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Píparo y la urgencia de una agenda para les pibes

07 de enero de 2021

A estas alturas, todos estamos enterados no solo de lo ocurrido con la diputada provincial de Juntos por el Cambio, Carolina Píparo sino también de cómo se adulteraron las imágenes de la cámara de seguridad para generar la ilusión de que los motoqueros se encontraban persiguiendo el auto de la legisladora con la intención de asaltarla.

Más allá de que fuera o no asaltada previamente, lo referente al supuesto accidente parece claramente falso, más falso que moneda de $3. Sin embargo, al margen de que todo pareciera indicar de que los conductores se encontraban bajo los efectos del alcohol, de que atropellaron a dos pibes que nada tenían que ver y que además inventaron un suceso delictivo que nunca existió, lo que llama poderosamente la atención es que hay un sector de la sociedad que cree que el relato es verídico y que les jóvenes de la motocicleta los perseguían para asaltarlos.

¿Por qué sucede esto cuando todo demuestra que los únicos culpables de lo sucedido son Carolina Píparo y su marido? Sencillo, por el simple hecho de que hay un sesgo de confirmación. Hay un sector de la sociedad que cree que todo pibe (varón) que circula en motocicleta a altas horas de la noche y que encima utiliza visera, es un potencial delincuente.

Entonces, para ese sector, el relato de la diputada se confirma porque, en su interpretación del mundo estos pibes, con estas características antes mencionadas, son chorros. Por lo tanto, la historia es real. Más aún, cuando existe el antecedente en el que la legisladora sufrió un hecho de inseguridad absolutamente repudiable y triste, que dejó como consecuencia la pérdida de su embarazo. Vale la pena recordar que este hecho, aberrante, de alguna manera le ayudó a capitalizarlo políticamente, para ocupar un espacio de poder y ser una de las abanderas en la lucha contra la delincuencia. Todo esto genera un combo ideológico que vuelve verdad cualquier relato, por más de que el mismo sea falso.

Nunca olvidemos que existe una mirada que juzga, que criminaliza a les jóvenes que reproducen determinado estereotipo, que correlaciona la delincuencia con la pobreza y que los discrimina por su lugar de origen y clase social. Sin duda alguna, éste ha sido el mayor logro de nuestras elites económicas: el haber instalado en la opinión general y conquistado el sentido común para que se justifique la exclusión de aquellos que ya habían sido expulsados de antemano por un modelo económico que solo piensa en les pibes que habitan en las burbujas de la impunidad y en las esferas del poder.

Pero la elite económica no podría llevar adelante este proyecto cultural sin la connivencia de los dueños de la palabra. Estamos hablando de los medios masivos que se caracterizan por tener un papel superlativo en la representación que realizan a diario de la pobreza y de la delincuencia, los que sostienen que la génesis de todos los males se halla en el estereotipo del “pibe chorro”, que ellos mismos se encargan de crear cuando ponen imágenes en los noticieros de barrios de emergencia para referirse a hechos de inseguridad o cuando se ficcionalizan series televisivas que criminalizan la pobreza.

Por todo ello, es fundamental para esta nueva etapa comenzar a trabajar sobre el plano de las acciones, de la comunicación y del orden de lo simbólico, para que ningún pibe de los sectores vulnerables naturalice que su proyecto de vida sea el sobrevivir en la calle o en la cárcel, y la única forma de lograrlo es erradicando la representación que se hace desde la agenda de los medios y que solamente los entiende como protagonistas de la historia cuando son delincuentes, chorros, violentos o narcotraficantes. Y aunque la tarea parezca compleja, al menos debemos hacer el intento, en una transición mientras que nuestro país retome las banderas de movilidad social ascendente, se garantice un piso de dignidad, avancemos en bajar los índices de desocupación, achicar los porcentajes de trabajo informal y lograr una sociedad mucho más justa, donde todes tengan la misma oportunidad de desarrollar sus proyectos de vida, independientemente del lugar donde nacieron y del sector social de pertenencia.

Hay que trabajar en forma mancomunada entre los acuerdos establecidos por la Nación, las provincias y los municipios por la Ley 26061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes junto a la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual para que sus derechos dejen de ser vulnerados, para que la pluralidad de voces sea mucho más que un slogan bonito, para que de una vez por todas se ponga fin a los aberrantes niveles de concentración mediáticos y para que se garantice que los proyectos y los sueños de vida de los que menos tienen dejen de estar excluidos por un clasismo que los silencia por su apariencia.

Se necesita un nueva Argentina de la inclusión, y esta lógica (excluyente) no es compatible para los últimos de la fila.

Por Mauro Brissio* y Antonio Colicigno**.

*Es Magíster en Comunicación.

**Es Magíster en Políticas Sociales.

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