*Se trata del ex policía Juan Carlos Fotea, investigado por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura, entre ellos el secuestro y asesinato del periodista Rodolfo Walsh. *El juez español Baltasar Garzón se negó a investigarlo en su país porque existe una causa similar abierta en la Argentina.
El gobierno español aprobó la extradición a la Argentina del ex policía y represor Juan Carlos Fotea, reclamado por su presunta participación en el secuestro y asesinato del periodista Rodolfo Walsh.
La decisión, adoptada por el Consejo de Ministros español, se produce después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón renunciara a investigar a Fotea por la desaparición de María Alicia Milia de Pirles en el marco de una causa por "crímenes de lesa humanidad".
La Audiencia Nacional decretó prisión incondicional para Fotea el 24 de noviembre de 2005, después de que fuera detenido en España a raíz de una orden de captura internacional de Interpol dictada por el juez federal argentino Sergio Torres, quien investiga a 18 represores por el secuestro y asesinato de Rodolfo Walsh, el 25 de marzo de 1977.
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Sin embargo, Baltasar Garzón había procesado a Fotea por genocidio, terrorismo y torturas el 7 de julio de 1998 por su participación en el secuestro de la argentina María Alicia Milia de Pirles, ocurrido el 28 de mayo de 1977.
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Asimismo, en noviembre de 2006, Garzón decidió mantener a Fotea en prisión, no por el pedido de extradición, sino imputado por el crimen de María Alicia Milia de Pirles.
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También por su participación en el operativo de la Iglesia de Santa Cruz, en el barrio de San Cristóbal, en el que desaparecieron las monjas francesas Léonie Duquet y Angela Aguad, y las madres Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco, y Azucena Villaflor.
El pasado 10 de enero, Garzón se "inhibió" de juzgar a Fotea, atendiendo el planteamiento de su defensa, y los datos obtenidos en una comisión rogatoria internacional sobre la causa abierta contra el ex policía en Argentina, supuestamente con anterioridad a la investigación iniciada en España.
Ahora, el gobierno español ratifica la decisión judicial, que fue recurrida por la acusación particular que ejerce la Asociación Argentina pro Derecho Humanos-Madrid (AAPDH-M).
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