Advierten por casos de violencia obstétrica en las cárceles

03 de octubre de 2020

Una investigación reveló la ausencia de protocolos específicos dirigidos a la atención y el cuidado de mujeres y gestantes que transitan su preparto, parto y postparto durante la privación de libertad.

C.V.S. cursaba 35 semanas y media de gestación con antecedentes de anemia crónica, razón por la cual recibía un tratamiento dietario, hierro y ácido fólico. Permanecía detenida en la UP N° 3 de Mujeres de Bower, dependiente del Servicio Penitenciario Provincial, a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 1 y de la Cámara Cuarta del Crimen de la ciudad de Córdoba.

A pesar de encontrarse dentro del grupo de riesgo permanecía detenida en calidad de procesada. El 29 de julio comenzó con dolorosas contracciones uterinas por lo cual solicitó atención médica en la Unidad. En el marco de la consulta, pidió ser derivada a un hospital extramuros; sin embargo, el pedido no fue atendido por el personal médico del establecimiento que resolvió aguardar hasta el día siguiente.

Horas más tarde, debió ser internada por una grave hemorragia en la Maternidad Provincial con un diagnóstico de desprendimiento prematuro de placenta (según informó el Servicio Médico del SPC) y fue sometida a una cesárea de urgencia.

Según el sitio Justicia de Primera, durante la intervención quirúrgica se constató el nacimiento sin vida de su hijo. Luego de la intervención, permaneció internada en la Unidad de Terapia Intensiva del nosocomio con pronóstico reservado. A los pocos días fue dada de alta y reintegrada al penal donde estuvo aislada en el Servicio Médico del EPN°3 en el marco del procedimiento preventivo por coronavirus, sin contacto con sus compañeras y sin poder recibir la visita de su familia. La Procuración Penitenciaria de la Nación pidió la domiciliaria para la mujer y denunció los hechos.

Pero ese no es el único caso. Una investigación advirtió la ausencia de protocolos específicos dirigidos a la atención y el cuidado de mujeres y gestantes que transitan su preparto, parto y/o postparto durante la privación de libertad.

También se detectaron malas prácticas que pueden configurar violencia obstétrica, de acuerdo a la definición dada en la Ley 26.485 de protección integral hacia las mujeres.

La Procuración Penitenciaria de la Nación y la Defensoría General de la Nación elaboraron la “Guía de Buenas Prácticas para la atención de mujeres embarazadas y otras personas gestantes que se encuentran privadas de la libertad en la órbita del Servicio Penitenciario Federal”.

Fue enviada al Poder Ejecutivo Nacional como una propuesta de buenas prácticas para la atención de personas gestantes privadas de libertad.

Desde la PPN y la DGN se remitió a los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Salud, Seguridad y Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y a la Interventora del Servicio Penitenciario Nacional (SPF) un documento en el que se proponen un conjunto de buenas prácticas dirigidas a la atención de mujeres embarazadas y otras personas gestantes detenidas en la órbita federal, con el objetivo de mejorar su acceso a la salud y garantizar la atención digna y oportuna durante el embarazo, el parto y el posparto.

Entre los puntos que figuran en la guía se menciona por ejemplo facilitar el acompañamiento de las mujeres y otras personas gestantes durante todo el proceso de parto por personas de su círculo familiar o social.

También se hace foco en el derecho a la intimidad de las mujeres, a cuestiones de seguridad, y a la necesidad de desburocratización de acceso a atención médica.

El motivo que dio origen a la confección de la Guía se desprende de los resultados alcanzados en el marco de la investigación “Parí como una condenada: experiencias de violencia obstétrica de mujeres privadas de la libertad” , llevada adelante, entre otros, por el Equipo de Trabajo de Género y Diversidad Sexual de la PPN, la Comisión sobre Temáticas de Género y el Programa contra la Violencia Institucional de la DGN.

El relevamiento dio cuenta de la ausencia de protocolos específicos dirigidos a la atención y el cuidado de mujeres y otras personas gestantes que transitan su preparto, parto y/o postparto durante la privación de libertad y malas prácticas que pueden configurar violencia obstétrica, de acuerdo a la definición dada en la ley 26.485 de protección integral hacia las mujeres.

El documento presentado se dirige preponderantemente al personal del Servicio Penitenciario Federal que interviene en el acompañamiento y atención de personas privadas de libertad durante sus procesos reproductivos.

Según se informó, con la Guía se apunta a formular reglas de abordaje que aseguren un trato digno y respetuoso de las mujeres gestantes en este momento vital, de conformidad con los estándares de parto respetado recogidos en la ley 25.929 y proporcionen una adecuada atención de salud, considerada integralmente, de acuerdo a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud.

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