Cómo votó cada magistrado
Zaffaroni
Por Télam
- La mayoría de la Corte -integrada por Lorenzetti, Highton, Maqueda y Zaffaroni- se basó en los tratados internacionales para declarar la inscontitucionalidad de los indultos.
- Para la minoría, Riveros se benefició con una sentencia que convalidó el indulto porque fue rechazada por no cumplir con las formalidades exigidas por las leyes.
El presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni fueron quienes declararon la inconstitucionalidad de los decretos, en tanto que Carlos Fayt y Carmen Argibay voraton en disidencia y Enrique Petracchi se abstuvo.
En el fallo mayoritario los magistrados coincidieron con las conclusiones del Procurador General de la Nación Esteban Righi, quien el 4 de mayo último dictaminó en contra del decreto 1002 firmado el 6 de octubre de 1989, que también incluyó otros indultos.
La mayoría sostuvo que los delitos de "lesa humanidad" -como aquellos que se atribuyen a Riveros- son contrarios no solo a la Constitución Nacional, sino también al derecho de la comunidad internacional. Por esa razón, pesa sobre los Estados la "obligación" de esclarecerlos e identificar a sus culpables, compromiso que surge de la adhesión a tratados internacionales y no puede ser modificado ni derogado por otras normas.
En su dictamen previo, Righi había marcado que los estados tienen "vedado" el dictado de leyes o "cualquier otra disposición con la finalidad de impedir la investigación y eventual sanción de las violaciones a los derechos humanos" por lo que actuar de otra manera expondría a la Argentina a sanciones internacionales.
En disidencia votaron los ministros Carlos Fayt y Carmen Argibay, en tanto que Enrique Petracchi -quien hace 16 años había votada a favor del decreto 1002- se abstuvo.
Fayt y Argibay, en minoría, consignaron que, en 1990, Riveros se benefició con una sentencia que -al rechazar un recurso extraordinario por cuestiones formales- convalidó el indulto. En aquella sentencia Petracchi y el ministro Julio Oyanharte fueron más allá de la cuestión formal: dijeron que el decreto dictado por Menem era válido.
Fayt agregó ahora que la aplicación retroactiva del principio de imprescriptibilidad es ajena a la Constitución Nacional aunque afirmó que toda política antiterrorista debe ajustarse al marco normativo del estado de derecho.
Argibay, si bien compartió la decisión mayoritaria en cuanto a que se habían respetado las garantías constitucionales del juez natural -la defensa pretendía que Riveros fuera juzgado por un tribunal militar- y la vigencia de la acción penal, consideró, como Fayt, que con el fallo de 1990 -más allá del disgusto que éste le causa-, el caso es "cosa juzgada" y no puede ser reabierto ni modificado. Esa circunstancia impide, de acuerdo a la magistrada, la declaración de inconstitucionalidad de un decreto que para Argibay merecía esa calificación por haber dictado en beneficio de procesados y no condenados.
La inconstitucionalidad de los indultos a militares tiene uno de sus antecedentes en el fallo de la Cámara Federal por el cual determinó que los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Massera deberán volver a cumplir con las condenas que le fueron impuestas en la "Causa 13". Fue el 25 de abril último cuando el tribunal "en pleno" sostuvo que el perdón presidencial contenido en el decreto 2741 de 1990, "impidió que Videla y Massera cumplieran con las sanciones penales que les habían sido impuestas como responsables de crímenes contra la humanidad".
En esa oportunidad, los camaristas Eduardo Luraschi, Martín Irurzun, Horacio Cattani, Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler y Eduardo Farah coincidieron en sus argumentos y en remarcar las disposiciones que establecen los pactos internacionales para el tratamiento de este tipo de conductas. "Los delitos cometidos por los agentes estatales en el contexto del sistema clandestino de represión implementado por la dictadura militar que usurpó el poder en el período 1976-1983 a la luz del derecho de gentes, deben ser considerados como crímenes contra la humanidad", acotaron los camaristas.
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