Causa Hotesur: fiscal pide avanzar con el juicio a Cristina Kirchner y sus hijos

Política

Diego Velasco pidió que se rechace el pedido de sobreseimiento que hizo la Vicepresidenta.

El fiscal federal Diego Velasco pidió que se rechace el pedido de sobreseimiento que hizo la defensa de la vicepresidenta Cristina Kichner, y de sus hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner en la causa conocida como Los Sauces y Hotesur y que se realice el juicio oral y público. En tanto una presentación de la UIF recuerda que para que exista lavado de activos debe haber un ilícito previo y pide resolver los planteos antes de avanzar a debate.

El caso entró en una etapa clave, y el Tribunal Oral Federal 5 deberá resolver si dicta los sobreseimientos solicitados por las defensas. Por su parte, la Unidad de Información Financiera (UIF) realizó una presentación para que se resuelva ese planteo antes de avanzar hacia un juicio.

Pero para el fiscal Diego Velasco la prueba se debe analizar en el debate oral por lo que pidió fecha de inicio para juzgar a los acusados en la causa en la que se investiga "supuesto lavado de dinero" a través de alquileres de propiedades y plazas hoteleras; y se pronunció por rechazar los pedidos de sobreseimiento al explicar que hay prueba pendiente que se está realizando, como los peritajes que están en el cuerpo de especialistas de la Corte Suprema de Justicia y un pedido de informes a la municipalidad de Río Gallegos.

También advirtió que los planteos de sobreseimiento violan el derecho de la fiscalía a analizar todo en un proceso oral sobre un supuesto hecho de corrupción.

En la causa se investigan supuestas maniobras de "lavado de dinero" y "asociación ilícita" de parte de las sociedades Hotesur y Los Sauces de la familia Kirchner en el alquiler de sus hoteles y propiedades a empresarios acusados.

La defensa de Cristina Kirchner sostuvo que no hubo lavado de dinero porque el dinero para pagar los alquileres estaba bancarizado.

La UIF aclaró en una presentación que para que haya lavado debe haber un ilícito previo. Eso es lo que la defensa puso en discusión al plantear que un peritaje ya demostró que todas las operaciones se hicieron en forma bancarizada y que el supuesto delito "precedente", que según la acusación sería la construcción de rutas en Santa Cruz ya fue sobreseído.

La vicepresidenta y sus hijos hicieron el planteo de sobreseimiento después que se conoció el resultado de un peritaje que confirmaba que los alquileres se hicieron en blanco, a través de movimientos bancarios comprobables, a precios de mercado.

Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy advirtieron que no existe ese ilícito precedente, que en el requerimiento de elevación a juicio se identifica con la construcción de obra pública. La hipótesis por la que se pretende juzgar a los acusados es que los Kirchner cobraban retornos de la obra pública bajo la fachada de alquileres a Lázaro Báez, a Cristóbal López y a Fabián de Sousa, entre otros empresarios.

La presentación de la UIF pidió algo que es clave, que se defina si hay delito precedente, y que se tenga en cuenta, que según la defensa de la vicepresidenta, podría haber un doble juzgamiento, lo que no está permitido.

“Toda maniobra de lavado de activos reconoce como paso previo un delito precedente sin el cual no resulta posible comprender acabadamente los hechos aquí investigados, ya que aquél constituye un elemento ineludible a la hora de analizar un delito complejo como lo es el lavado de dinero. Por ello, para comprender la maniobra es necesario efectuar un análisis del ilícito precedente que originó los fondos que luego fueron ingresados a la maquinaria de lavado para disimular su origen y permitir su disponibilidad”, dice la presentación de la UIF.

Los jueces que tienen a cargo una definición son Adrián Grünberg, Daniel Obligado y Adriana Palliotti.

En tanto, el Consejo de la Magistratura ratificó al juez Obligado al rechazar un pedido de juicio político solicitado por la abogada Silvina Martínez que sostenía que el magistrado beneficiaba a la ex presidente con la demora a la convocatoria a juicio oral.

El Plenario del Consejo desestimó el pedido, por lo que el juez fue ratificado.

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