Fuerte cruce entre oficialistas y opositores por la aplicación de la ley antiterrorista
La decisión de la presidenta Cristina Kirchner de denunciar a la empresa Donnelley en el marco de la ley antiterrorista generó una fuerte discusión con la oposición.
En la misma línea el secretario de Seguridad, Sergio Berni, advirtió que "si hay una ley es para usarla, así que será la justicia quien determinará los alcances y encuadramiento de cada una de las leyes que le puede alcanzar a esta empresa". "Todo indica que ha sido una quiebra fraudulenta y en ese sentido trabajará la justicia" siguió Berni.
En la misma línea desde el Frente Renovador que lidera Sergio Massa cuestionaron la decisión de Cristina. "Indudablemente con la actitud de la Presidente se corrobora que lo que pretendían cuando votaron la ley era una herramienta de amedrentamiento a la sociedad" disparó la diputada Graciela Camaño. Mientras que su compañero de bancada, Adrián Pérez, consideró que esa norma "se ha convertido en un cheque en blanco para vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos, que en algunos casos como este se utiliza como respuesta absolutamente desproporcionada e irracional para un tema que debe ser resuelto por los carriles correspondientes en la justicia civil y comercial y eventualmente en las instancias administrativas del ministerio de Trabajo".
Por su parte, el diputado de la UCR y pre candidato presidencial del Frente UNEN, Julio Cobos, consideró que "todo lo que haga el gobierno uno lo pone en duda. Lo que hace es avanzar, avasallar. Todo esto genera incertidumbre a nivel empresarial. Lo único que hace el gobierno es desalentar las inversiones en un clima complicado, con cierre de fábricas y caída de la industria automotriz. Estas medidas no contribuyen en nada a mejorar la situación económica".
Para Francisco De Narváez "el gobierno nacional eligió el peor camino, que es meter miedo a quienes opinen distinto o actúen en forma diferente de lo que ellos quieren. No es así como se resuelven los problemas que tenemos".
En tanto, para la dirigente del MST-Nueva Izquierda, Vilma Ripoll, "si la presidenta quiere sancionar a Donnelley que la expropie, estatice y garantice los puestos de trabajo. La imprenta podría producir los manuales y cuadernos para todas las escuelas del país".
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