Represor Cavallo acepta ser extraditado al país

Según el acta de comparecencia, Cavallo afirmó ante el juez de instrucción Fernando Andreu que ''sí consiente en ser entregado a las autoridades argentinas en virtud de la solicitud de extradición solicitada''. Añadió, sin embargo, ''que es inocente o no está de acuerdo con los hechos que se le imputan por dichas autoridades' y que 'su consentimiento se presta en el marco y dentro de la norma o convenio existente entre España y Argentina''.

Por otra parte, su abogado, Fernando Pamos de la Hoz, presentó un escrito en la embajada mexicana en Madrid para informar que Cavallo aceptaba su extradición, por lo que ''no debe, ni puede, existir ningún impedimento en otorgar, caso que fuera necesario'' la entrega a Argentina. La autorización del país norteamericano es necesaria porque Cavallo fue extraditado por México a España en junio de 2003.

La Audiencia Nacional declinó su jurisdicción a favor del país en que se cometieron los crímenes imputados a Cavallo al ser abolidas las leyes exculpatorias de Punto Final y Obediencia Debida que aseguraban la impunidad de los delitos, y posteriormente el Consejo de Ministros resolvió continuar los trámites de extradición.

El 31 de enero, Cavallo compareció voluntariamente ante el juez Andreu, después de haber sido excarcelado la noche anterior por otro juzgado. El juez decretó su reingreso en prisión.

Según las acusaciones, el ex oficial naval formaba parte de un ''grupo de tareas'' en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el centro clandestino de detención y torturas más grande de los que funcionaron durante la dictadura militar.

Tras la caída de la dictadura, Cavallo buscó refugio en México, de donde fue extraditado en junio de 2003 por pedido del juez Baltasar Garzón para responder por delitos de genocidio y torturas. Por pedido del propio Cavallo, la audiencia remitió la causa al fuero penal argentino tras el pedido formal de extradición.

Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional apeló la decisión ante el Tribunal Supremo. El juez argentino Sergio Torres acusa a Cavallo de ''imposición de tormentos cometido en forma reiterada y privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público, con abuso de sus funciones y por haberse cometido con violencia y amenazas'', entre otros delitos.