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La Justicia puso un freno a la discriminación en las escuelas privadas de la ciudad de Buenos Aires

25 de septiembre de 2020

El gobierno de la Ciudad deberá habilitar un canal de denuncias y difundir el derecho a la educación inclusiva.

En septiembre de 2019 la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó ante la justicia una demanda colectiva para exigir al gobierno de la ciudad de Bueno Aires que adoptara las medidas necesarias para evitar los recurrentes rechazos de inscripción en escuelas comunes de gestión privadas a los chicos que presentan alguna discapacidad.

En aquella oportunidad la ACIJ, con el asesoramiento de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, denunció que, al igual que en otras provincias del país, "existe en la Ciudad una práctica generalizada consistente en negar la matriculación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en escuelas privadas, y que el gobierno omite controlarlas y sancionarlas. De esta manera, las y los estudiantes con discapacidad y sus familias recorren decenas de escuelas para conseguir una vacante en una escuela regular, sin que el ministerio de Educación de la Ciudad actúe para garantizar su derecho a la educación".

Días atrás el Juzgado Nro. 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar al reclamo y en una resolución que en sus inicios destaca la importancia de no dejar a nadie atrás, le ordenó al gobierno de la Ciudad "la implementación de un canal de denuncias accesible, transparente y efectivo que contemple expresamente las barreras económicas, educativas y tecnológicas a las que se enfrentan las personas".

Asimismo, dispuso la adopción de una serie de medidas para la difusión del derecho a la educación inclusiva en los sitios web y las carteleras del ministerio de Educación, de la Dirección General de Educación de Gestión Privada y de las escuelas privadas porteñas.

En su fallo la jueza hizo hincapié en "el derecho de todas las personas con discapacidad a una experiencia de aprendizaje inclusiva, equitativa, participativa y de calidad de conformidad con el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)", y afirmó que este derecho se erige como “principio general que debería guiar todas las políticas y prácticas educativas, a la luz de la concepción de que la educación es un derecho humano fundamental y los cimientos de una sociedad más justa” y en su trascendencia como medio para hacer efectivos otros derechos humanos.

Así, la Justicia sostuvo que las autoridades públicas deben “asumir un rol activo y proactivo en la implementación de medidas para contrarrestar actos de discriminación vinculados con arraigados prejuicios de toda índole”, con el objetivo de “derribar los muros que construyen la estructura de una desigualdad” en pos de construir sociedades más vivibles, libres, justas e inclusivas, a través del pleno conocimiento de los derechos y la garantía de una educación que abra sus puertas a todas las personas.

La Jueza resaltó además que la recurrente situación de discriminación denunciada toma particular relevancia a partir de la proximidad del nuevo ciclo lectivo 2021 y especialmente a raíz de la crisis sanitaria y las medidas de aislamiento social, que requieren respuestas rápidas y efectivas para garantizar el derecho a la educación inclusiva de la niñez con discapacidad.

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