Memorándum con Irán: ratificaron al fiscal que avaló la audiencia pública pedida por Cristina Kirchner

Política

En el fallo se defiende la oralidad y publicidad de una audiencia solicitada por la vicepresidenta en el caso originado en una denuncia del fiscal Nisman.

El Tribunal Oral Federal 8 rechazó apartar al fiscal Marcelo Colombo, quien había defendido la realización de la audiencia pública solicitada por Cristina Kirchner en la causa en la que debe definirse un pedido de nulidad del caso del Memorándum con Irán.

En la resolución, el tribunal avaló al fiscal y cuestionó a las querellas por la “llamativa ferviente oposición” a transparentar el caso con la celebración de una audiencia “que involucra cuestiones sensibles”.

Para el tribunal la celebración de la audiencia amplía las posibilidades de “todas las partes involucradas de mejorar sus argumentos, oralizarlos y someterlos a las lógicas consecuencias que implica su publicidad”.

Los querellantes, por un lado la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), con el patrocinio letrado de Gabriel Camiser y por otro Luis Czyzewski y Mario Averbuch, representados por Tomás Farini Duggan y Juan José Avila, pidieron avanzar directo al juicio oral y pretendían apartar al fiscal Colombo, lo que fue rechazado.

Sostenían que el fiscal faltaba a su objetividad cuando avaló una audiencia pública solicitada por la defensa de Cristina Kirchner para debatir sobre el pedido de nulidad del juicio tras conocerse las visitas de jueces de Casación a la Casa de Gobierno y a Olivos cuando Mauricio Macri era presidente.

Esos magistrados, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos fueron determinantes para la reapertura del caso del Memorando, que había sido desestimado en todas las instancias.

El planteo querellante fue rechazado por el tribunal integrado por los jueces Daniel Obligado, María Gabriela López Iñiguez y José Michilini por “groseramente improcedente”.

Para el tribunal oral “la mera adhesión del fiscal a la celebración de la audiencia en modo alguno puede leerse como una suerte de prejuzgamiento en favor de los planteos incoados por las defensas”.

El fallo remarcó que las querellas catalogaron la audiencia ordenada por el Tribunal como “inventada” y la tildaron como el “Segundo intento para frustrar el juicio” (textual).

Es más, añadieron que se pretendía replicar lo sucedido en la causa conocida como “Dólar Futuro”, ello con la finalidad de evitar la realización del debate oral y público.

“Pues bien, las aseveraciones que, en ese sentido, deslizaron las querellas recusantes son genéricas, es decir, infundadas, y constituyen el mero fruto de especulaciones y/o conjeturas que no se corresponden con las constancias de la causa”, señala uno de los párrafos del fallo.

Al confirmar al fiscal, el tribunal sostuvo que “resulta llamativa la ligereza evidenciada en el acto de impetrar ante el Tribunal el apartamiento de un funcionario de la ley, hecho de una extrema gravedad y que ha de ser abordado con suma seriedad, cuando tan sólo la simple lectura de las constancias de la causa demuestra que el Dr. Colombo no tuvo intervención alguna en dicho acto, pues se hallaba ausente. Esta circunstancia torna el pedido inadmisible por groseramente improcedente, a la vez que justifica de por sí, la imposición de las costas”.

Las costas son los gastos por la interposición del recurso contra el fiscal que según el tribunal deben ser afrontados por los querellantes.

El fiscal Colombo en una audiencia celebrada días atrás, defendió su actuación, y rechazó la causal de falta de objetividad. Respecto de Ronald Noble, el ex director de Interpol, ratificó la propuesta de la declaración del exfuncionario como testigo.

Explicó el fiscal que si Noble fuera considerado imputado, el caso nunca debería haber transitado por la justicia federal sino por competencia originaria de la Corte.

Colombo solicitó doce medidas de prueba antes de emitir opinión sobre los planteos de la defensa de la vicepresidenta, que reclama la nulidad de la causa y no realizar el juicio oral.

El fiscal reiteró la “gravedad institucional del hecho”, por eso la necesidad de la audiencia oral y pública solicitada por Cristina Kirchner y dispuesta por el tribunal.

La causa Memorándum se inició por la denuncia del fiscal Nisman y, pese a que fue cerrada en diversas instancias, la Cámara de Casación la reabrió en un fallo firmado por los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.

El eje del planteo de nulidad formulado por la vicepresidenta está dado por la intervención de los jueces de Casación Penal, Hornos y Borinsky quienes solían visitar al entonces presidente Macri.

Ambos jueces reabrieron el caso cuando en todas las instancias se había dicho que no existía delito, y además aceptaron a la DAIA como querellante para acusar a la expresidenta y al fallecido canciller Héctor Timerman, entre otros.

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