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Cuando se usa la palabra "justicia" para encubrir

31 de diciembre de 2020

Bajo ese término se escudan maniobras tendientes a blanquear procesos teñidos de irregularidades.

Camuflado bajo el término “justicia” se trata de ocultar realidades fácticas y comprobables, quizá, con el ánimo de hacer parecer legal algo que no lo fue. Así la palabra “justicia” sirve para blanquear procesos teñidos de irregularidades, decisiones arbitrarias y contextos que explican por qué se han intentado borrar las huellas y correr bajo la alfombra atropellos y desvíos.

La persecución judicial a Oil Combustibles: cuando se usa la palabra "justicia" para encubrir

Para un ejemplo gráfico, la nota publicada en La Nación con la firma de Hugo Alconada Mon se vuelve a escudar en la “justicia” para decir que ésta determinó que el accionar de los accionistas de Oil Combustibles Cristóbal López y Fabián De Sousa fue “fraudulento y ruinoso”. El artículo toma de manera recortada dos fallos antedatados de la “Sala D” de la Cámara Comercial, la que bien podría mutar su letra identificatoria a “C” pero no por motivos de ordenamiento, sino de sumisión. Ya se ve que la justicia está, en este caso, reducida al accionar de tres jueces.

Según publica ámbito, el historial de esas dos decisiones de la Sala D conllevan una serie de antecedentes omitidos intencionalmente: el recurso sobre el que se expidió la segunda instancia estuvo precedido de un fallo que firmó el juez comercial Javier Cosentino el último día que estuvo subrogando el Juzgado Comercial N°5, lugar al que llegó por un supuesto sorteo que lo dejó en esa calidad de inestabilidad durante todo el proceso de OCSA. Esa decisión de Cosentino establece que la fecha de “cesación de pagos” de la petrolera coincide con el inicio de operaciones de la empresa. No hay antecedentes en la justicia comercial de la aplicación de ese criterio, salvo que fuese el argumento ideal para tratar de apuntalar la desvencijada causa penal que avanza con audiencias semanales –sorpresivamente lejos del foco de interés mediático que supo tener el caso- y que derribó cada uno de los pilares de la acusación elevada por el fiscal Gerardo Pollicita.

Cosentino –y esto puede ser consultado en su propia sentencia– argumentó el criterio para fijar esa fecha de cesación de pagos en que era una decisión “De puro derecho” porque se había reconocido haber solicitado facilidades fiscales, confundiendo financiación fiscal con insolvencia. No le hacía falta argumentar con hecho y prueba el motivo, sino por la razón que le da la fuerza del poder a la judicatura. Otra rareza. La justicia comercial tiene como norma abrir a prueba cuando existe diferencias en torno a un punto tan sensible. De ello depende cómo se califican conductas y si ciertos actos pueden o no revocarse.

Los accionistas de OCSA pero también los síndicos de la quiebra (nombrados por el propio juzgado comercial) solicitaron la apertura a prueba. Esto implicaba cotejar informes económicos, cash flow, reportes financieros de Oil Combustibles para la determinación de la época exacta de la cesación de pagos. Pese a ser lo más lógico, se rechazó. Así se constituyó otra irregularidad a la cadena que avasalla al derecho de defensa. Es la primera vez en la historia comercial que la fecha de cesación de pagos se establece de puro derecho y sin apertura de prueba.

Eso motivó una apelación a la Cámara Comercial, donde la representante del Ministerio Público Fiscal –que lleva el rol de la representación de los intereses del Estado- dejó en claro que se trataba de una arbitrariedad y exigió revocar la decisión de Cosentino y abrir el proceso a prueba. Está cuidadosamente omitido ese dictamen de la fiscalía. ¿O eso no sería la “justicia” también?

La Sala “Saravia Frías”, o mejor expresado la Sala D del fuero comercial procedió entonces a ratificar el 1 de diciembre un fallo arbitrario y que, como tal, a nivel jurídico se torna ilegal, del excandidato a camarista Javier Cosentino. Pero no es lo único que se esconde bajo el concepto “justicia”, sino que la maniobra es deliberada de ocultamiento cuando se elige la picardía de ignorar que actos procesales que adoptó la máxima instancia de revisión de la justicia comercial tuvieron exacta sincronía con la de un juez nunca designado de manera formal y puesto allí para encarar una tarea que hasta involucró a parte de los que fueron liquidadores de una compañía que, al día de hoy no se explica cómo terminaron rematando activos a un cuarto de su valor. Eso sí tiene la calificación de “precio vil” para la justicia.

Pero la saga de la Sala D registra otros hitos imposibles de encontrar en los libros de derecho. A saber:

  • Validar un proceso de cramdown ilegal, excluyendo a la cooperativa de trabajo y a la propia empresa, prohibiendo la puja por el precio y, de esta manera llevar a la empresa a la quiebra para saquear parte de los activos de OCSA a precio vil, algo que ya investiga la justicia en sede penal.
  • Determinar que los “liquidadores” de OCSA (que eran simplemente abogados) podían y tenían aptitudes para valuar los bienes a venderLa consecuencia fue que lo terminaron valuando al 10% del valor de la oferta de compra de Oil Combustibles que recibió a principios de 2017, la que incluso podría considerarse “hostil”, por parte de la multinacional GUNVOR, en un contexto de persecución de la administración de Mauricio Macri (la que también ha encontrado prolífica prueba en varios otros expedientes abiertos a la postre).
  • ¿Por qué se seleccionaron abogados para esa valuación, los que ni siquiera fueron sorteados? La ley establece un listado de profesionales habilitados para este trabajo, contadores, economistas, y Bancos de inversión, si se trata de una empresa de gran tamaño, como era el caso de OCSA

De manera que el accionar ilegal de un grupo de jueces es inmediatamente encubierto bajo el rótulo la “justicia” para “blanquear” decisiones inéditas que no encuentran sustento documental ni probatorio y que encuentran vicios insalvables en un proceso en el que se negó el derecho a defensa, teniendo que innovar doctrinariamente en criterios nunca vistos.

Algo similar a la causa penal que se encuentra en trámite ante el Tribunal Oral Federal N°3 y cuyas audiencias de juicio son deliberadamente salteadas en la cobertura.

En ese ámbito ya han declarado una treintena de testigos, funcionarios actuales de la AFIP, el exadministrador federal Alberto Abad y personal que tuvo a su cargo el trámite administrativo de la causa durante el gobierno de Mauricio Macri desmintiendo –incluso los convocados por la fiscalía y la querella del fisco- los puntales de la acusación elevada por el fiscal Gerardo Pollicita.

Quedaron de manifiesto inconsistencias en las auditorías, cuya confección ahora nadie se atribuye y que reconoce “párrafos agregados” al final y “borradores” que sirvieron de base para requerimientos judiciales enviados de “apuro”. Pero pareciera que el principal temor es que en el año 2021 se empiece a ventilar el peritaje incorporado por el TOF 3 como prueba que no solo derriba la cifra imaginaria de $8.000 millones de deuda por impuesto ITC, sino que por unanimidad, certifica que a diciembre de 2015 la petrolera Oil no tenía deuda exigible y sus obligaciones se encontraban regularizadas y al día en planes de pago generales (como un universo inabarcable de contribuyentes) y especiales por el Artículo 32 (como otras 1200 empresas y particulares). Durante la instrucción se rechazó sistemáticamente avanzar con este peritaje. Algo similar a no abrir a prueba la fecha de cesación de pagos. ¿Habría algo peor que fijarla en el momento mismo de inicio de actividades? ¿Cuál era el temor entonces a probarlo de manera documentada?

Cierto sector de la justicia comercial tuvo también que “quemar los libros” para poder satisfacer deseos políticos (con fines económicos y negocios personales) y pasaron así a integrar una gavilla que se ha apartado del derecho para decidir, quedando así expuestos en su accionar. La desesperada maniobra de “blanquear” decisiones insólitas en formato periodístico y enmascaradas en el concepto de “justicia” no hace más que corroborarlo.

https://twitter.com/Cristobal_ok/status/1344682458483142657

Ojalá esta nota sirva para que el Tribunal Oral tome esa resolución y podamos contarle a los jueces el manejo del juez y la Cámara del concurso y quiebra de Oil Combustibles”, tuiteo Cristóbal López en referencia a La Nación. Pero anticipando cuál podría ser la secuencia de revelaciones.