Perú: Fujimori será juzgado por esterilizar sin consentimiento a casi 350 mil mujeres indígenas

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El ex presidente se enfrentará a un tribunal por estos hechos el próximo primero de marzo.Serán juzgados además los ex ministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga.

La Justicia peruana fijó para el primero de marzo la audiencia contra el ex presidente Alberto Fujimori por su responsabilidad en la esterilización forzosa de miles de mujeres indígenas, uno de los episodios más oscuros de una Presidencia (1990-2000) marcada por las violaciones a los derechos humanos y el autoritarismo.

Serán juzgados además los ex ministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga. Están acusados de forzar a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres a someterse procesos de esterilización a través de un plan del Gobierno para reducir la natalidad en las regiones rurales y en las comunidades indígenas del país.

Bajo el Programa Nacional de Planificación Familiar se realizaron más de 272.000 ligaduras de trompas y unas 22.000 vasectomías, según datos de la Defensoría del Pueblo peruano.

Se trataba en su mayoría de personas de origen humilde, hablantes del quechua, que firmaron un consentimiento escrito en español que no entendían. Una de ellas fue Josefina Quispe, de 33 años y con 5 hijos, fue sometida a un tratamiento de anticoncepción definitiva sin su consentimiento.

Quispe contó que despertó y estaba tumbada en una camilla del hospital y sin entender por qué le dolía todo el cuerpo empezó a preguntar qué le habían hecho. Tenía una cicatriz en su abdomen, pero nadie le respondió.

Otra mujer, llamada Victoria Vigo contó lo que vivió. "Yo tenía 32 semanas de embarazo y no me sentía muy bien, así que fui a ver a mi médico. Me evaluaron y decidieron llevar a cabo una cesárea de emergencia", recordó Vigo en diálogo con la cadena de noticias BBC. Su bebé nació con dificultades respiratorias y murió poco después.

"Había un médico tratando de consolarme diciendo: 'No te preocupes, todavía eres joven, puedes tener otro bebé'", pero otro médico le respondió: "No puede tener más hijos. La hemos esterilizado".

Un año después de haber sido esterilizada Vigo empezó su lucha contra las autoridades que impulsaban las esterilizaciones y, tras años de disputa legal, en 2003 cobró una compensación de 2.500 dólares.

Fue la única que recibió una compensación y ella está convencida de que lo consiguió porque, a diferencia de la mayoría de las personas esterilizadas en contra de su voluntad, ella es de clase media, tiene estudios y habla español.

Otro de los miles de casos es el de Mamérita Mestanza Chávez. El de ella es conocido porque fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Chávez tenía 33 años y había dado a luz a su séptimo hijo cuando comenzó a ser acosada por las enfermeras del centro de salud al que asistía para los controles de su bebé.

Le decían que si no accedía a la ligadura de trompas le pondrían multas o la encarcelarían. Así fue como la operaron sin haberle realizado estudios previos ni brindarle atención postoperatoria y murió a los ocho días de la cirugía. Dejó siete hijos huérfanos.

Fujimori había defendido su política de natalidad con el argumento de que sería un plan progresivo que ofrecía una amplia gama de métodos anticonceptivos, incluida la esterilización quirúrgica, que hasta ese momento era ilegal en Perú.

"Pero la verdad es que, en lugar de promover una variedad de métodos anticonceptivos, había objetivos, cuotas y un número de esterilizaciones que el personal de salud tenía que lograr", explicó en una entrevista con la BBC Rosemarie Lerner, directora del proyecto Quipu, que recoge y comparte testimonios de víctimas de ese programa fujimorista.