Tras el alegato, la defensa Cristina Kirchner señaló que la acusación está "fulminada"

Política

Este lunes comenzó el alegato de la defensa de la Vicepresidenta, a cargo de Carlos Beraldi, quien acusó a los fiscales Molas y Luciani de "mala praxis".

La defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionó con dureza a la Fiscalía de la causa Vialidad, y afirmó que incurrieron en "mala praxis" para sostener una "fantasía" y aseveró que la acusación quedó "fulminada" ante las pruebas obtenidas en casi tres años de juicio oral.

"Cristina jamás dio una instrucción directa o indirecta a sus funcionarios subalternos para que influyeran en el dictado de resoluciones sobre la obra pública vial en Santa Cruz", sostuvo su abogado Carlos Beraldi en el comienzo del alegato final ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2.

En la primera de las tres jornadas de la exposición que inició este lunes, el defensor sostuvo también que la ex Presidenta soportó "arbitrariedades insólitas" por parte de la Justicia.

"Las irregularidades no sólo tuvieron como destinataria a la doctora Cristina Fernández de Kirchner o a esta defensa, sino que, incluso, superando todos los límites, se dirigieron hacia su familia", advirtió.

Beraldi aludió "específicamente hacia su hija que, como todos sabemos, nunca desarrolló ninguna actividad política, pero eso no fue ningún óbice para que se la estigmatizara, se la atacara y se quebrantara su salud".

Ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, la defensa sostuvo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola incurrieron en "mala praxis" con hechos "escandalosos" y construcción de una "fantasía".

Luego la Vicepresidenta dijo en Twitter: "Vieron lo que les dije ayer, no? Que Beraldi iba a desnudar el guión de Luciani y Mola. Me corrijo, fue mucho más allá: probó en forma documentada -como debe hacerse en cualquier juicio- que Luciani y Mola mintieron descaradamente. Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis".

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1571927911518834688

Los abogados analizaron los mecanismos para la adjudicación de partidas presupuestarias para obra pública, el rol del Congreso Nacional, la ley de Presupuesto y, en base a la prueba que dijeron se produjo en el juicio, calificaron de "escandalosas" las acusaciones fiscales.

El debate seguirá el martes desde las 9 y para la segunda jornada del alegato Beraldi anticipó que se abocará a otro "hecho escandaloso que la Fiscalía construyó con mentiras y calumnias", en referencia al bautizado operativo "limpiar todo", que, según los fiscales, se habría puesto en marcha cuando el expresidente Mauricio Macri ganó las elecciones.

"Si todo lo que vieron hasta aquí era un escándalo, en el plan 'limpiar todo' verán la mentira que dijo la Fiscalía en este punto", anticipó el defensor sobre el tema que abordará en la audiencia de mañana.

Durante la primera jornada, la defensa de la Vicepresidenta sostuvo que los acusadores intentaron sostener una "fantasía" vinculada a que en el kirchnerismo se "hacía un Presupuesto para que gane Lázaro Báez" a la hora de adjudicar obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

"No bajamos los brazos en ningún momento", remarcó Beraldi, y destacó que "la verdad siempre triunfa y eso es lo que ocurrió en este juicio", porque "quedó demostrado" que la acusación "carecía de verosimilitud", y fue "falsa y sin fundamentos"

A lo largo de siete horas de alegato, entre las 8 y las 15, los defensores recordaron y exhibieron en pantalla a través de la plataforma Zoom tramos de declaraciones de testigos, entre ellos, del presidente Alberto Fernández, quien fue Jefe de Gabinete.

El objetivo fue demostrar que la asignación de partidas para la obra pública es potestad del Congreso Nacional a través del Presupuesto.

"La Fiscalía dijo algo que realmente es una fantasía, que el Congreso tenía facultades marginales", agregó Beraldi sobre la confección del Presupuesto Nacional y la asignación de obra pública en el país

El letrado advirtió que "todo esto nos conduce a que lo que se probó es la mala praxis en la que ha incurrido la Fiscalía" .

También mostró tramos de la declaración indagatoria que brindó la Vicepresidenta al inicio del debate oral, cuando remarcó que "corresponde al Congreso fijar anualmente el Presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional en base al programa general del Gobierno"

La ex Presidenta no se conectó a la audiencia que se realiza de manera remota, ya que está exceptuada por razones de agenda.

La Presidencia de la Nación "fija los lineamientos políticos generales", agregó el abogado en relación al Gobierno nacional. Al respecto, poco antes destacó que los gobiernos tienen distintas prioridades y "del 2003 al 2015 pusieron como su prioridad la inversión pública".

También recordó que se trata de una decisión de "carácter político no judiciable", y mostró el tramo de la declaración como testigo del presidente Fernández, en la que ratificó ese concepto, y de otro exjefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

"No hay ninguna norma sobre la asignación de recursos para obra pública en relación a número de habitantes", dijo Capitanich cuando pasó como testigo en relación a uno de los argumentos de la acusación vinculado con la densidad demográfica de Santa Cruz, en contraste con la cantidad de obra pública nacional que se adjudicó.

Beraldi remarcó en base a los testimonios que "no existe ninguna norma que ponga límites al poder político para distribuir partidas presupuestarias".

Al iniciar su exposición, el defensor evaluó que la acusación fiscal quedó "fulminada" por las pruebas obtenidas en casi tres años de juicio por el supuesto direccionamiento de 51 obras en Santa Cruz a favor del también acusado dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez.

La acusación es "falsa y sin fundamentos", agregó, y cuestionó la "persecución" a la Vicepresidenta.

"Es perseguida cinco veces por el mismo delito", sostuvo por las causas abiertas en su contra por supuesta asociación ilícita y remarcó que la defensa juega "un partido en cancha inclinada".

"La prueba destruye cada uno de los cargos de los fiscales, añadió. "No bajamos los brazos en ningún momento", reiteró Beraldi, y destacó que "la verdad siempre triunfa y eso es lo que ocurrió en este juicio", porque "quedó demostrado" que la acusación "carecía de verosimilitud".

El abogado destacó además que "desde el inicio de este proceso y al igual como ocurrió con el resto de las causas que se fueron formando, la decisión de la doctora Cristina Fernández de Kirchner y nuestro consejo profesional siempre fue que debíamos presentarnos en todos los expedientes".

El objetivo era, agregó, "demostrar con todos los instrumentos legales que existen que los cargos eran falsos y aguardar el momento en que la prueba que se recogiera en un juicio iba a demostrar exactamente lo que nosotros tenemos afirmado".

"En esa tarea que fue muy ardua, que empezó hace seis años, no bajamos los brazos en ningún momento", aun "cuando tuvimos que soportar, no consentir, soportar, distintas arbitrariedades insólitas que no tienen antecedentes en nuestro país ni creo que en el mundo", subrayó Beraldi.

Ejemplificó que la Vicepresidenta fue citada "en un mismo día a prestar ocho declaraciones indagatorias", al recordar una decisión del fallecido juez federal Claudio Bonadio.

Tras casi tres años de debate oral, dijo, "quedó demostrado" que las acusaciones "carecían de verosimilitud", pese a lo cual en nueve jornadas de alegato la Fiscalía "repitió las mismas acusaciones" y actuó "como si el juicio no hubiese existido"

"Escuchamos cosas insólitas que después se repiten en los medios de comunicación, como que la prueba que la Fiscalía tiene es contundente y va en relación al peso a la cual se le adjudica un tonelaje de tres toneladas", aseveró.

El letrado dijo que su carrera profesional comenzó mucho antes de asumir la defensa de la Vicepresidenta: "Nunca en mi vida he escuchado semejantes disparates, de los cuales es difícil volver".

Beraldi y su colega Ary Llernovoy desarrollaron una defensa técnica basada en el repaso desde 2008 de las denuncias presentadas contra Cristina Kirchner y, además, remarcaron que los hechos que se ventilan en este juicio fueron juzgados en Santa Cruz por corresponder a esa jurisdicción. En esa provincia hubo dos causas: una se cerró con sobreseimientos y la otra por inexistencia de delito, recordaron.

En este juicio se debaten presuntos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz de 2003 a 2015, como adjudicaciones supuestamente direccionadas en un 80% a empresas de Báez, posibles sobreprecios y falta de controles.

La expresidenta enfrenta un pedido de 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, como supuesta "jefa de asociación ilícita" y "administración fraudulenta".

Tras el alegato de la Vicepresidenta, quien hablará el viernes ante los jueces en su carácter de abogada, restará escuchar a las defensas de otros siete procesados, entre ellos Báez. Después e abrirá la etapa de réplicas y dúplicas de las partes, para luego dar inicio a las últimas palabras, tras lo cual habrá veredicto.

El alegato de defensa del juicio contra Cristina Kichner

TOCF N°2 - Causa Fernández de Kirchner

Sobre cómo retrocedió la Corte

En relación a la Corte Suprema, el defensor de la Vicepresidenta dijo ante los jueces del Tribunal Oral Federal 2 que el máximo tribunal del país "retrocedió" a la hora de tomar decisiones en la causa por el "escándalo mediático y un grupo de vecinos de la ciudad de Buenos Aires que tocaron cacerolas".

Beraldi recordó que días antes del inicio del juicio en 2019, la Corte Suprema pidió al Tribunal los expedientes para resolver recursos de la defensa vinculados a la cosa juzgada, rechazó de pruebas pedidas, entre otras cuestiones.

En 2019, días antes del inicio del juicio, "alguien los vio y dijeron 'son serias estas cosas que piden los abogados" y pidió los expedientes, recordó Beraldi.

Y amplió: "Al día siguiente, se hizo un escándalo mediático, vecinos de la ciudad de Buenos Aires tocaron cacerolas y la Corte, que había pedido los expedientes, retrocedió".

"Fíjense el nivel de imparcialidad de la Justicia argentina y la integridad de nuestros tribunales", ironizó finalmente el abogado.

En sus señalamientos al máximo tribunal, Beraldi mencionó que la Corte dejó los recursos "guardados" tres años y este año, cuando el juicio oral y público entró en etapa final, "rechazó todo con argumentos que ponen en evidencia, con todo respeto, la ausencia de penalistas en la Corte", puntualizó.

Poco antes había citado un libro del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en el que se alude a que "no es posible hablar de judicialización de la política ni politizar la justicia".

Beraldi recordó que la defensa denunció “irregularidades” en los sorteos de las causas y que “durante el proceso, todo lo que presentamos, medidas de prueba y excepciones de incompetencias, se nos rechazó”. Además, “hubo peritos recusados por falta de objetividad” y “doble juzgamiento” por supuesta asociación ilícita contra CFK, a contramano de lo establecido por la Justicia.

“No creo que en el libro Guinness haya una persona acusada cinco veces por el mismo delito”, indicó y cuestionó que “los técnicos que podrían explicar cada una de las cosas (ocurridas y que habían determinado la inexistencia de irregularidades) no están en este juicio”.

Así y todo, “la defensa nunca consintió ninguna irregularidad y agotó todos los tramos procesales” y recurrió a la Corte Suprema en 2019. Ante las advertencias de irregularidades, el máximo tribunal pidió el expediente pero al día siguiente “hubo un gran escándalo mediático, un grupo de vecinos fue a tocar las cacerolas, y entonces la Corte retrocedió: pidió el expediente, sonaron las cacerolas y retrocedieron”. De esa forma los supremos no avanzaron sobre los recursos de la defensa y dejaron que el juicio siguiera con las mismas acusaciones que habían sido desestimadas en 2008.

La intromisión del poder político

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Según señaló el abogado de la vicepresidenta, como no tenía ninguna imputación, los investigadores fueron a “ver cuáles eran los empresarios de la obra pública” realizada, y ahí apareció Iecsa, la empresa del Mauricio Macri. “Esto preocupó a la gente de Iguacel porque habían ido a investigar a Cristina Kirchner y la investigación tomó un rumbo indeseable” para ellos. “Habían ido por lana y volvieron esquilmados”, definió Beraldi.

Recordó que el juez Ercolini puso a cargo a los fiscales Policita y Maiques, y demostró que ambos “forzaron una declaración indagatoria” de CFK a pesar de que al juez le pareció algo “tan grosero que dijo que eso no era suficiente”.

Aún así, los fiscales presentaron una denuncia en la que “se volvía a decir lo que se había dicho en 2008 (y fue desestimado): la asociación ilícita, el amigo empresario, la concentración de la obra pública y las irregularidades” en momentos que la esposa del juez trabajaba como vocera del entonces ministro (de Justicia Germán) Garavano”. “Denunciamos que había una indebida intromisión del poder político”.

Las "toneladas de pruebas"

Carlos Beraldi y Cristina Kirchner

A la hora de hablar de la causa, recordó que uno de los fiscales que estuvo en la investigación junto a Gerardo Pollicita, Ignacio Mahiques, "tenía vinculación directa" con "personas que habían cumplido funciones relevantes" durante la gestión de Cambiemos, como su hermano Juan Bautista Mahiques, por entonces representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.

También recordó que el padre de Ignacio Mahiques, Alberto Mahiques, es juez de la Cámara Federal de Casación. "Nuestros temores se concretaban en hechos reales", concluyó.

Beraldi recordó que hubo “nado sincronizado” entre las acciones de las distintas instancias y el juicio continuó hasta que apareció el alegato del fiscal Luciani, quien “obstruyó la verdad, se opuso a las pruebas (de la defensa) y construyó sin mucha inventiva la misma acusación que se había hecho en 2008”.

Luego el letrado cuestionó las “tres toneladas de pruebas” de las que habló Diego Luciani. “No se puede hablar de ‘prueba contundente’ porque la prueba haya sido pesada. Ninguno de los jueces y colegas sabe que la prueba es contundente por el peso en gramos que pueda tener”, dijo.

Denunció otro hecho “lamentable”: “Existieron actividades privadas de fiscales y jueces”, como los partidos de fútbol de los que Luciani y el juez Rodrigo Gimenez Uriburu jugaron en la quinta Los Abrojos, de Mauricio Macri.

“Este es el panorama que nos encontramos y que vamos a desentrañar” para dejar en evidencia “cómo se construyó la acusación”, anticipó. “Llegó el momento de la verdad y que las cosas sean colocadas donde corresponden” porque “jugamos un partido en cancha inclinada”.

Los alegatos de las defensas que faltan en el juicio por la causa Vialidad

- Cristina Fernández de Kirchner, ex mandataria y actual vicepresidenta: 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua como supuesta jefa de la asociación ilícita en concurso real con el delito de administración fraudulenta agravada.

-Lázaro Báez, empresario: 12 años de cárcel por ser organizador de la asociación ilícita y también por el concurso con el delito de administración fraudulenta, en calidad de partícipe.

-Carlos Kirchner, ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal: absolución por el delito de asociación ilícita y pedido de condena a dos años de prisión en suspenso por supuesto abuso de autoridad.

-José López, ex secretario de Obras Públicas: 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como organizador de la asociación ilícita, en concurso real con la administración fraudulenta.

-Raúl Pavesi, ex presidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 5 años.

-Nelson Periotti, extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV): 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como organizador de la asociación ilícita en concurso con la administración fraudulenta.

- José Santibañez, ex presidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 4 años de prisión.

- Juan Carlos Villafañe, ex presidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 6 años de prisión por administración fraudulenta.

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