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Iron Mountain: el nuevo fallo critica con dureza la investigación y anula los procesamientos

29 de diciembre de 2020

Los imputados estaban acusados por "incendio culposo". El nuevo fallo remarcó la deficiencia de las pruebas presentadas y la investigación realizada a lo largo de los años.

La Cámara de Apelaciones en lo Criminal anuló los procesamientos dictados a una docena de ex funcionarios porteños de la gestión de Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno porteño, y directivos de Iron Mountain, por el incendio de un depósito de esa empresa ubicado en Barracas, donde en febrero de 2014 murieron ocho bomberos y dos agentes de Defensa Civil.

También se anularon los sobreseimientos dictados a tres personas. Todos estaban acusados de incendio bajo la modalidad culposa, seguido de muerte.

El fallo no dio opinión sobre las responsabilidades de los imputados sino que remarcó la deficiente investigación realizada a lo largo de los años al concluir que “no hay correspondencia entre la prueba y la reconstrucción de los acontecimientos”, que ni siquiera se determinó cómo se originó el incendio, y que eventualmente podría haber conductas dolosas.

Con críticas a la instrucción, el fallo de Cámara cuestiona que el juzgador “ha desatendido las conclusiones de los peritajes que sugieren intencionalidad en el origen del siniestro”, en referencia al fallo del juez Pablo Ormaechea.

“Es inadmisible que a casi siete años de este luctuoso episodio aún no se sepa cómo, dónde y por qué se inició el foco ígneo. Y debemos señalarlo con dureza porque no sólo merece una respuesta la sociedad, la cual reclama mejores modelos de acceso a la Justicia que garanticen procesos efectivos, rápidos y transparentes, sino, sobre todo, los familiares de las víctimas que perdieron la vida”, dice el voto mayoritario.

Los jueces Julio Marcelo Lucini y Magdalena Laíño cuestionaron el fallo de primera instancia por la forma en que se establecieron las responsabilidades y advirtieron que “preocupa la superficialidad con que el magistrado de grado ha tratado este punto, llevándolo casi hasta un extremo meramente anecdótico”.

Explicaron los jueces que “la forma en que se inició el fuego, sin dudas, incide a la hora de analizar las conductas; porque un eventual aporte esencial doloso podría afectar algunos de los cursos causales culposos que el juez a quo tuvo por relevantes o hacerlos converger en el resultado de manera correcta, de entenderlo pertinente”.

También objetaron que “no se menciona concretamente el “aporte”, “conducta” o “actividad” en forma de “acción” u “omisión” que hubieran efectuado los imputados, lo que sin dudas impone el reajuste de las imputaciones una vez subsanadas las falencias que aquí se mencionan”.

Finalmente intimaron a imprimir celeridad a una investigación que lleva más de seis años en trámite.

El 5 de febrero de 2014 a las 8, aproximadamente, se produjo un incendio en el depósito 7 de la firma “Iron Mountain” ubicado en la calle Azara 1245. Su propagación hacia los niveles superiores y el depósito 8, provocaron que la estructura metálica (columnas y cabriadas) que sostenía el techo, comenzara a ceder ante la alta temperatura y derrumbara la pared de la calle Jovellanos a la que se encontraba empotrada.

Como consecuencia de ello fallecieron el Comisario Inspector Leonardo Arturo Day, Subinspector Anahí Garnica, Cabos Carlos Damián Veliz, Eduardo Adrián Conesa, Maximiliano Ezequiel Martínez, el agente Juan Matías Monticelli, todos ellos del Cuartel I de Bomberos de la Policía Federal, los bomberos voluntarios Sebastián Ezequiel Campos y Facundo Ricardo Ambrosi (cuartel Vuelta de Rocha), personal de defensa civil del G.C.B.A. Pedro Esteban Barícola y José Luis Méndez Araujo. Además, el Comisario Luis Fernando Díaz Gauna y el Cabo Juan Manuel López Gaggioti –del cuartel I- sufrieron heridas graves. Todos ellos trabajaban en la extinción del foco ígneo.

En fallo dividido, los jueces Julio Marcelo Lucini y Magdalena Laíño analizaron los procesamientos dictados por el incendio culposo seguido de muerte, entre ellos a Guillermo Eduardo Lockhart, Eduardo Alfredo Sueyras Parra y Héctor Eduardo García, quienes ostentaban el cargo de Gerente General de Iron Mountain Argentina, Director de Seguridad e Higiene a nivel regional para Latinoamérica y Jefe de Seguridad e Higiene de Iron Mountain Argentina, respectivamente, quienes conocían las deficiencias del sistema contra incendios y no actuaron diligentemente.

También había sido procesado Oscar Alfredo Godoy, personal de seguridad del predio por no haber actuado diligentemente ante las señales emitidas por las alarmas que indicaban la existencia del foco

Entre los procesados estaban Vanesa Berkowski, en su condición de Directora de la Dirección General de Fiscalización y Control, por no advertir que las inspecciones realizadas en los años 2008, 2009 y 2010 eran defectuosas y no reiterar una nueva visita al local.

También Rafael Roldán y Pedro Chapar, quienes ocuparon aquel cargo de forma sucesiva, al no haber controlado la realización del plan operativo a fiscalizar en programación desde el año 2011 al 2014 ni reiterar nuevas inspecciones dados los antecedentes del depósito y su criticidad.

En la lista de los procesados estaban Félix Lugo, Jorge Papanicolau, Ricardo Grunfeld y Alberto Graziani, inspectores de la DGFyC que en los años 2009 y 2010 que realizaron un control defectuoso de la planta de Azara. Roberto José Chiesa, a cargo de la Dirección de Industrias y otros Locales, por no advertir que las inspecciones realizadas en los años 2008, 2009 y 2010 eran defectuosas ni haber dado trámite a la sugerencia de los inspectores Norberto Hirsfeld y Jorge Barbieri respecto de la intervención de la DGFOC incendio para verificar red de agua.

Otras personas que habían sido procesadas: Luis Cogo, jefe del Departamento de Actividades Grales. Críticas, por no advertir que las inspecciones realizadas en los años 2008, 2009 y 2010 eran defectuosas.

Gastón Luis Lauglé y Patricia Esther Moroni, como Directores de Administración y Gestión Operativa, por haber omitido desarrollar un control integral de procesos de inspección y verificar cumplimiento del plan operativo anual y Silvia Hers, Jefa del Departamento de Programación Operativa, por no haber estipulado inspecciones desde el 2010 en adelante.

Oscar Alfredo Godoy, personal de seguridad del predio por no haber actuado diligentemente ante las señales emitidas por las alarmas que indicaban la existencia del foco.

En disidencia el juez Ricardo Pinto, votó por confirmar los procesamientos y embargos de los imputados.

Tras la anulación de los procesamientos, la justicia deberá dictar un nuevo fallo.

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