Fuerte cruce entre oficialistas y opositores por la aplicación de la ley antiterrorista

Política

La decisión de la presidenta Cristina Kirchner de denunciar a la empresa Donnelley en el marco de la ley antiterrorista generó una fuerte discusión con la oposición.

Oficialistas y opositores volvieron a cruzarse este viernes luego de que la presidenta Cristina Kirchner anunciara la posibilidad de aplicar la Ley Antiterrorista "por alteración al orden económico y financiero" contra la empresa Donnelley, a la que acusó de realizar "una maniobra sospechosa de fraude" al pedir de su quiebra.

"Se trata de una maniobra por lo menos sospechosa en materia de fraude" aseguró este viernes el jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Jorge Capitanich, en su habitual contacto con los periodistas acreditados en Casa Rosada. En ese marco, recordó que "las leyes pretenden penalizar las conductas perversas que afectan la vida en comunidad y este sería el caso. El Poder Ejecutivo, a través del organismo competente, lo que hace es propiciar la denuncia penal, la aplicación de las leyes corresponde al Poder Judicial" explicó el ministro coordinador y siguió: "Si entra una declaración de quiebra el viernes al juzgado y sale el lunes, si los directivos cambiaron al directorio y se fueron antes, si el balance de las empresas determinaba una posición patrimonial positiva, si existen 400 trabajadores y todo un equipamiento e infraestructura edilicia, lo que se está promoviendo es una conducta por lo menos alevosa, sospechada de fraudulenta".

En la misma línea el secretario de Seguridad, Sergio Berni, advirtió que "si hay una ley es para usarla, así que será la justicia quien determinará los alcances y encuadramiento de cada una de las leyes que le puede alcanzar a esta empresa". "Todo indica que ha sido una quiebra fraudulenta y en ese sentido trabajará la justicia" siguió Berni.

La oposición, por el contrario, salió con los tapones de punta contra la decisión de la mandataria. "Las amenazas del gobierno no hacen más que empantanar la economía" advirtió el titular de la UCR y pre candidato presidencial del Frente UNEN, Ernesto Sanz. "Ayer la presidenta hizo una clara demostración de su poder, agarró el micrófono y de un plumazo puso en riesgo el trabajo de centenares de argentinos" aseguró Sanz y advirtió que "sembrando pánico no crea empleo, lo destruye porque el miedo no atrae inversiones. Cuando en vez de colaborar e incentivar para crear riqueza el Estado persigue y amenaza, consigue todo lo contrario: congelar la economía".

En la misma línea desde el Frente Renovador que lidera Sergio Massa cuestionaron la decisión de Cristina. "Indudablemente con la actitud de la Presidente se corrobora que lo que pretendían cuando votaron la ley era una herramienta de amedrentamiento a la sociedad" disparó la diputada Graciela Camaño. Mientras que su compañero de bancada, Adrián Pérez, consideró que esa norma "se ha convertido en un cheque en blanco para vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos, que en algunos casos como este se utiliza como respuesta absolutamente desproporcionada e irracional para un tema que debe ser resuelto por los carriles correspondientes en la justicia civil y comercial y eventualmente en las instancias administrativas del ministerio de Trabajo".

Por su parte, el diputado de la UCR y pre candidato presidencial del Frente UNEN, Julio Cobos, consideró que "todo lo que haga el gobierno uno lo pone en duda. Lo que hace es avanzar, avasallar. Todo esto genera incertidumbre a nivel empresarial. Lo único que hace el gobierno es desalentar las inversiones en un clima complicado, con cierre de fábricas y caída de la industria automotriz. Estas medidas no contribuyen en nada a mejorar la situación económica".

Para Francisco De Narváez "el gobierno nacional eligió el peor camino, que es meter miedo a quienes opinen distinto o actúen en forma diferente de lo que ellos quieren. No es así como se resuelven los problemas que tenemos".

En tanto, para la dirigente del MST-Nueva Izquierda, Vilma Ripoll, "si la presidenta quiere sancionar a Donnelley que la expropie, estatice y garantice los puestos de trabajo. La imprenta podría producir los manuales y cuadernos para todas las escuelas del país".

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