La historia de Amado Boudou con la Justicia

El juez federal Claudio Bonadío procesó este viernes a Amado Boudou en la causa en la que imputan irregularidades en el trámite de la compra de un viejo auto Honda con papeles falsos que hizo hace más de 20 años. En tanto, el vicepresidente ya estaba procesado en la causa que investiga el salvataje y la compra de la ex Ciccone Calcográfica.

La historia del auto

El Honda lo adquirió en una concesionaria marplatense donde lo había vendido su dueño original Cayetano Campione, ya fallecido; pero nunca regularizó los papeles de venta.
Se trata de una causa iniciada en 2009, en la que en 2011 el mismo Bonadío lo citó a Boudou a indagatoria, pero la misma quedó sin efecto. En forma paralela, el juez tramitaba otra causa conexa en la que dispuso el sobreseimiento de Boudou, tras el pedido de desestimación por inexistencia de delito realizado por el fiscal.
En el caso se había denunciado al vicepresidente de la Nación por haber falseado supuestamente la fecha de adquisición del auto, concretamente porque habría falsificado en su declaración jurada como ministro de Economía del año 2010 la fecha de adquisición del Honda Civic CRX modelo 1992, ya que en esa fecha el auto (que es importado) no había ingresado a la Argentina.
La causa se inició por una denuncia que hizo la titular del Registro de Automotores número 2 de la Capital, María Gabriela Taboada de Piñero, ante la supuesta adulteración en el número de motor y del formulario 08 y las firmas.
Con pedido de nacionalización cursado el 11 de agosto de 1992 por la importadora Axa Corporation, recién se completaron los trámites de nacionalización en octubre de ese año. Un mes después lo compró su primer dueño, Cayetano Campione, que a los 10 meses se lo vendió a la concesionaria Atlántica Automotores, de Mar del Plata, que a su vez se lo vendió a Boudou.
El auto llegó a Boudou con documentos adulterados. Eso es lo que investiga el juez Bonadio, quien ya procesó a los gestores y a la titular del Registro de la Propiedad Automotor que completaron aquella operación, mientras que continuaba pendiente hasta hoy la definición sobre la situación de Boudou.

La causa Ciccone

En febrero de 2012, Boudou fue denunciado ante la Justicia federal por su supuesta participación en el proceso de salvataje de la ex Ciccone Calcográfica, la cual afrontaba un proceso de quiebra. La causa quedó en poder del juez federal Daniel Rafecas, con intervención del fiscal Carlos Rívolo.
Laura Muñoz, la ex esposa del monotributista Alejandro Vandenbroele, quien mencionó en los medios la supuesta relación de su ex marido con Boudou.
En la Semana Santa de 2012, Boudou denunció desde el Senado irregularidades en la investigación que derivaron en la renuncia del procurador general de la Nación, Esteban Righi.
El 3 de abril de 2012 el fiscal Rívolo dispuso un allanamiento en el departamento ubicado en Juana Manso al 700, en Puerto Madero, del cual Boudou era su titular, y alquiló al abogado Fabián Carosso Donatiello. En ese departamento vivió Vandenbroele: en el operativo se encontraron recibos a su nombre de pago de expensas y el servicio de cable, y éste justificó que supuestamente lo subalquiló a su amigo Carosso Donatiello.
El 26 de abril de 2012 fue apartado de la investigación el juez Rafecas por decisión de la Cámara Federal y a partir de un pedido hecho por los abogados de Boudou. El motivo fue un intercambio de mensajes de whatssapp que mantuvo Rafecas con el abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe, amigo del magistrado y abogado de José María Nuñez Carmona hasta 2008.
Desde ese momento la defensa de Boudou planteó nulidades, excepción de falta de acción y otros recursos con el objetivo de desvincular al vicepresidente de la investigación, hasta ahora sin éxito.
El 6 de febrero de 2014, el fiscal Jorge Di Lello pidió la indagatoria de Boudou, en un dictamen en el que le imputó el delito de "negociaciones incompatibles" con la función pública.
El 16 de mayo de 2014 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido de sobreseimiento del vicepresidente, quien justificó en que no había delito en su accionar al haber intervenido ante un pedido de la AFIP de si se debía otorgar o no una moratoria a Ciccone ante el proceso de quiebra.
El juez Lijo completó una larga lista de declaraciones testimoniales e hizo lugar al pedido de Di Lello y convocó al vicepresidente a declarar como imputado.