No es Nodio, es la gestión del Estado

16 de octubre de 2020

* Por Antonio Colicigno y Mauro Brissio

El lanzamiento del Observatorio de la Desinformación en Medios y Plataformas Digitales (Nodio) causó las reacciones que se esperaban, al menos de quienes se creen los dueños de la palabra, no dejaron que aparezcan las expresiones positivas frente a un intento de poner fin a la construcción de mentiras que son moneda corriente, al menos hacerlas visibles, sino más bien, apareció un insólito dictamen, como es su costumbre, del fiscal Carlos Stornelli contra Miriam Lewin, la titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual creada por Ley 26.522 del año 2012, acusándola de atentar contra la “libertad de expresión”.

El fiscal interpretó, sin antes tramitar ninguna prueba, que “existe la aparente finalidad de impedir o estorbar la libre circulación de publicaciones o manifestaciones amparadas por la libertad de prensa y/o la libertad de expresión y/o de alentar o incitar la persecución contra una persona o grupo de personas a causa de sus ideas políticas, impidiendo, obstruyendo, restringiendo o de algún modo menoscabando el pleno ejercicio sobre las bases igualitarias de los derechos y garantías constitucionales por cuestiones ideológicas u opinión política”.

Era fija que esto iba a suceder, pero no por ello hay que dejar de pelear por una información que sea veraz y acorde a los intereses de la ciudadanía. Sabíamos que la reacción vendría de ese lado porque en estos últimos años hemos aprendido que el periodismo hegemónico que ataca como partido político y se protege con la libertad de prensa, puede hacerlo porque desde que se inventó la imprenta, esa “libertad de prensa” siempre fue voluntad del dueño de la imprenta. Y hoy, hay varias imprentas, pero están concentradas en pocas manos que controlan también todo el sistema audiovisual, y por ende “informan/desinforman” a una audiencia que pretenden pasiva. Es desde ese lugar que el “periodismo corporativo” impone a diario su discurso dominante a través de toda la telaraña que controla, y que ha desplegado con más fuerza a pesar de la modificación del artículo 45 de la antigua Ley de Radiodifusión y del intento para combatir esa concentración de la casi sepultada hoy en la práctica, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Los grupos hegemónicos, en complicidad con sectores de la justicia, nos han convencido para que creamos que su libertad es imprescindible para el desarrollo de la sociedad humana, y nos proponen sus beneficios por oposición a los sistemas que la restringen por medio de fuertes controles del Estado. De hecho, estas fueron las críticas que llovieron desde los sectores de la oposición comparando al observatorio con las formas sobre el control de la información utilizados durante el régimen nazi.

De hecho, por más de que el observatorio no ejerza ni el control ni la supervisión de la prensa, y que su único objetivo esté en mejorar el debate público, buscando que se brinde información certera, garantizando la discusión en los términos que la democracia necesita, es necesario recordar que en la oposición hay genios de la comunicación que saben hablarle al sentido común y que rápidamente vinculan al observatorio con la censura, diciéndole al ciudadano de a pie: “El gobierno quiere censurar a los medios que no son oficialistas”.

Entonces, con ese argumento que es totalmente falso, lo que quieren es seguir operando y mintiendo para favorecer a sus propios intereses, poniendo en evidencia un apetito feroz por los pesos de todos los argentinos, porque ese es su único objetivo: el lucro. Y aquí está la estafa, porque todo lo que obtienen es siempre mediante el engaño sobre las víctimas que participan de forma voluntaria para beneficiar intereses que le son ajenos y contradictorios a los de las mayorías populares.

De hecho, en la Argentina ―y en el resto del mundo― existen propuestas similares como la de NODIO, con la única diferencia que aquí se trata de una entidad del sector público, aunque en rigor de verdad, es ente autónomo, creado por Ley. Sin embargo, cuando son las empresas privadas, como ocurre con la iniciativa chequeado.com, la que tiene como propósito verificar el debate público, mejorando la calidad de la información que circula, constituyéndose como la voz oficial para indagar sobre el origen de las noticias, de decir “qué es verdad y qué es mentira”, nadie dice nada.

Eso es lo que molesta, que se comience a poner en la agenda las fake news, que se comience a entender que el único propósito de los discursos de odio sea el de impedir los consensos que tanto se dificultan en la era de las redes sociales, y que desde el gobierno se impulsen políticas públicas para analizar el rol de los medios de comunicación que constituyen la piedra angular de la infodemia. La explicación de verdad es que los que se quejan son los que siempre han manipulado la información en connivencia con las empresas privadas y hoy sienten que están perdiendo el poder de seguir haciéndolo.

* Antonio Colicigno es Magíster en Políticas Sociales e integrante del Grupo Artigas y Mauro Brissio es Magíster en Comunicación e integrante del Grupo Artigas.