El tema más importante, y tal vez el más incómodo para el Gobierno, es aquel en el que la Corte se apresta a restablecer la movilidad de las jubilaciones y fijar un índice de aumento previsional que esté a la par de los incrementos salariales.
Los jueces de la Corte considerarán que el Congreso incumplió con la orden que el tribunal le dio el año pasado cuando dispuso que se restableciera la movilidad de haberes jubilatorios.
Ahora se estaría analizando indicar directamente al Gobierno que índice se debe aplicar, lo cual podría provocar un cimbronazo en las finanzas oficiales.
La Corte se pronunció en agosto del año pasado en el caso Badaro, cuando instó al Congreso a sacar una ley relacionada con la movilidad de las jubilaciones, pero hasta el momento sólo circularon proyectos.
Otro de los temas pendientes que podría dirimir la Corte antes de las vacaciones es el que habilitará al ex comisario Luis Abelardo Patti a asumir su banca como diputado.
La Corte ya dijo en otro caso relacionado con el ex gobernador Domingo Bussi que, una vez electo el candidato, no se puede impugnar su asunción a la banca para la que fue elegido por el voto popular.
Otros dos temas que podrían tensar la relación con el Gobierno se relacionan con el Consejo de la Magistratura y la Ley de prescripción de las causas.
En el primer caso la presidente electa Cristina Fernández de Kirchner fue el motor de la ley que modificó el Consejo de la Magistratura, con la que se redujo la cantidad de miembros pero se dio preeminencia a la presencia policita.
En la Corte hay pendiente de resolución un planteo de inconstitucionalidad de esa ley que trajo muchas resistencias desde la corporación judicial y que levantó críticas sobre la injerencia de la política en el ámbito de los tribunales.
La ley de prescripción fijó hace dos años los criterios que los jueces deben respetar al momento de disponer el archivo de una investigación judicial.
Estos cambios provocaron el cierre de numerosas investigaciones que no tenían avances en los últimos años, como el caso de Marcela Iglesias, la nena que murió aplastada por una escultura en el Paseo la Infanta y sobre el cual la Corte aún debe expedirse.
Pero el alto Tribunal también podría cambiar su criterio respecto de la extracción compulsiva de sangre en los casos de apropiación de menores de la última dictadura militar.
Hace cuatro años la Corte -con su conformación anterior- respetó la voluntad de Evelyn Vázquez, una joven que no quiso someterse a los estudios de ADN para conocer su identidad biológica, pero ahora los miembros del tribunal estarían evaluando modificar ese criterio. 
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