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Causa Peajes: rechazan anular las indagatorias a Dietrich y otros ex funcionarios macristas

Por: Vanesa Petrillo
31 de diciembre de 2020

La jueza refutó el pedido de nulidad realizado por los ex funcionarios y aseguró que "no se ha violado el derecho de defensa" en la causa.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti validó las indagatorias de la causa “Peajes” al rechazar las nulidades intentadas por los ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri imputados. Sin embargo, por ahora, no hizo lugar a los pedidos que había hecho la fiscalía de embargos preventivos y la inhibición general de bienes de los acusados y de las empresas vinculadas al ex presidente que están bajo la lupa.

Tras la anulación dispuesta por la Cámara Federal de los procesamientos que había dictado el ex juez Rodolfo Canicoba Corral antes de jubilarse, la causa sobre el fraude con los peajes y la concesión de autopistas parecía correr riesgo de muerte.

Pero ahora la nueva resolución de la jueza valida las indagatorias que se llevaron a cabo en la causa. Además, en estos días ingresó al juzgado documentación clave de empresas sospechadas que está siendo analizada y que activa la investigación, según confirmaron fuentes judiciales.

En la resolución que fue firmada el miércoles a última hora, Capuchetti rechazó los planteos que habían hecho los acusados, el ex titular de Vialidad, Javier Iguacel; el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; y el entonces Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, quienes interpusieron nulidades alegando que no habían tenido acceso a toda la documentación y la prueba al momento de prestar indagatoria.

La jueza refutó los argumentos y aseguró que todas las partes tuvieron acceso a la misma, pudieron verla y además se cargó al sistema, por lo que no se ha violado el derecho de defensa.

“No se vislumbra la violación al derecho de defensa alegada por las defensas de los nombrados que conlleve a la declaración de nulidad de sus declaraciones indagatorias, en la medida que las partes actualmente tienen acceso a todas las pruebas, pueden ampliar sus declaraciones indagatorias y presentar los elementos probatorios para rebatir la imputación que se les efectuara tantas veces lo consideren pertinente”, concluyó la jueza.

“Se observa entonces que la alegada imposibilidad de contralor efectuada por las defensas sobre la referida documentación (extremo en el que se basó el Superior para anular los procesamientos dictados) no debe extenderse a los actos que precedieron al referido resolutorio. Ello por cuanto en primer lugar, fueron celebrados en cumplimiento de la normativa ritual, y en segundo lugar, debido a que en la actualidad esa imposibilidad ha desaparecido totalmente ya que las partes poseen la posibilidad irrestricta de acceder a las pruebas (ya sea por haber sido incorporadas al Lex 100 o por encontrarse a su disposición en el tribunal para quesean examinadas)”, detalló la jueza en la resolución

En cambio, Capuchetti decidió por ahora no hacer lugar al pedido de medidas cautelares de embargos e inhibiciones realizado por el fiscal Carlos Stornelli, y la UIF.

La Unidad de Información Financiera (UIF), que es querellante junto a Vialidad, requirió la inhibición de bienes de Ausol, GCO y Albertis, empresas sospechadas y que estuvieron vinculadas a los Macri.

También el fiscal Carlos Stornelli pidió que se dicten embargos preventivos y la inhibición general de bienes de los ex funcionarios y de las empresas vinculadas al ex presidente. A la vez requirió en un incidente que se investiguen maniobras de lavado de activos de acuerdo a lo denunciado por la Unidad de Información Financiera (UIF).

Stornelli considera que debe dictarse medidas cautelares, esto es el embargo preventivo sobre los imputados y las empresas Autopistas del Sol S.A., Grupo Concesionario del Oeste S.A. y Abertis Infraestructuras S.A, y que “hasta tanto se integre el mismo”, proceder a la inhibición general de bienes”.

A este pedido la jueza por ahora no hizo lugar, lo que “no impide que a partir del avance de la investigación” sea necesaria la “urgente reevaluación” de la procedencia de las mismas, explicó la jueza en la resolución.

En la causa habían sido procesados -aunque esa medida después fue anulada- el ex titular de Vialidad Javier Iguacel y los ex funcionarios Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne y el ex Procurador del Tesoro Bernanrdo Saravia Frias, entre otros, los que siguen estando imputados.

El caso primero estuvo en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral. Cuando este magistrado se jubiló, pasó a su colega Julián Ercolini y actualmente lo lleva adelante María Eugenia Capuchetti.

Para el fiscal Stornelli “la maniobra que se les endilga podría implicar, de acreditarse finalmente su materialidad, un perjuicio al erario público o bien una obligación abusiva en detrimento de éste que, podría prima facie ascender a las sumas de U$S499.000.000 (relacionados con la renegociación con Autopistas del Sol S.A.) y U$S247.000.000 (vinculados con la renegociación con Grupo Concesionario del Oeste S.A.); ello con más su actualización conforme las pautas del acuerdo de renegociación integral, que incluso podría llegar a incrementarse, eventualmente y de ser acreditado, en virtud de otras posibles condiciones que hubieran sido pactadas en detrimento estatal”.

Con respecto a las maniobras de lavado de activos, la UIF había solicitado la formación de una nueva causa para profundizar acerca de las operaciones de naturaleza económica y financiera que se habrían llevado a cabo para la inserción en el mercado formal de los fondos presuntamente espurios obtenidos mediante los hechos investigados.

Esto es, aquellos derivados de los procesos de renegociación integral del contrato de concesión del Acceso Norte de la C.A.B.A. y del contrato de concesión del Acceso Oeste a la C.A.B.A.

Según se denuncia, AUSOL S.A., GCO S.A. y ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A., como accionista principal de ambas empresas concesionarias, habrían sido las destinatarias del beneficio económico ilícito, producto de la valorización de sus acciones, habiéndose desprendido de su capital accionario y obteniendo exorbitantes ganancias económicas que tuvieron origen ilícito en los hechos investigados.

Ahora el fiscal decidió “impulsar la acción penal conforme los hechos… que fueran introducidos formalmente en autos por la Unidad de Información Financiera, sin perjuicio de que deberá requerirse a dicho Organismo que en el marco de la hipótesis en cuestión, brinde y aporte precisiones sobre aquellas presuntas operaciones de naturaleza económica y financiera a las que hace referencia en su presentación”..

El fiscal le pidió a la jueza Capuchetti determinar si las maniobras de lavado de activos deben ser investigadas en el marco de esta causa, o si, en cambio, corresponde la extracción de testimonios para su remisión a sorteo.

Para la jueza, “las presunciones aludidas por la UIF y el MPF para el dictado de las medidas cautelares solicitadas, no fueron respaldadas con ningún elemento probatorio en particular, que lejos están de alcanzar el estándar sobre la existencia de verosimilitud del derecho pretendido”.

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