdió- sino que lo que está en juego es la gobernabilidad del país. Piñera pasó agosto, pero ¿terminará su mandato?

En síntesis, el tema no es el modelo sino la incapacidad del sistema político de resolver los pendientes y los lastres que fue dejando dicho modelo. “Porque el modelo es tuerto, solo construye mercado. En Chile no se está fuera del sistema previsional sino fuera del mercado previsional. El modelo termina estallando por todos los pendientes acumulados”, explica Mirko Macari y aclara que estamos ante un vacío de poder y el primero que sufre en ese escenario es el presidente. “Estamos asistiendo al derrumbe de las instituciones, tal como las conocíamos en el siglo XX”, enfatiza.

Solo resta esperar que en estos “locos años 20”, los chilenos tengan la posibilidad de romper 30 años de inercia a través de la redacción de una carta fundamental nueva y más acorde a las necesidades de todo un país y no solo beneficiando a los grupos de poder. Una nueva oportunidad para que la sociedad chilena tenga, finalmente, “el derecho de vivir en paz”.

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